SEÑOR GANDINI. Muchas gracias, señora presidenta. En este grupo de artículos que figura bajo la denominación de «Libertad financiera» se abordan dos legislaciones diferentes que a veces se solapan, a veces se pisan y otras veces se confunden. Una es la legislación vinculada a lo que se llamó inclusión financiera; digo legislación y no ley porque está la Ley n.º 19210, del año 2014, pero luego hubo otras leyes que fueron corrigiéndola. La otra legislación es la que refiere al lavado de activos y que tiene que ver con la Ley n.º 19574, del año 2017, y también con otra serie de normativas, algunas vinculadas a tratados internacionales a los que el país se comprometió. En campaña electoral nosotros nos comprometimos a la libertad y eso venimos a cumplir. Muchísima gente sintió que se limitaba su libertad y se vio obligada a hacer cosas que no quería en el manejo de su salario. En algunos lugares aún hoy no puede disponer de sus ingresos inmediatamente y cuando quiere; hasta llegó a desarrollarse la figura del comisionista porque hay obligación de cobrar con una tarjeta a través de un cajero, pero en algunos trabajos no hay cajero o hay uno solo, y no siempre tiene fondos disponibles. Eso generó restricciones que nosotros nos comprometimos a levantar. También es verdad que no estamos trabajando sobre un escenario libre, nuevo; no estamos construyendo en el pozo. No se trata de que no haya nada allí y, por lo tanto, podamos diseñar un sistema con la forma y el camino que entendamos que es mejor y más correcto. Se ha construido un sistema denominado «inclusión financiera» que está en vigencia y tiene consecuencias; no podemos desmontarlo en su totalidad. Hicimos y fuimos hasta donde pudimos. Quizás lo mejor –o lo que hubiéramos querido hacer– hubiera sido, por ejemplo, liberar absolutamente el cobro de retribuciones personales, pero eso hoy tiene consecuencias. Por lo tanto, fuimos a una modalidad de libertad para el futuro en la negociación y el acuerdo entre el empleador y el empleado. En el peor de los casos, seguirá como está; en otros, a lo mejor sería conveniente para ambas partes un pago en efectivo. Seguramente serán los menos, pero habrá más libertad que ahora, aunque no libertad plena, porque el acuerdo es eso: la voluntad de ambas partes. Por lo menos, existe la posibilidad de una negociación entre ambas partes en la que podrán intervenir las personas e incluso las organizaciones. No hay que dar por bueno que el movimiento sindical en su conjunto o las organizaciones gremiales en su totalidad van a seguir en el sistema actual; tal vez algunas quieran negociar con su patronal un camino diferente. Hoy van a poder hacerlo para los nuevos trabajadores. Del mismo modo, hay artículos que prevén otros cambios. Por ejemplo, los honorarios profesionales podrán ser acordados en efectivo con un tope: el mismo que rige para otro tipo de transacciones, que es de USD 100.000. Recién se decía que estas prácticas pueden favorecer la evasión. No está demostrado que la aplicación de este artículo haya mejorado la recaudación y combatido la evasión ni dentro del BPS ni para la DGI. Tenemos algunos informes que no vamos a leer porque no queremos aburrirlos, pero eso es lo que dicen. Además, no hay que confundir. Con el sistema actual se confunde la tarjeta con la factura. Podría darse el caso de un profesional que tiene que cobrar USD 50.000 por un trabajo realizado y acuerda con quien tiene que pagarle que USD 20.000 sean con tarjeta y los otros USD 30.000 por debajo de la mesa. ¿Puede o no puede hacerlo? Claro que puede. Lo mismo puede hacerse con el pago de un salario: «Te pago hasta tanto por vía legal y equis por fuera». Esto no evita esas conductas, como tampoco lo hace el pago al contado. Son dos aspectos diferentes. La tarjeta registra, como si fuera una factura, lo que se pagó efectivamente con ella, pero no precisamente el monto total de la transacción. Por eso no necesariamente mejoró la situación; hubo otros aspectos que ayudaron a mejorar la recaudación. En definitiva, creo que a este sistema que aporta libertad, no podemos echarle la culpa de las patologías que eventualmente pueda tener hoy y mantener mañana. Lo cierto es que los honorarios podrán pagarse en efectivo hasta ese monto y las transacciones con proveedores, que hoy obligatoriamente deben hacerse a través de un depósito, podrán hacerse igual, pero habrá libertad de pactarlo de forma