SEÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: el Partido Nacional va a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo con relación al Inciso 16 "Poder Judicial". También vamos a respaldar algunos de los contenidos del Mensaje del organismo que, nos parece, son de rigurosa justicia, oportunidad y conveniencia. Es notorio esto no lo señalamos en función del propósito de hacer una valoración subjetiva sino, simplemente, a partir de una constatación de la realidadque ha habido y es bueno que la Cámara lo sepauna diferencia significativa entre la propuesta presupuestal del Poder Judicial y la que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento. (Murmullos) ——Nosotros la estimamos en una cifra largamente superior a los US$ 20:000.000 por año en promedio. Repito: esta es una constatación de la realidad. No quiero decir con esto que no se haya hecho un esfuerzo presupuestal, porque se lo hizo. Tampoco queremos desconocer el hecho de que en la Comisión, y tras la comparecencia de la Suprema Corte de Justicia, algunas de las propuestas contenidas en el Mensaje del Poder Judicial fueron contempladas, en particular una de ellas, que no solo para nosotros, sino para el país y para la administración de la justicia resultaba de especial importancia. Nos referimos, concretamente, a lo que el señor Diputado Gamou mencionaba sobre la creación de un nuevo Tribunal de Apelaciones en lo Penal. Esto parece necesario por no decir indispensableen función de lo que los propios Ministros de la Suprema Corte de Justicia describieron, a los efectos de ayudar a descomprimir por lo menos uno de los eslabones de la compleja circunstancia que refiere al proceso penal, a la demora en la tramitación de los juicios penales y, por lo tanto, a la circunstancia de que tengamos… (Murmullos.Campana de orden)ÑOR ABDALA. Gracias, señora Presidenta. Decía que, sin duda, esto ayudará por lo menos a solucionar uno de los aspectos que hoy conspira contra el funcionamiento ágil de la justicia penal y que nos lleva a la circunstancia que hoy todos lamentamos, de tener un elevadísimo porcentaje de procesados y confinados sin condena. Por supuesto que esto se terminará de solucionar una vez que el nuevo proceso penal se ponga en marcha; eso es algo que todos sabemos y reconocemos, y eso también fue motivo de análisis con los representantes del Poder Judicial en la Comisión. De manera que mencionamos como positivos estos aspectos que hemos referido hasta ahora. Sin perjuicio de lo mencionado, el Partido Nacional ha presentado también una serie de artículos aditivos que como dijimos al comienzoapunta a recoger algunos de los aspectos no todos, no la mayoría, ni siquiera una parte importantecontenidos en la propuesta del Poder Judicial, que nos parecen de recibo y de justicia. Uno de ellos tiene que ver con el otorgamiento de un aumento de salario a los funcionarios del Poder Judicial, reclamado por la Asociación de Funcionarios Judiciales cuando compareció ante la Comisión, que nos pareció prudente y razonable. Aunque reitero que nuestro planteamiento no recoge la totalidad de la propuesta del Poder Judicial, que incluye el pedido de la Suprema Corte de Justicia de un aumento general del 23%, presentamos un aditivo en el que se establece un incremento del 10%, aplicado sobre las retribuciones básicas y complementarias que perciben los funcionarios. Hacemos esta propuesta debido a que, sin duda, este es uno de los nichos o bolsones de inequidad salarial de la Administración pública que el Gobierno ha dicho y se ha propuesto atender y que, de hecho, ha atendido en distintos sectores del Estado en la presente propuesta presupuestal. Como dijimos en la discusión general, de acuerdo con el Mensaje del Poder Ejecutivo, el costo del articulado que estamos analizando supera los $ 22.000:000.000, y algo más de la mitad de ese monto más de $ 12.000:000.000se dedica al rubro remuneraciones. Una parte bastante menor de la cifra que acabo de mencionar está destinada a contemplar, financiar y atender las inequidades salariales. Nos parece que en ese contexto sería razonable también, por la importancia institucional del Poder Judicial y por lo que representa desde el punto de vista del Estado de derecho, que este aspecto fuera debidamente contemplado. También proponemos la creación de tres de los cargos que el Poder Judicial solicitó, pero no fueron contemplados en el Mensaje del Poder Ejecutivo ni tampoco en el texto que aprobó la Comisión. Nos estamos refiriendo a tres nuevos cargos que se vinculan con el Departamento de Toxicología, y que ya argumentamos en la Comisión. Creemos que por el importante incremento de trabajo que en este rubro ha acontecido en lo que tiene que ver con la tarea vinculada por ejemplo, con el análisis de las drogas incautadas, lo que lo define claramentey, en general, con la labor de esta repartición del Poder Judicial, la creación de un cargo de ayudante de química y dos de Subdirectores de Departamento, permitiría que se corriera la cadena administrativa y el escalafón administrativo y, por esa vía, quienes son ayudantes de química podrían ascender, dejando la vacante para proveerla con nuevos técnicos. Eso permitiría reforzar esta repartición que, a esta altura de las circunstancias, está bastante desguarnecida en la estructura del Poder Judicial, como quedó de manifiesto en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda tras la comparecencia de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hemos presentado otros aditivos vinculados con algunos aspectos reclamados por el Poder Judicial, algunos de ellos sin costo. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la digitalización del Archivo Judicial, propuesta que está en el articulado del Poder Judicial pero no fue recogida por la Comisión, pues nos parece que podría contribuir a una mejor y más eficiente administración de la justicia. Así lo planteamos en la Comisión, pero en esa instancia no hubo acuerdo o por lo pronto no se dieron las circunstancias políticas para proceder a la aprobación de esa propuesta que, tal vez, estemos aun a tiempo de considerar y aprobar en función del análisis que estamos realizando en la Cámara de Representantes. Por todo esto, señora Presidenta, vamos a acompañar con mucho gusto como dijimosla propuesta del Poder Judicial en la totalidad de los artículos que aprobó la Comisión. Además, vamos a respaldar aquellos aditivos a los que me he referido porque entendemos que enriquecen y mejoran una propuesta que no es del todo satisfactoria, pero no desconocemos que implica, sin duda, un refuerzo de recursos presupuestales que, si bien es insuficiente, representa un esfuerzo presupuestal al fin, que todos valoramos y celebramos, sin perjuicio de la distancia pronunciada y considerable que mantiene con la propuesta presupuestal del Poder Judicial. Nada más, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: con la mejor buena voluntad y sin ánimo de tomar mucho tiempo a la Cámara, queremos decir que preferiríamos ir tratando los aditivos de a uno porque los cinco son bien diferentes y en cada caso tenemos una fundamentación distinta. Es así que valoramos mucho la propuesta del Diputado Gamou, pero en función de que pretendemos justificar nuestros planteos es que preferimos comentarlos por separado.