SEÑOR OLESKER. Voy a hablar expresamente del capítulo de arrendamientos sin garantía. (Dialogados). –No voy a decir cuántos puntos voy a tratar porque no lo sé. (Hilaridad). –El capítulo de arrendamientos sin garantía lo vamos a votar en contra. En la comparecencia de la señora ministra nosotros hicimos varias observaciones al respecto. La primera, es que no hay un diagnóstico de cuál es el número de personas que estarían afectadas por este problema y cuáles serían las soluciones que ya existen. El señor director general de Vivienda, que acompañó a la ministra, en su exposición dijo que la información con la que contaba –y que nosotros también teníamos– era que aproximadamente había nueve mil novecientos subsidios de alquiler para personas sin garantía del combinado MvotmaMides. Sin embargo, como no lo sabemos, creemos que se toma un camino de desregulación del mercado de alquileres, un mercado que ya es relativamente desregulado, aunque todavía esté regido por el decreto ley de arrendamientos de 1976. Nos preguntamos cuál es la experiencia internacional, qué es lo que se hace en otras partes del mundo donde también hay problemas de arrendamiento. Hay básicamente dos caminos que propusimos para este terreno. Por un lado, el que hacemos nosotros: el sistema de garantía de alquileres de la Contaduría General de la Nación, que ha avanzado en la trama de personas incorporadas a ese sistema, ampliándola. Los más veteranos recordaremos que históricamente era un sistema exclusivo para empleados públicos y después se extendió para los privados, para jubilados y pensionistas, para beneficiarios de los convenios Mvotma y de los subsidios del Banco de Previsión Social. Es decir que fue aumentando la trama que se incorporaba en los subsidios de este sistema. Esta es una solución que se debería seguir profundizando. Por otro lado, la experiencia que hay en muchas partes del mundo es la conformación de un fondo de garantía entre inquilinos y propietarios para que luego, a través de retenciones, eso vaya fortaleciendo un fondo que permite dar garantías a quienes no la tienen para alquiler. Ni una ni otra cosa está en el proyecto de ley. En ambos casos lo que se propone es un sistema de arrendamiento sin garantía. Pero, cuando nosotros nos metemos en el capítulo de arrendamiento sin garantía, encontramos que el nomen iuris está mal, porque este no es un capítulo de arrendamiento sin garantía, sino de desalojo exprés. Así debería llamarse, a nuestro juicio, este capítulo. El artículo 451, en la versión original, plantea que para buenos pagadores el desalojo es en treinta días. Si le sumamos que puede apelar y que el alguacil tiene no sé cuántos días para ir, entre pitos y flautas se van unos cincuenta y siete días. Eso es todo lo que tiene y lo podemos comparar con lo que existe hoy para buenos pagadores, que es un año. Además, el arrendador no tiene que determinar si está al día con los impuestos; puede ingresar en cualquier momento a la finca para evaluar los daños y la moneda de reajuste puede ser múltiple. En fin, más que un arrendamiento sin garantía es una flexibilidad de los mecanismos de arrendamiento para que el arrendador tenga todas las garantías. Dicho sea de paso, como digresión señalo que cuando estuvo la Cámara Inmobiliaria Uruguaya en la comisión, en la sala 15, dijo que veía poco probable que algunos de sus socios se sumaran a este esquema. De todos modos, este no es un fundamento para no votar. La propia ministra dijo: «Esto es un mecanismo más que seguramente va a ser pequeño». La verdad que hacer todo esto para algo pequeño no parece muy adecuado. Además, ese desalojo exprés es mayor en el caso de los no pagadores, que es de seis días y que pueden transformarse en catorce contando todos los mecanismos de apelación. Es así que en lugar de buscar una solución para el problema se termina generando un remedio peor que la enfermedad. Por eso nosotros, este capítulo, que es el original, no lo vamos a votar.