diferente o, mejor dicho, habrá libertad para el proveedor de cobrarlo diferente hasta un determinado monto, que es el más bajo de los que regula el Tocaf: el de la compra directa común, que asciende a unos $ 500.000. Esto es así porque desde algunos lugares del país nos han trasmitido la preocupación de que a veces el Estado puede pagar mediante una cuenta bancaria, pero el pequeño proveedor que brindó un servicio o vendió un bien no tiene una cuenta bancaria para que le depositen el dinero o, aunque la tenga, no tiene adónde ir a cobrar porque en el lugar donde está radicado no hay cómo hacerlo. El artículo 219 eleva el monto vigente para las transacciones en efectivo. Si llevamos ese monto a dólares, vemos que hoy pueden hacerse transacciones en efectivo de hasta USD 4500 y, por lo tanto, la enorme mayoría de ellas deben efectuarse por medio de otros instrumentos. Nosotros lo elevamos a UI 1.000.000, una cifra bastante cercana a los USD 100.000 para hablar más claro. Por debajo de eso hay una cantidad de transacciones –quizás la mayoría–, pero por encima están las más importantes: la venta de inmuebles, la venta de campos; prácticamente todas están por encima de ese monto. Ahora, pagar en efectivo un monto de USD 50.000 para comprar un terreno humilde en un balneario no quiere decir que el escribano interviniente en esa operación o el operador inmobiliario que intervino en la compraventa tengan que dejar de aplicar las obligaciones que están vigentes por otra ley –no la de inclusión financiera–, que es la referida al lavado de activos. Tendrán que reportar, eventualmente, una operación que les parezca sospechosa, porque tampoco es común que venga un señor con una valijita con USD 50.000 o con USD 80.000. En ese caso, el escribano va a estar más incómodo que si vienen con una letra de cambio y tendrá que mirar un poco mejor eso. Pero si vienen con una letra de cambio también tendrá que aplicar esa normativa, tal como se regula en los artículos 221 y 222. Lo que quiero decir es que, sea en efectivo o no la transacción, o esté por encima o por debajo de USD 100.000, no exonera de las obligaciones que emergen de otra legislación para determinados actores de la transacción. Esto nos da tranquilidad y no podemos afirmar, con la misma certeza con que se ha dicho aquí, que estas normas serán observadas por los organismos internacionales, porque no nos parece que sea así. Tenemos la percepción de que el Gobierno anterior cumplió con las normativas internacionales, pero apostó a ser el mejor de la clase y aplicó una exigencia que no impusieron otros, que no están observados ni figuran en ninguna lista. Entonces, con la aquiescencia y el apoyo del Poder Ejecutivo, vamos a una normativa un poco más flexible. Debemos decir también que, entre las normas que se derogan, no están aquellas que impiden el fraccionamiento en el momento del pago –lo que también da tranquilidad– ni el artículo 36 BIS, que obliga al escribano a dejar registrado en la escritura cuál fue la forma de pago. Mejor dicho: si derogamos el artículo 36 BIS, pero establecemos esa norma más ajustada en la redacción del artículo 222, el escribano no podrá inscribir la escritura si no establece cuál fue la forma de pago, es decir que si hay una transacción por debajo de USD 100.000 que se hace en efectivo deberá quedar explícitamente consagrado en la escritura cómo se pagó, cuánto se pagó, en qué moneda, etcétera. Eso también aporta trazabilidad y prende las luces amarillas –como debe ser– para controlar todas las operaciones y a los sujetos intervinientes que deban ser controlados. Hay otra norma en la que se trabajó, sobre la que se consultó mucho y resultó muy enriquecida por aportes que se recibieron en la comisión por parte de técnicos y delegaciones oficiales, como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, y también de quienes ocuparon esa secretaría antes. Todo eso nos permitió formarnos una opinión y redondear una redacción que toma aspectos que brindan garantías y se alinean, a nuestro juicio, perfectamente con la normativa internacional. Pero estaríamos hablando de otra legislación vinculada al lavado de activos. Esta es mi referencia inicial sobre un tema que ya hemos discutido mucho. Por lo tanto, creo que podríamos –más allá de las intervenciones que se van a hacer en sala– no entrar en un debate, ya que es un tema en el que, obviamente, no tenemos una visión unificada.