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: si bien adelantamos el tenor de esta solución que proponemos en el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 35, queremos reiterar algún concepto y, sobre todo, profundizarlo, en cuanto a cuál es el estilo de esta solución y lo que nos proponemos al sugerir este aumento del 10% para las retribuciones básicas de los funcionarios del Poder Judicial. Esto tiene que ver con lo que señalaba hace unos instantes el señor Diputado Ibarra y antes el señor Diputado Gamou, y que nosotros compartimos. Somos conscientes de que efectivamente ha estado ausente la oportunidad de que se llevara a cabo la negociación colectiva que prevé la ley que aprobó este Parlamento en la Legislatura pasada. Esa es una carencia que en su momento se denunció públicamente, que la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay también denunció ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y que nosotros interpretamos de la misma manera. Creemos que no le asiste razón a la Suprema Corte de Justicia en negarse a la alternativa inequívoca que surge de la ley de negociación colectiva en cuanto a que, en el ámbito del sector público, no se distingue entre organismos, Poderes o reparticiones del Estado. Esto tiene que ver con la reivindicación salarial de la organización sindical de los funcionarios judiciales. Precisamente, en el ámbito de la Comisión ellos reclamaron una reestructura salarial, una mejora, fundamentalmente para los salarios más sumergidos del Poder Judicial que los hay en número importante, sobre todo en los escalafones no profesionales, en los que advierten y creo que no sin razónuna suerte de disparidad e inequidad salarial importante. Con la prudencia debida y sin recoger en su totalidad como dijimos antesla propuesta del Poder Judicial que hablaba de un aumento generalizado de un 23%, el Partido Nacional reitero, con la cautela que corresponde y sin pretender ser complaciente porque esto no lo hemos hablado con el sindicato ni lo planteamos cuando concurrió a la Comisiónestá sugiriendo este incremento del 10% porque entiende que perfectamente se puede financiar con los recursos asignados al organismo, o bien con las partidas presupuestales que el Poder Ejecutivo está destinando para atender las inequidades salariales, como dijimos en nuestra intervención anterior. Por todo eso es que formulamos esta propuesta que, obviamente, vamos a acompañar convencidos de su justicia. Gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra. laÑOR ABDALA. Señora Presidenta: este artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 37 no representa pa un incremento de los costos presupuestales. Como ti su texto lo indica, se da la facultad al Poder Judicial pa de disponer de los recursos excedentarios del rubro mu "Servicios Personales" a los efectos de otorgar una al partida que represente una mejora para los funciome narios de todos los escalafones del Inciso. cu in Podríamos llegar a comprender que como el co primer aditivo formulado por el Partido Nacional requ presentaba un costo presupuestal en función de un Se aumento no previsto en la versión original, el Poder Ejecutivo, por razones vinculadas a la política económica y a las pautas salariales determinadas es r el Gobierno en el marco de la Ley de Presuesto, no estuviera en condiciones de acompañar. Sin embargo, entendemos que sería razonable obre todo a la luz del desistimiento que se ha oducido con relación al otroque se pudiera ompañar este artículo aditivo y, en ese sentido, le dimos un esfuerzo a la bancada de Gobierno. Reero que simplemente tiene que ver con dotar al der Judicial de las facultades para un mejor rovechamiento de los recursos que ya han sido ignados. Por lo tanto, queremos detenernos en la reexión con relación a esta propuesta de artículo itivo que estamos formulando porque tal vez no haya advertido cabalmente su alcance. Desde e punto de vista, quizás como dijimos en nuestra tervención inicial, estemos a tiempo de analizar n un poco más de detenimiento esta propuesta y, r esa vía, alcanzar un acuerdo y lograr una mejo, que no será completa, pero por lo menos va a presentar un paliativo a la situación de inequidad la que nos hemos referido desde que estamos alizando el Inciso 16. Ese es el sentido de esta propuesta del Partido cional y por eso es que, desde esta bancada, pemos a la Cámara los votos y las voluntades sufientes como para poder introducirlo en la ley prepuestal.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: ya adelantamos algo en cuanto al alcance de la solución que proponemos en este artículo aditivo. Queremos decir con toda claridad que esta norma recoge parcialmente el contenido del artículo 30 de la propuesta presupuestaria del Poder Judicial. En una larga nómina y serie de cargos cuya creación se propone, nosotros recogemos la posibilidad de contemplar tres de esas nuevas posiciones administrativas que se reclaman. Concretamente, el Partido Nacional sugiere y propone la creación de un cargo de Ayudante de Química y de dos Subdirectores de Departamento quienes, al tenor de la propuesta y de la solicitud del Poder Judicial, tendrían por destino reforzar desde el punto de vista de los recursos humanos al Departamento de Química y Toxicología del Poder Judicial y del Instituto Técnico Forense que, según entendemos nos convenció de ello el doctor Chediak en su deposición ante la Comisión de Presupuestos, se encuentra en una situación de sobrecarga laboral en función del incremento de la actividad vinculada fundamentalmente con la incautación de drogas y, en general, con el análisis de sustancias y con la tarea relacionada con la investigación química y toxicológica. Dicho Departamento tiene dos laboratorios: uno de química y toxicología, y otro de análisis de drogas. Como decíamos al comienzo, ambos laboratorios y todo el Departamento en su conjunto se encuentran en una situación de considerable orfandad podríamos decirlo asídesde el punto de vista de la dotación de recursos humanos. Además, exhibe una necesidad de nueva infraestructura edilicia. Entonces, reitero, hay una propuesta de reorganización de la estructura funcional y administrativa de este Departamento que desde el punto de vista del cumplimiento de la función jurisdiccional implica una condición de soporte técnico muy significativa para la labor del Poder Judicial y del Instituto Técnico Forense. Por lo tanto, sería de buena administración y de buen criterio proceder a