SEÑOR BOTANA. Señora presidenta: me voy a referir a una cuestión que creo no debe ser soslayada en este debate. En el texto de la propuesta original que el Gobierno envió para la consideración del Senado de la república se buscaba conseguir el objetivo de la baja del precio de los combustibles mediante su desmonopolización. Creo que hemos dado clara muestra, con nuestra acción, de que no nos atamos a mecanismos ni a fórmulas vinculadas con lo ideológico. Es cierto que somos absolutamente partidarios de la libertad en todos los campos, pero también es cierto que en esta área en particular la libertad entraña el riesgo de caer en prácticas oligopólicas u oligopsónicas –técnicamente esto está bien dicho– del sector privado. Si no nos gustan los monopolios públicos, si no nos gustan los oligopolios públicos y si no nos gustan los monopsonios ni los oligopsonios públicos, mucho menos –¡mucho menos!– nos gustan los privados, por cuanto entrañan y representan un interés particular en cuya determinación difícilmente pueda incidir una república. Llegó el proyecto de ley y, obviamente, lo tratamos a la luz de estos criterios –el de la búsqueda de la libertad y el del claro reconocimiento de ese riesgo–, pero siempre con una determinación, señora presidenta: bajar los costos de los combustibles. Queremos que se siembre la tierra de medio Uruguay en el que hoy no se siembra. Hablo del Uruguay al este de la ruta 5, que atraviesa el país como un eje vertical y diferencia el espacio territorial en el que la tierra se planta de aquel en que no se planta. Cuando la tierra se planta, señora presidenta, funciona –por supuesto– el empleo en las chacras, funcionan las cosechadoras, funcionan los camiones, funcionan los molinos, funcionan las barracas, funciona el comercio, funciona también el laboratorio –que no está precisamente ubicado en los territorios donde la tierra se planta–, y funciona el puerto; ¡funciona el país! Y con la siembra de la tierra viene la siembra de la alegría, viene la siembra de la generación de valor y de empleo, y viene la mejora en los ingresos de los ciudadanos, de los trabajadores de este país. Ese es nuestro objetivo, el que andamos buscando: que haya trabajo para los administrativos en todos lados, que haya trabajo para el rural, que haya trabajo para el que carga bolsas en el molino, y para el camionero y para el mecánico del camión. Hablamos de trabajo, señora presidenta, y lamentablemente el precio de los combustibles, junto con el de la energía y, ahora, con los costos portuarios, han sido los más grandes responsables de que Uruguay se pierda la oportunidad de darle trabajo a sus hijos. Los precios internacionales de los productos agropecuarios nos vienen dados; y al productor le toca lo que sobra, el resto, después de descontar los costos de fletes, los costos de comercialización y los costos de producción en cada una de las etapas. Cada vez que aumentamos los costos de la producción primaria, como los otros costos vienen de afuera, la única decisión que le dejamos al productor es la de sembrar o no la tierra. Y, lamentablemente, la opción viene siendo la de no sembrarla. Por eso, ante la enorme preocupación de que no se aprobaran estos artículos, llegamos a la solución de considerarlos a través de los precios de paridad de importación. Creo que ha sido una sabia solución. Vamos a ir hacia la búsqueda del precio internacional de la región, pues tampoco queremos tener un menor costo que el de la región, porque nuestros productores, especialmente los arroceros, son los más eficientes del mundo. Ellos no precisan subsidios ni ventajas de otro tipo; precisan que el Estado les dé las mismas condiciones que al resto de los productores de la región, no mejores, sino las mismas. Con esta solución, tendremos los elementos para dar un debate en serio. Vamos a dejar de hablar desde el punto de vista de nuestras ideologías y de la teoría del debe ser; sabremos a ciencia cierta cuánto cuestan las operaciones de refinería y los combustibles, y cuáles son los subsidios cruzados que recaen en beneficio de otros sectores del consumo nacional. Reitero: lo conoceremos a ciencia cierta, y los uruguayos podremos tomar la decisión de si queremos seguir refinando petróleo u optar por la importación del gasoil y de las naftas. Todos los uruguayos tomaremos una decisión objetiva y razonable; veremos si lo hacemos en régimen de competencia o dentro del monopolio de la propia Ancap. Pero será una decisión que tomaremos con la libertad que da el conocimiento de los datos. Va a ser fundamental todo lo que se ha descrito –y que muy bien señaló la señora senadora Cosse– respecto del acuerdo alcanzado, en el que se destaca, en primer lugar, el trabajo del señor senador Penadés y, en la etapa de negociación, el del señor senador Peña. Creo que en el articulado están muy bien detallados todos los pasos que vamos a dar, porque está bien hecho. Es obvio que esto va a demorar un poquito. Si hoy Ancap fuera a vender combustible al precio promedio de la región, tendríamos una pérdida fiscal agregada del orden de los USD 500:000.000. Si lo aplicáramos solo al gasoil, nos costaría aproximadamente USD 134:000.000. Es obvio que hoy no puede existir una renuncia fiscal de ese tipo. Ya todos sabemos que el déficit fiscal va a aumentar porque el egreso fiscal va a ser mayor y el ingreso menor. Además, todos prevemos una caída en el nivel de actividad que agrandará ese déficit. Sabemos que esto no puede hacerse de hoy para mañana, pero es fundamental que emprendamos ese camino. Habrá que considerar otras variables y otras cuestiones en esa decisión y la elasticidad en el ingreso de la recaudación se vuelve fundamental en esas circunstancias. Por supuesto, hay que ver el costo financiero que supone el rezago en la recuperación de esos niveles de recaudación. Todos confiamos en que el mayor nivel de actividad va a devolver a las arcas fiscales lo que signifique renuncia fiscal, pero eso tiene un rezago y este, a su vez, un costo y ¡vaya que estamos en el límite de esos costos financieros! Todo eso va a suceder y va a hacer que ese camino que emprenderemos tenga su tránsito en el tiempo, pero lo importante es que el Uruguay se encamine, con seriedad y con la obligación que este debate y esta ley imponen, para bajar el costo de los combustibles, que hoy está operando como una enorme condena para el trabajo nacional. Muchas gracias.