SEÑOR BOTANA. Muchas gracias, señora presidenta. Al momento de votar la Ley de Inclusión Financiera el Poder Ejecutivo buscaba los siguientes objetivos: reducir en forma significativa los costos asociados a la utilización de dichos servicios; incorporar nuevos actores que ofrezcan servicios de pago y superar prácticas que no permitan un funcionamiento competitivo pleno, y lograr un funcionamiento más eficiente del sistema de pago de la economía. Además de mejorar la eficiencia, se buscaba: brindar seguridad a la población, formalización de la economía, combate a la evasión fiscal, fortalecimiento de controles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Otro objetivo fundamental era estimular y alentar el ahorro de la población. Rafael Michelini, a quien aprecio mucho –cuando comenzamos este debate nos referimos a su papá, Zelmar Michelini–, en oportunidad de considerarse la Ley de Inclusión Financiera en la Cámara de Senadores, dijo como miembro informante por la mayoría que se había hablado mucho de ese proyecto de ley y del crédito que habría a partir de su aprobación. No se trata de que los uruguayos estén excluidos del crédito, sino de que están excluidos del crédito barato. Un setenta y cinco por ciento de los ciudadanos que cobra todos los meses jubilaciones o salarios y seguramente tiene un nivel patrimonial muy modesto está excluido del crédito barato. Lo estamos anunciando, puede haber modificaciones porque la realidad es muy rica. Lo malo sería que cuando la realidad nos interpele nos quedemos con los brazos cruzados y no actuemos de la misma manera: tratando de dar soluciones. ¿Se cumplieron los objetivos de reducir en forma significativa los costos asociados a la utilización de dichos servicios o tasas promedio para consumo de los bancos? En el año 2014, la tasa activa en moneda nacional para las familias fue de 40,1 %; y en 2019, 43,5 %. En cuanto a los costos para los comercios –sellos de las tarjetas–, es cierto que los aranceles del 2019 eran más bajos que los que había, que eran del orden del 7 %; ahora son menores al 4 %. El problema es la cantidad de operaciones, el conjunto, el área debajo de la gráfica –para compartir con mi amigo Daniel Olesker–, ese es el problema. Allí está el problema. Es la masa de costo que tiene el empresariado nacional y lo que, por otra parte, recibe el gran beneficiario de este sistema. En la cantidad de operaciones, para 2018 se había registrado un aumento equi valente a once veces la cantidad de operaciones del 2014. Sin embargo, en referencia a los montos, el aumento fue del 688 % entre 2014 y 2018: se pasó de USD 693:000.000 a USD 5.464:000.000. Las cámaras y asociaciones de comerciantes se sienten afectadas, como bien lo decía el senador Domenech, en su rentabilidad. La Ley de Inclusión Financiera afectó sus beneficios. En cuanto al volumen de ventas con tarjetas de débito, era del orden del 4 %. Ha llegado a representar más del 40 %, y en algunos sectores, el 70 %. De allí que hicieran toda esta campaña que hicieron. No fue casualidad la campaña y ese enorme movimiento para derogar la Ley de Inclusión Financiera. Además, las pequeñas empresas resultaron afectadas por ese gap que se produce al momento de recibir el dinero de sus ventas, pues ello tiene una demora de dos o tres días. Ahora pasamos al objetivo de formalizar la economía. La cantidad de puestos de trabajo cotizantes según el mes de pago –valores a diciembre de cada año, de la Asesoría General en Seguridad Social– fueron: para el 2014, 1:483.035, y para 2018, 1:467.591. Es decir, hubo un 1,62 % menos entre que se entabló la medida que iba a ser el gran formalizador de la economía, hasta hoy. En cuanto a la ganancia de los bancos, señora presidenta, quiero señalar que en el 2014 los bancos privados ganaban USD 128:000.000, y en el 2019, USD 341:000.000. El Banco República, en el 2014 tuvo un beneficio de USD 220:000.000 y en el 2019, USD 550:000.000. Esto no fue por el crecimiento de la economía, el pago del crédito industrial, los servicios, la inteligencia o la tecnología, sino que se llama crédito al consumo. ¿Qué demuestran las estadísticas del Banco Central? Que a partir de la aprobación de la ley aumenta el segmento de créditos al consumo y decrece el crédito industrial y agroindustrial. El dinero sin costo incrementó la tasa de interés real percibida por los bancos. Es obvio. Estamos hablando de masas formidables de dinero a las que accedió el sistema bancario de modo absolutamente gratuito. Lejos de provocar una caída en las tasas activas, que debió ser el fenómeno obvio, la caída en el costo del dinero, el mejor spread, alentó la asunción de mayor riesgo por parte de la banca, en el negocio más rentable que tiene, que es –y digámoslo con palabras criollas– chuparle la sangre al trabajador: el crédito al consumo. Hemos tenido una multiplicación del crédito al consumo con tasas absolutamente leoninas y usurarias. Pero la cuestión es peor –como señalaba el senador Domenech–: los bancos privados fondean a sus propias financieras y prestan a tasas del orden del 150 %. Entonces, este ha sido el gran salvataje del sistema bancario nacional, que es el único favorecido; no lo es la empresa ni el trabajo y tampoco hay más trabajadores. Ha habido un proceso de concentración y de centralización de las compras públicas. Todas se concentraron en algunas empresas que tienen el acceso a los mejores servicios financieros y, repito, absolutamente centralizadas. ¿En cuántos lugares del Uruguay no hay ni un solo cajero automático? Se cerraron las sucursales del Banco República –donde existían– y ahora, en una gran solución, en cuanto a los costos para la banca oficial porque se hacen grandes ahorros, atienden solo dos o tres días a la semana, condenando a esos pueblos. Así, se ahorran los gastos de luz y agua de las sucursales de los días que no abren. ¿No se dan cuenta cuánto están condenando a las economías locales? El Uruguay, señora presidenta, no debería preguntarle a nadie si está bien su conducta o si no lo está. Nuestro autorrespeto como república no es por el poderío militar, por la fuerza de nuestra economía o por la capacidad de compra. No; nuestro gran patrimonio se llama respeto. Entonces, no tenemos que andar preguntándole al mundo si está bien o mal cada medida que vamos a tomar. A ver –fíjense si me equivoco o me excedo–, nosotros nos controlamos; reitero, ¡nosotros! ¡El Uruguay somos nosotros! Ese ha sido el orgullo de nuestra historia; continuemos por este camino. ¿Por qué andar preguntando tanto y haciendo los deberes que nos mandan para la casa maestros que, en realidad, no lo son? Lavado por una operación mayor a USD 4000. La cifra de USD 100.000, que establecimos ahora, corresponde al valor de una casita, que es lo que debería tener cualquier trabajador de este país. ¿Esas personas son las que lavan? No lo son, señora presidenta. Enseguida concluyo con mi intervención. En comisión expresé una frase que un día dijo en un discurso el doctor Ricardo Caballero –médico sumamente inteligente de mi ciudad, que ahora es el director del hospital local– cuando era presidente del sanatorio e integrante del Directorio de la Federación Médica del Interior: «Y no tengo con qué curar a los enfermos; me gasto todo en atender a los sanos». El Uruguay, señora presidenta, se está gastando todos sus recursos en perseguir a los ciudadanos buenos de este país, a los que tienen buenas costumbres; reitero, a los buenos, a los que fueron siempre buenos. Por eso es que se le escapan todos los malos. Gracias.