aprobar estos cargos que, reitero, no van por el camino fácil de recoger "in totum" la propuesta contenida en el artículo 30 sino que, de su contexto, extraemos lo que entendemos más urgente. Tal vez la creación de las demás posiciones sea importante, pero no tan urgente como las que contemplamos en este artículo, que entendemos se justifican. Por ello las incluimos en el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 38 a consideración de la Cámara. Muchas gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: queremos adelantar que en el momento de la votación vamos a ausentarnos de Sala en función de que podríamos llegar a estar comprendidos en alguna de las situaciones contempladas por el literal M) del artículo 104 del Reglamento. Sin perjuicio de ello lo declaramos oportunamente en el ámbito de la Comisión de Presupuestosy antes de que eso acontezca, queremos hacer referencia a un aspecto de la propuesta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que no tiene naturaleza presupuestal, y por eso no advertimos de nuestra parte la más mínima inhibición. Nos parece un asunto de relevancia que se vincula con lo que el señor Diputado Lima señalaba con respecto a un aumento muy significativo del trabajo judicial a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que lo pone en una situación aunque pueda parecer exageradocercana al colapso. Este es un proceso que no comienza ahora, sino en 1985, con la reinstitucionalización democrática, en función de que a partir de ese momento de nuevo tuvo sentido, para quienes se sintieran agraviados por un acto de la Administración, resolución, decreto o acto reglamentario, recurrir a la justicia administrativa, en este caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a los efectos de reclamar por la nulidad de ese acto que agraviaba un interés directo, personal, legítimo, o un derecho subjetivo. En los últimos tiempos esta tendencia se ha hecho aun mucho más manifiesta. Como bien señalaba el señor Diputado Lima, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está resolviendo aproximadamente mil sentencias por año; todos los años se inician miles de juicios, miles de acciones de nulidad que se entablan contra el Estado por las más diversas circunstancias de carácter administrativo: desde una multa de tránsito hasta una licitación de enorme cuantía económica, pasando por la destitución o la sanción de un funcionario público. Todo eso es motivo de análisis por parte de un único Tribunal en este caso el de lo Contencioso Administrativo, por parte de un solo órgano jurisdiccional, integrado por cinco Magistrados, como establece la Constitución. Pero la Carta también establece en el artículo 320 que la ley, dictada por mayoría de las dos Cámaras, vaya por el camino de una judicatura por instancias en lo que se refiere a la Justicia administrativa. En ese sentido, el Tribunal ha traído al Parlamento una vez más lo hizo en esta instancia de consideración de la ley de Presupuestouna propuesta contenida en el segundo Capítulo de su iniciativa presupuestal, que creo sería bueno que no pase inadvertida a esta Cámara, independientemente de que en el día de hoy no la vamos a votar, entre otras cosas, porque la Comisión de Presupuestos resolvió, como corresponde, derivarla a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración para su análisis, pero nos parece que a esta altura de la realidad es absolutamente indispensable que el sistema político se aboque a su análisis. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo cumple una función esencial en lo que respecta a la vigencia del Estado de derecho y al resguardo de las garantías individuales de los administrados, de los ciudadanos en general, de las personas físicas, de las organizaciones colectivas, de las empresas, de las organizaciones sociales y sindicales, es decir, de todo aquel que pueda exhibir personería jurídica y, por lo tanto, sentirse agraviado por un acto ilegítimo de la Administración. Por eso, creo que ha llegado el tiempo en el cual el sistema político, reitero, y los Poderes públicos, analicen en el marco de lo que establece la Constitución de la República la posibilidad de crear órganos inferiores, a efectos de descomprimir esta situación, de darle más celeridad, más eficacia y más eficiencia a la Justicia administrativa. Y en esos términos está concebida esta propuesta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que nos parece interesante, estimulante en cuanto a la importancia de su análisis, y que básicamente consiste como los señores Diputados podrán advertir, porque figura en el repartido correspondienteen la creación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y de un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Anulatorio, a efectos de determinar, en función de la cuantía y de la magnitud del asunto de que se trate, que el asunto llegue a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o bien sea resuelto en una instancia única por alguno de los Juzgados Letrados aquí se propone crear. Queremos dejar esta constancia, porque independientemente, repito, de que este aspecto no tiene en sí mismo por lo menos por ahoraconnotaciones de carácter presupuestal y, por lo tanto, no será incluido en esta ley de Presupuesto, sin embargo me parece que es una necesidad impostergable que la democracia tiene a esta altura de las circunstancias y que la vigencia completa del Estado de derecho reclama a los efectos de apuntalar un pilar esencial del sistema judicial uruguayo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no integra el Poder Judicial, pero tiene su misma jerarquía; tiene la misma jerarquía que el Poder del Estado que nosotros integramos, el Poder Legislativo, y la misma que el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo que en esta perspectiva este planteamiento no debe pasar inadvertido, y más temprano que tarde deberemos abocarnos a su análisis y consideración, y seguramente, en función de lo que se propone o de algo similar a esto, a la resolución de este asunto tan importante para la vigencia republicana, para la consolidación de las libertades públicas y del Estado de derecho. Muchas gracias.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Sí, señora Diputada.