SEÑOR BERGARA. Decíamos que ya habíamos hecho referencia a esto en oportunidad de la discusión general del proyecto de ley. Para nosotros, este bloque de artículos constituye una de las facetas más negativas de la ley de urgente consideración. Lo interpretamos como una clara marcha atrás en procesos de derechos que se derivan de la inclusión financiera y como un debilitamiento de marcos normativos que hacen a los mecanismos de prevención de lavado de activos, que también tienen que ver con la reputación internacional del país. Sabemos que son temas polémicos, pero nosotros vamos a dar nuestra visión en ese sentido. Obviamente, si después la discusión va por otras vías, también la daremos, pero apuntamos a respetar la solicitud del señor senador Penadés y de la señora presidenta del Senado en cuanto a ceñirnos –de manera consistente, pero breve– a estos temas. Varios aspectos nos resultan negativos. En primer lugar, hay una marcha atrás con respecto a la dirección en la que va el mundo, en cuanto a volver a promover la utilización de dinero en efectivo, algo que a nivel internacional va a contramano de lo que está pasando y de lo que se promueve. Ni que hablar en momentos de pandemia, cuando hasta las propias autoridades sanitarias sugieren minimizar el uso del efectivo, pero más allá de la cuestión circunstancial de la crisis sanitaria está claro que es una tendencia que se estaba dando a nivel internacional. La Ley de Inclusión Financiera ha sido abrazada por la población, en particular en este aspecto de la utilización de medios electrónicos. El total de los pagos que hacen los uruguayos todos los días por este medio pasó del entorno del 8 %, cuando se votó la ley, a órdenes del 40 % en la actualidad. Al día de hoy existen más de dos millones de tarjetas de débito en el país –o sea, medios electrónicos asociados a cuentas bancarias–, pero también hay más de un millón trescientas mil tarjetas de instrumento de dinero electrónico que no están asociadas a cuentas bancarias. Se ha generado esa competencia en el sistema de pagos, que ha sido saludable, y la gente –reitero– ha abrazado notoriamente ese instrumento. Sin duda, eso ha ayudado a la eficiencia, a la reducción de costos en el funcionamiento del sistema de pagos, a la transparencia de la información, y a la formalización de la economía y de las relaciones laborales. No hay dudas con respecto a eso. Esto también permite que –lo voy a atar a la otra cuestión que nos resulta realmente negativa– se habilite el pago en efectivo de las remuneraciones de los trabajadores y para nosotros es una marcha atrás. Hay una cuestión que para nosotros es ilusoria; no creemos que el trabajador realmente tenga margen de negociación para definir o incidir en la forma en que va a cobrar su salario en el momento en que está consiguiendo su trabajo. Además, hay que ver lo que pasó en estos años, porque existen más de cuatrocientas mil nuevas cuentas en el sistema bancario –son cuentas sueldo– que les permiten a los trabajadores acceder a servicios financieros gratuitos como antes no tenían. Por lo tanto, en este sentido también vemos muy negativa esa formulación. De la misma manera, nos parece negativa la posibilidad de que se puedan hacer transacciones en efectivo por hasta un monto equivalente a los USD 100.000. Uno podría entender que en el proceso de la evolución de los negocios y las monedas, en estos años el monto tope que hoy rige, que ronda los USD 4000, pueda considerarse reducido. En el trabajo de la comisión manifestamos la disposición a considerar un monto un poco mayor, pero nos parece que insistir en los USD 100.000 de equivalente es realmente un exceso, porque no nos podemos imaginar transacciones hechas con USD 100.000 en billetes que no tengan una sospecha mayúscula en términos de evasión y de lavado de activos. De hecho, las propias normas de prevención de lavado implican que en una enorme cantidad de delitos precedentes del lavado, los montos mínimos para considerarlos como tales, por ejemplo, rondan los USD 20.000 o USD 30.000. Recién en la defraudación tributaria se llega a los USD 100.000, pero en el contrabando son USD 20.000. Parece increíble que dejemos hacer operaciones en efectivo que son cinco veces más grandes del monto mínimo, por ejemplo, del contrabando, como precedente del lavado de activos. Esto fue enfatizado por los múltiples expertos independientes que desfilaron por la comisión especial y nos alertaron de estas circunstancias. También nos han advertido sobre la previsible consecuencia en las próximas revisiones de los organismos internacionales en la materia, tanto los de transparencia fiscal como los de prevención de lavado, porque vamos a tener dificultades para sostener la buena evaluación que ellos realizan sobre el marco normativo y su buena aplicación en el Uruguay. Es más, cuando uno revisa el último informe de evaluación del Gafilat –rama latinoamericana del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que emite las recomendaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo– comprueba que explícitamente se dice que las restricciones al uso de efectivo son un punto fuerte del marco normativo uruguayo en esta materia. Asimismo, nos preocupa lo que según nuestra perspectiva es un debilitamiento de las exigencias de la debida diligencia en la prevención de lavado de activos por parte de algunos sujetos obligados. Sabemos que es un tema polémico, pero en nuestra opinión la formulación que está en el proyecto de ley no hace ningún favor para sostener de manera consistente un marco que el propio Gafilat veía con preocupación. A pesar de la buena evaluación, uno de los puntos que el Grupo marcaba con preocupación era el escaso número de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que provenían de sujetos obligados que estaban por fuera del sistema financiero. Según nuestro punto de vista, las normas que hoy tenemos no van en la dirección de fortalecer ese aspecto, sino más bien de debilitarlo; por lo tanto, nos parece que van en la dirección incorrecta. Consideramos que por algunas derogaciones que plantea el proyecto de ley realmente tiene que haber un error, porque no solo se habilita de manera mucho más amplia y excesiva la utilización del efectivo, sino que también todo esto va a traer –no tenemos dudas– más evasión. El propio Gobierno debería ser el primer interesado en combatir la evasión, sobre todo después de la discusión sobre el tema fiscal que acabamos de dar; si bien el Gobierno ya se preocupará de ese combate, está claro que los incentivos juegan. Permitir transacciones en efectivo, pagos de remuneraciones y honorarios profesionales también en efectivo hasta por cien mil dólares realmente no nos parece que haga ningún favor al combate contra la evasión. Además, se derogan las normas sancionatorias, el artículo 46 de la Ley de Inclusión Financiera, en el que esencialmente está contenida la estructura de sanciones. Esto quiere decir que no solamente se habilita de manera excesiva el uso de efectivo, sino que también nos quedamos sin sanciones para los incumplimientos. (Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez). –Estas son las principales razones por las que vemos que esta marcha atrás en el marco normativo de la inclusión financiera y del lavado de activos es extremadamente inconveniente para el país y, en particular, para los trabajadores. Por eso es que vamos a votar negativamente. Muchas gracias, señora presidenta.