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: muy rápidamente queremos introducir otro ángulo en la discusión que estamos manteniendo con relación al Inciso 25, que hasta ahora no ha irrumpido en el análisis, pero que nos parece de enorme importancia. Tiene que ver no solo con el monto de los recursos que aquí se asignan, sino con la forma de ejecutarlos y de gastarlos, porque aquí también aparece una nueva contradicción y un nuevo cambio de discurso y de criterio del partido de Gobierno y del Frente Amplio a la hora de la asignación de los recursos y de su ejecución. Lo que significa el inciso segundo del artículo 655, que crea el Fondo de Infraestructura Educativa Pública en un expediente que además se repite a lo largo del Presupuesto en distintas instancias, porque lo mismo se intentó hacer con la Universidad y lo mismo se intenta y se consagra con el INAUes saltearse el régimen de derecho público en materia de contratación administrativa, es decir, las normas que la Constitución establece en lo que tiene que ver, precisamente, con la forma de definir los presupuestos, asignar los recursos por Inciso y por Programa, ejecutar las partidas presupuestales correspondientes y después rendir cuentas al Parlamento. Eso es lo que aquí ocurre y nosotros queremos señalarlo. Inclusive, nos parece que está por fuera de las posibilidades legales que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo. Si bien la Ley Orgánica de la Corporación Nacional para el Desarrollo establece que esta puede ejecutar proyectos con recursos públicos, eso claramente está referido a proyectos concretos, pero no a que la Corporación sustituya a los organismos públicos correspondientes en la ejecución de todo el rubro presupuestal. Eso es hacer un abuso del instrumento. Por lo tanto, eso se sale de la filosofía que impregna nuestro sistema de ordenamiento contable, de la Hacienda y de la asignación de los recursos presupuestales. En otro tiempo el Frente Amplio habría censurado eso, lo habría condenado desde el punto de vista político y, por supuesto, no lo habría acompañado. Ahora, como es Gobierno, en esta oportunidad encuentra el atajo para intentar hacer rendir de la mejor manera los recursos que en verdad los organismos originarios en este caso la ANEPson los que están responsabilizados de hacer rendir. El Parlamento adjudica los recursos y después controla la forma y el nivel de su ejecución presupuestal. Nosotros queremos dar al CODICEN los recursos que prevé el artículo 655 y después queremos que venga y rinda cuentas de qué hizo con ellos lo mismo pretendemos con la Universidad, pero, por supuesto, para que los ejecuten bien, no para que terminen poniendo butacas a último momento, como ocurrió con el Rector Arocena, porque no sabía en qué gastar la plata y se le acababa el tiempo. Eso es parte de la responsabilidad política que hay que asumir a la hora de gobernar. En este caso creo que se comete un grave error. Si quieren flexibilizar el derecho público, lo flexibilizamos; trabajemos en eso. El Frente Amplio viene insinuando desde el período pasado que va a proponer al Parlamento una ley modificativa del régimen del TOCAF. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ya termino. Nunca llegó al Parlamento la más mínima modificación con relación a esto. Entonces, por un lado, hay un enorme conservadurismo a la hora de mantener incambiadas las estructuras, inclusive en este caso las estructuras legales vinculadas con la administración de los recursos; y, por otro, se trata de buscar la tangente eludiendo el control parlamentario directo, eludiendo el control del Tribunal de Cuentas, en forma por lo menos primaria y haciendo difusa la responsabilidad. ¿A quién le vamos a reclamar cuentas después? ¿A la ANEP, según la forma en que aplicó estos recursos, o a la Corporación Nacional para el Desarrollo? ¿No será que se van a terminar pasando la pelota uno a otro? Por esas razones, no vamos a votar ese inciso segundo, que realmente nos parece contraproducente, así como ir por el camino del atajo o de crear, en todo caso, un sistema paralelo. A lo largo y ancho de este proyecto de ley de Presupuesto ha quedado claro que lo que el Gobierno hace es buscar salidas elusivas para escapar de sus verdaderas responsabilidades y obligaciones legales, que son las que en este caso consagran la Constitución y la ley para la elaboración y ejecución de los Presupuestos. Gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra para una aclaración.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: no estamos de acuerdo con la propuesta que acaba de formular el Diputado Ibarra. Los acuerdos políticos deben respetarse y lo que oportunamente se acordó fue analizar en forma global el contenido de cada Inciso y hacer referencias generales sobre la materia que se considera y el alcance del articulado. En este momento, estamos analizando formalmente el Inciso 25 "ANEP". Si algunos señores Diputados, por la vía de los hechos, se introdujeron en aspectos que hacen a la Universidad de la República y a la enseñanza terciaria, no a la Administración Nacional de Educación Pública, es un dato de la realidad y, en todo caso, lo que la Mesa podría hacer la señora Presidenta lo sabrá mejor que yosería exhortar a que de ahora en adelante todos hagamos un esfuerzo por concentrarnos en lo que estamos analizando. Nosotros lo digo personalmente, porque estoy en esa posición, como otros compañeros del Partido Nacionalestamos aguardando pacientemente a que se agote el tema de la ANEP y se vote, porque luego pasaremos a analizar el tema "Universidad de la República", y tenemos muchas cosas que comentar y muchos argumentos que suministrar respecto al presupuesto de ese organismo, que es una cuestión totalmente distinta. Teniendo en cuenta esto, pediría a la bancada de Gobierno que hiciéramos un esfuerzo inclusive, para que el buen clima y la discusión civilizada que estamos manteniendo, más allá de todo, perdure hasta el final del análisis del proyecto de ley de Presupuestoy no desconociéramos lo que oportunamente fue acordado; en todo caso, que lo encauzáramos. En eso puedo llegar a estar de acuerdo.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: en la discusión general de estos artículos habíamos adelantado que íbamos a pedir el desglose del segundo inciso del artículo 655, porque no vamos a votar por las razones que adelantamos oportunamente.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: nosotros vamos a hacer algunas reflexiones generales con relación a los contenidos del Inciso "Universidad de la República" que estamos analizando, a la luz del trámite parlamentario en ocasión de la comparecencia del señor Rector y de los representantes de la Universidad de la República. Concurrió una delegación muy numerosa; acompañando al Rector comparecieron todos los Decanos de las distintas facultades y, en general, todos los que integran los ámbitos de conducción universitaria. Por supuesto que cuando hablamos de la Universidad de la República, lo hacemos con enorme afecto; a quienes somos egresados de ella, hablar de la Universidad sin ninguna duda nos despierta una gran sensibilidad. No obstante, más allá de estas valoraciones de carácter subjetivo e ingresando en los aspectos de carácter presupuestal y en lo que objetivamente surge de contrastar la propuesta de la Universidad de la República con la que formalizó el Poder Ejecutivo, digamos con meridiana claridad que estamos hablando, de dos realidades absolutamente contrapuestas. Hay una diferencia enorme entre lo que la Universidad de la República pidió al Parlamento cumpliendo con la iniciativa presupuestal de raigambre constitucional, y lo que el Poder Ejecutivo incluyó en los cuatro artículos que compusieron la propuesta presupuestaria, que después se complementó con dos o tres aditivos que la bancada de Gobierno aprobó y que ninguno de ellos implica una mejora económica, salvo aquel que establece alguna alternativa de exoneración de aportes patronales. Creo que esto se inscribe en un contexto muy evidente, en una realidad que estuvo en la antesala de estas definiciones de carácter presupuestal. Advertimos con toda franqueza lo decimosuna suerte de divorcio entre la Universidad de la República y el Gobierno nacional. Es algo curioso, sobre todo a la luz de la circunstancia de que el Partido que hoy gobierna mantuvo en el pasado todos lo sabemosuna relación especial con la Universidad y, a partir de una concepción "gramsciana" de la política, en el ambiente universitario encontró un ámbito proclive a la acumulación política que lo condujo al Gobierno. Pero parecería que esa alianza estratégica o esa coincidencia política se terminó una vez que el Frente Amplio llegó al Gobierno y asumió la conducción política del Uruguay. Esto que estamos analizando hoy parece dar pistas en el sentido de lo que estoy mencionando. De lo contrario, no se explica lo digo con total franquezauna diferencia presupuestal de estas características, pero menos se explica que la Universidad ni siquiera haya sido contemplada en aspectos que no tienen costo económico, es decir que de ser acompañados y aprobados no representarían un esfuerzo económico y presupuestal adicional al que el Poder Ejecutivo ha dicho que está dispuesto a concretar. Pero, ¡cuidado!, tampoco pretendo endilgar al Gobierno toda la responsabilidad de esta situación. Hay una diferencia de más de cien millones de dólares entre un Presupuesto y otro; en promedio, por año, es una diferencia que supera largamente los US$ 100:000.000 la que hoy distancia a la Universidad de la República del Poder Ejecutivo. El Rector Arocena compareció en la Comisión y exhibió un plan demasiado ambicioso; describió una serie de logros que mucho nos satisficieron y nos pusieron contentos, pero después definió una serie de planes que demandan una cantidad de recursos muy importantes y que, en la medida en que no están las previsiones presupuestales correspondientes, esos objetivos y propuestas son simples planteos que quedan en el papel. Creo que en esto hay responsabilidad del Gobierno pero también de la propia Universidad, o por lo menos de quienes la están conduciendo y, en particular, del señor Rector Arocena que es el punto de referencia y la autoridad máxima de la Universidad de la República. El Rector Arocena ha dicho que la Universidad de la República está en estos momentos impulsando una nueva reforma universitaria. En la Comisión expresó, inclusive, que con relación a estos objetivos y a estos planes la Universidad en forma permanente presenta una rendición social de cuentas de todo lo que se hace. Ahora, lo que tenemos que constatar desde el punto de vista social es que esas rendiciones de cuentas o, en tal caso, esos grandes planes de reforma universitaria se efectúen, ya que es muy probable que queden en el ámbito de las comunidades científicas y académicas, debido a que no están totalmente alineados con la visibilidad que la opinión pública tiene de lo que pasa o deja de pasar en el ámbito de la Universidad pública. Yo creo que esto es responsabilidad de la Universidad. Con esto no estoy insinuando una tesis contraria al sistema de cogobierno. Vamos a entendernos: yo creo en el cogobierno. Esto no quiere decir que no podamos revisar o discutir el alcance de un sistema que data de muchas décadas, como podemos hacerlo con cualquier aspecto que hace a la Administración Pública. No quiere decir que no podamos ver de qué manera quienes no integran la Universidad, porque no son egresados, docentes ni estudiantes, pero hacen un esfuerzo económico pagando sus impuestos para solventar a la Universidad y a sus programas académicos, de verdad inciden en la conducción de la Universidad. Creo que ese es un debate bien interesante. Con todo respeto digo y me hago cargo de lo que voy a manifestarque quedé muy insatisfecho con la comparecencia, y sobre todo con el estilo del Rector Arocena, a la hora de defender su presupuesto en el Parlamento. Creo que le faltó valentía; advierto que le faltó liderazgo. Digo esto con un enorme respeto reiteropero esa es la constatación objetiva que extraigo porque su comparecencia fue muy timorata. Venía a defender un presupuesto que estaba en las antípodas de lo que el Gobierno está dispuesto a darle. Vino a sostener la necesidad de que se lo dotara de recursos por casi el triple de lo que propuso el Poder Ejecutivo en su Mensaje original. Sin embargo, si uno no estuviera bien informado, si uno no se hubiera tomado el trabajo de leer lo que mandó el Gobierno y el mensaje de la Universidad, nos hubiera quedado la sensación de que no pasaba nada. Francamente, lo que el Rector Arocena trasmitió fue la sensación resignada de que: "Bueno, pedimos pero no nos dieron, en otra oportunidad será". Nosotros le preguntamos y le repreguntamos con relación a esto. Inclusive, tratamos de excitarle el celo y le dijimos: "Bueno, señor Rector, usted trajo un plan absolutamente ambicioso. El Gobierno no le da los recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?". ¿Apenas un enlentecimiento en los tiempos como él pretendió argumentar? ¿O será que, en los hechos, capítulos enteros de este programa universitario tan ambicioso y con todos estos objetivos estratégicos no voy a describirlos ahora porque los señores Diputados los tienen en el mensaje de la Universidadvan a quedar por el camino? Creo que de lo que se trata, antes que nada, es de sincerar la discusión, porque ni siquiera se otorgó al Rector Arocena la autorización para redistribuir a los funcionarios de la Universidad cuando la solicitó en el mensaje correspondiente. Considero que debemos dejar esta constancia porque ese divorcio al que me referí a inicio de la intervención es algo que ninguno de nosotros quiere. Por supuesto que no es saludable para nadie; no es saludable para el Gobierno; no es saludable para la oposición; no es bueno para la sociedad; no es bueno para la propia Universidad. Por lo tanto, esta instancia presupuestal, por lo menos en lo que respecta a la Universidad de la República, ha sido propicia para darnos señales que no pueden pasar inadvertidas en cuanto al papel que cumple la Universidad en la situación actual, respecto a la eficacia de la conducción de quienes hoy la están gobernando. Por supuesto que esta no es una afirmación generalizada pero sí tiene que ver con lo que nosotros advertimos de parte del señor Rector cuando compareció en la Comisión. También creo que tiene que ver con un debate que el país se debe en cuanto a la relación de la sociedad con su Universidad pública. Hoy la gente está ajena a lo que pasa en la Universidad. Eso no es responsabilidad de la gente. Es responsabilidad de los dirigentes, que como tales deben dirigir y después someter su actividad al juicio de los conciudadanos. Pero si de lo que se trata es de involucrar a la población, a nuestro juicio, la Universidad tiene una asignatura pendiente y creo que es hora de que empiece a saldar esa cuenta. Gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra para una aclaración.ÑOR ABDALA. Por cierto no me he sentido aludido, señora Presidenta, pero me parece oportuno formular una aclaración en el mismo tono civilizado y respetuoso de la señora Diputada Laurnaga. La intervención que acabamos de escuchar nos pone ante la siguiente circunstancia: advertimos una contradicción que no sabemos cómo se resuelve. Al principio de nuestra intervención hablábamos de un divorcio aparente, y nos damos cuenta de que se trata de un divorcio, pero con instancia de reconciliación; después vuelve a ser separación y luego se vuelve a conciliar entre el Gobierno del Frente Amplio y la Universidad de la República. El discurso que acabamos de escuchar reivindica todo lo que la Universidad pública hace o dice hacer; aquí tenemos un informe muy extenso, que fue presentado por escrito por el Rector Arocena, habiendo sido explicado además en el ámbito de la Comisión. Ahora bien: los recursos para sostener todo eso, no vienen; y eso es lo que en todo caso nosotros advertimos como un contrasentido que no sabemos bien cómo se dirime o se resuelve. De los seis programas que propuso la Universidad de la República para la consideración del Parlamento, apenas se contemplan parcialmente dos: el programa académico, en parte, y el programa de desarrollo de la Universidad del interior, también en parte, porque quedó claro que la dotación de recursos presupuestales que aquí viene no será suficiente para financiar todos los centros regionales que la Universidad se propone llevar adelante. Entonces ahí es donde nosotros le dijimos a Arocena que vino, reitero, en forma bastante sigilosa, tratando de no hacer olas, poco menos que como pidiendo perdón, al decir que estaba desconforme con el Presupuesto: "Bueno, acá no hay un elentecimiento en el cumplimiento de los objetivos, sino algo mucho más grave". Aquí estamos hablando de que con los recursos que el Gobierno ofrece el plan no es ese, es otro. Y esto no lo decimos desde una visión técnica, que nosotros no la tenemos, sino con el criterio del buen administrador: si no lo somos por lo menos aspiramos a serlo, o nos ponemos en la cabeza de quien tiene que serlo a la hora de distribuir recursos, que es lo que hacemos los le gisladores en el Presupuesto, cuando asignamos las partidas presupuestales. Entonces, me parece que esta afirmación que se ha hecho confirma nuestra duda inicial y al menos nos da satisfacción advertir que no estábamos equivocados. Hay, notoriamente, una relación que es por lo menos ambigua, y desde ese punto de vista decimos que es peligrosa e inconducente. Aquí se ha reclamado yo comparto esoun debate para definir qué Universidad pública queremos y cómo habrá de integrarse en la comunidad. Al mismo tiempo como lo reclamaba el señor Diputado Javier García, se ha hablado de que quienes pagan los impuestos para solventar la universidad, que somos la enorme mayoría de la población, deberíamos tener un mínimo de control de lo que ocurre con esos dineros. Ese es un debate que está instalado y si no lo está, por todo lo que se ha dicho y para superar estas ambigüedades que se dan al más alto nivel político, lo tenemos que instalar. Gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señor Presidente: queremos adelantar que el Partido Nacional va a acompañar los artículos que conforman el Inciso 27, salvo alguna excepción que se encargará de explicitar en algunos minutos el señor Diputado Berois. Por cierto, tenemos una visión muy satisfactoria con relación a la estructura presupuestal y a las definiciones presupuestales para el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, que vienen contenidas en estos artículos. Además es bueno que lo digamos porque así lo mencionamos en la Comisión, el nivel de acuerdo que, sin lugar a dudas, el Partido Nacional está en condiciones de exhibir con relación a estos contenidos, también lo tiene respecto a la conducción política actual del organismo. Hay un nivel de confianza política que no tuvimos en el período anterior, empezando por la circunstancia de que el Directorio del INAU hoy tiene una representación política plural. Allí está representada la oposición a través de un delegado del Partido Independiente, y creo que más allá de la procedencia partidaria, que pudo ser esa u otra, la circunstancia de que el sistema político a partir de la diversidad de sus componentes esté representado en la conducción colectiva del organismo, es algo que ha ayudado a lo que nosotros entendemos puede ser y ojalá termine de configurarseuna nueva etapa en la vida institucional de este organismo, tan sensible para la vida del Uruguay. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Passada) ——Lamentablemente, en el período pasado asistimos a todo lo contrario. Los Directorios anteriores, los que asumieron las competencias del INAU en el período 20052010, estuvieron en conflicto permanente con el Partido Nacional, con el resto de la oposición y, también, con la Justicia del Uruguay. Notoriamente, en esa oportunidad la administración del organismo se les fue de las manos. Todo el país lo vio, todo el país asistió a una gestión absolutamente polémica, autista desde el punto de vista político, que no entendía razones y no estaba dispuesta al diálogo. Por suerte hoy estamos queremos señalarlo en esta instancia augural, que es la instancia presupuestaliniciando un camino que ojalá sea diferente. Por supuesto que las condiciones políticas son importantes, pero también lo es el perfil de las personas. En ese sentido, vaya si cuenta el soporte humano de los órganos para definir un estilo u otro en la conducción política. Teniendo en cuenta esto, vemos con mucha expectativa el tono que a la gestión le viene dando el señor Presidente del Directorio del INAU, nuestro ex colega, doctor Javier Salsamendi que, como hombre político, de diálogo y, además, conocedor de la materia que está administrando, ha contribuido mucho a que se pueda esperar el futuro con otra perspectiva, con otra expectativa. Con relación a alguno de los contenidos del articulado debo decir que como fue destacado en la Comisiónla creación de los centros CAIF representa, sin duda, una muy buena noticia para la formación de los uruguayos en la etapa inicial y la primera infancia. En esto hay un esfuerzo presupuestal importante que se condice con los acuerdos interpartidarios; así lo destacó con énfasis el Diputado José Carlos Cardoso en ocasión de la instancia que celebramos en la Comisión. En cuanto a las medidas vinculadas con los menores en conflicto con la ley, el Presupuesto contiene dos disposiciones importantes. Una de ellas es el artículo 680. Al respecto queremos proponer una enmienda que contempla un reclamo que el propio Javier Salsamendi formuló a la Comisión. El Presidente del INAU nos pidió poder contar con esta herramienta desde el momento de la promulgación de la ley de Presupuesto y no tener que esperar al 1º de enero. Nosotros estaríamos de acuerdo en proceder de ese modo. Se trata de la contratación de personal para reforzar los recursos humanos de lo que hoy se llamaMEJI y antes se denominaba INTERJ, de modo que hacemos propuesta en ese sentido. La otra disposición importante que con relación a estos temas contiene el Presupuesto no está en este Inciso; la consideraremos después, pero quiero referirme a ella a modo de adelanto. Se trata de una sugerencia del Partido Nacional que fue recogida por la Comisión y que está contemplada en el artículo 322. Tiene que ver con la creación de un Fondo que momentáneamente administrará el Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al futuro instituto de rehabilitación del adolescente infractor. Hasta ese punto llegan los sobrentendidos políticos que se han registrado hasta este momento, tal como quedó de manifiesto en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Todos coincidimos en la necesidad de reformular la institucionalidad en esta materia y en trasladar esta competencia del INAU a otro ámbito del Estado. Por lo tanto, la alternativa de avanzar en la definición de un instituto que se ocupe específicamente de este asunto tan problemático, ha registrado consensos políticos amplios, sin perjuicio de los alcances y las definiciones ya más concretas que en el futuro negociaremos, discutiremos y resolveremos en el ámbito de la Comisión que corresponda. Por todas estas razones vamos a votar con gusto este Inciso presupuestal. Lo hacemos con esperanza, en un tema de mucha sensibilidad, que tiene aristas muy distintas, vinculadas con la construcción de ciudadanía, con la educación y la contención de los niños y con la seguridad pública en el componente que hace a las consecuencias que el crecimiento de la minoridad infractora provoca en la seguridad de los uruguayos. Por todo eso, reitero, con la esperanza de que las cosas empiecen a cambiar para bien y a mejorar lo que ya estaba bien bueno es que siempre se pueda ser un poco mejor, vamos a votar gustosamente los artículos correspondientes al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.ÑOR ABDALA. Sí, señor Diputado.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: queremos dejar constancia de que el Partido Nacional no va a acompañar el artículo 698 porque cuando en la Comisión se consultó a la delegación de A acerca del alcance de esta norma, realmente no obtuvimos una respuesta ni siquiera insatisfactoria. En realidad, no se nos supo explicar cuál es el verdadero sentido de esta solución. Aquí se pretende establecer algo así como una causal especial en los casos de ineptitud física o mental, es decir, de jubilación o pensión por enfermedad y por incapacidad parcial o total para determinados funcionarios que eran de A y que sin embargo, estableciendo una especie de excepción al régimen general que en esta materia rige en virtud de las normas de previsión social, se consagra la posibilidad de que puedan reingresar a la función. Quizás haya alguna razón, pero nunca se explicó. Esto nos parece, por lo menos, bastante sorpresivo, bastante sui géneris o bastante heterodoxo porque no sabemos realmente a qué responde o qué es lo que hay detrás de esta inspiración. Pero que es una verdadera inspiración, no hay ninguna duda. Muchas gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: el Partido Nacional va a solicitar que este artículo se vote por incisos aprovechamos para hacer la fundamentación que nos llevará a votar por la negativa el inciso segundo, en razón de que advertimos una facultad que se otorga a A que consideramos exageradamente discrecional. Además, en oportunidad de la comparecencia en la Comisión de las autoridades de A, sus explicaciones nos resultaron muy insatisfactorias. Ante la duda, entendemos que no se ha fundamentado suficientemente la facultad que se otorga al organismo. Por tanto, el Partido Nacional rechaza el inciso segundo.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: igual que procedimos con el artículo anterior, vamos a solicitar que esta disposición también se vote por incisos, por una argumentación similar a la que expresamos en ocasión de discutirse el artículo 709. A nuestro juicio, el inciso segundo implica un exceso de discrecionalidad a favor de A, que no fue fundamentado en la Comisión; ni siquiera vino en la redacción original del Poder Ejecutivo. Tampoco recordamos que en ocasión de la comparecencia del señor Ministro de Salud Pública y de las autoridades de A se hiciera referencia expresa a la necesidad de introducir esta modificación. Como entendemos que el contenido de la modificación que sugiere el inciso segundo, que se votó como aditivo en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, no está del todo fundamentado y, por ende, advertimos cierta oscuridad con relación a esta facultad discrecional y no conocemos los criterios por los que A habrá de distribuir la partida anual que se consagra porque, repito, no fueron explicitados en la Comisión, pedimos que se vote por incisos. En nombre del Partido Nacional adelantamos que vamos a votar el inciso primero y, por las razones expuestas, no votaremos el inciso segundo. Muchas gracias.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Es para contestar una alusión.ÑOR ABDALA. Alusión o aclaración, señora Presidenta; lo mismo da. Por lo pronto, de la intervención del señor Diputado Pardiñas surge que aunque más no sea en el marco del oscurantismo, llegamos al plenario. Seguramente el señor Diputado Pardiñas tiene mejor memoria que yo, y acaba de leer la versión taquigráfica en función de lo que se desprende que el Presidente de la Comisión puso a consideración el aditivo que se convirtió en el inciso segundo del artículo 710. Pero de ello no surgió la más mínima fundamentación. En tal caso, la fundamentación la está dando ahora el Diputado Pardiñas, y yo se lo agradezco, pero obviamente nosotros no estábamos en condiciones de votar esto porque en ningún momento, hasta este mismo instante, habíamos recibido la más mínima explicación o fundamentación. En tal caso será la que ahora, en nombre de la bancada de Gobierno, se acaba de expresar. No tenemos el tiempo suficiente para aquilatar la fundamentación que acaba de hacerse. Por lo tanto, no tenemos más remedio que mantenernos en la tesitura que yo ya adelanté, sin perjuicio de que el Poder Legislativo actúa en función de un sistema bicameral, y tal vez en la instancia del Senado las fundamentaciones que aquí se acaban de expresar sean consideradas por los Senadores del Partido Nacional. Entonces, sabremos el resultado una vez que dicha Cámara vote el proyecto de ley de Presupuesto y, como seguramente ocurrirá, este volverá a la primera Cámara, que es la nuestra, momento en que podremos pronunciarnos sobre las modificaciones que haya introducido el Senado. Muchas gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: el Partido Nacional va a votar en contra el artículo 715. Aquí se propone la adjudicación de una partida de $ 8:000.000 por año para la Dirección de Comunicación Institucional de A que, según sabemos, es una Dirección de reciente creación. Eso es lo único que sabemos. Cuando A y el Ministerio de Salud Pública comparecieron ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda el día 23 de setiembre para fundar esos artículos, al llegar al término de la jornada matinal y aproximarnos a abordar el entonces artículo 693 que ahora es el 715, el Ministro de Salud Pública adelantó su interés de permanecer reunido con la Comisión de Hacienda a los efectos de presentar un informe en el que se nos proporcionaría como efectivamente se hizoun avance en cuanto al estado de situación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los señores legisladores que integran las Comisiones de Presupuestos y de Hacienda recordarán principalmente los integrantes de la Comisión de Haciendaque teníamos pactada una reunión para ese mismo mediodía, que finalmente se suspendió, para analizar la situación imperante con relación a las Cajas de Auxilio. Debido a eso, el análisis de estos artículos se realizó en forma acelerada. Y esta disposición no es menor porque implica adjudicar una partida muy importante con una finalidad nueva; se trata de una innovación o, en todo caso, de definir el soporte presupuestal relativo a una Dirección de reciente creación. Concretamente, el análisis de este artículo se refleja en apenas cuatro renglones de la versión taquigráfica de la sesión del día 23 de setiembre, que recogen una explicación que fue apenas un titular que nos trasladó el señor Gerente General de A, doctor Buccino, quien nos dijo lo que ya sabíamos: que esta partida se solicita a los efectos de atender presupuestalmente a la Dirección de Comunicación Institucional, de reciente creación. Probablemente esté muy justificada o pueda ser justificable esta decisión que se nos propone, pero no lo sabemos porque en aquella oportunidad no tuvimos tiempo suficiente para analizarlo y repito que la explicación fue absolutamente escueta. Tampoco tenemos claro si el propósito de solicitar estos recursos se relaciona, eventualmente, con financiar campañas publicitarias masivas de difusión e información a la opinión pública a través de los medios de comunicación, lo que por supuesto también podría estar debidamente motivado, pero puede ocurrir que se trate de dar soporte administrativo a esta Secretaría de reciente creación. Ante la duda es una actitud refleja de la oposición, pero a mi juicio, muy responsablevotamos en contra de esto; no tenemos más remedio que hacerlo. Por supuesto, esto se inscribe en una discusión bastante más amplia que, sin duda, ha sobrevolado todo el análisis presupuestal que realizamos primero en Comisión y en el plenario después, en cuanto a que el plazo constitucional de cuarenta y cinco días para el análisis y la consideración de variados temas que los legisladores tenemos que abordar representa un lapso absolutamente exiguo. Y si a esto le agregamos que, particularmente los legisladores de la oposición, no hemos podido contar en la Comisión con el asesoramiento y la asistencia de algún asesor o asistente técnico, a efectos de, por ejemplo, en este caso, profundizar en el análisis y desentrañar el ver dadero alcance de este artículo o de cualquier otro porque la mayoría lo impidió, no tuvimos más remedio que votar en contra de esta disposición en el ámbito de la Comisión, actitud que, obviamente, por una razón de elemental coherencia reiteraremos en el plenario de la Cámara de Diputados. Gracias, señora Presidenta.ÑOR ABDALA. Pido la palabra.ÑOR ABDALA. Señora Presidenta: en el mismo sentido que el señor Diputado Gandini, creo que esta es una norma poco clara, que tampoco se explicó cabalmente en el ámbito de la Comisión y que nosotros consideramos podríamos decirlo asíbastante rocambolesca. ¿Por qué razón? Porque se sale de los criterios generales de las normas que rigen la actividad de los funcionarios públicos y de los principios de la carrera administrativa. Tiene el valor aparente de lo general, pero son tan complejos la concepción, los requisitos, las características y las condiciones que aquí se establecen que inevitablemente uno tiene que plantearse la posibilidad de que esto esté referido a situaciones particulares, particularísimas. Lo digo porque aquí se establece una facultad absolutamente discrecional como bien se decíapara la Administración, en este caso A, la que podrá transformar los cargos siempre que, por supuesto, quien decida hacerlo en este caso, el jerarca, de acuerdo con su criterio absolutamente subjetivo, considere que la persona que será destinataria del beneficio o, en tal caso, de la titularidad de ese cargo que se transforma, hizo las cosas bien, regular o mal. Se supone que aquí debe entender que las hizo bien, pero además eso sí, siempre y cuando esa situación se haya prolongado por lo menos dos años. Francamente, creo que esta no es la mejor manera de administrar, no es la mejor manera de gobernar y, reitero, hemos visto en este mismo Inciso varias disposiciones que están teñidas de estas características, que de tan novedosas y creativas, naturalmente, nos generan sospechas. ¡Cómo no nos van a generar sospechas! Y eso ha sido recurrente en A. Ha ocurrido a lo largo y ancho del Presupuesto, pero muy especialmente en el Capítulo que estamos analizando. Más temprano lo dijimos con relación a las normas jubilatorias, a la jubilación por enfermedad y a la pensión por incapacidad, con respecto a lo cual se establece que a quienes están en esa situación, en forma total o parcial, A puede reingresarlos al organismo, en una especie de sistema paralelo a las normas generales existentes en materia de previsión social. Aquí ocurre específicamente con relación a la carrera administrativa. Nunca vi cosa similar. Por otra parte, digámoslo claro: creo que si la Administración pretende que el Parlamento apruebe una norma de este tenor, por lo menos tiene que tener la humildad republicana de venir a esta Casa a explicar, y hacerlo bien. Y esto no se explicó, de manera que es imposible que lo acompañemos. Reitero que, por exceso de creatividad, está claro que esto se convierte en sospechoso. Gracias, señora Presidenta.