SEÑOR ANDRADE. Cita el doctor Ermida, entonces, el artículo 53 de la Constitución, cuando dice: «… la colectividad [...] procurará ofrecer…». Y sostiene: «… no se ve con claridad qué sentido tiene la pretensión de hacer prevalecer un derecho programático (que algunos incluso niegan que se trate de un derecho), sobre otro perfecto y autoejecutable por esencia, como el de huelga. Más aún: resulta por lo menos incoherente que los responsables de garantizar el derecho al empleo...». Es decir que si fuera así, les estaríamos violando el derecho al trabajo, consagrado en la Constitución, a las decenas de miles que hoy están desocupados. Por lo tanto, sintetiza que no parece sensato ni razonable sostener que aquí haya una colisión de derechos. Después habla sobre si prevalece el derecho colectivo o el derecho individual, y manifiesta una opinión. Ahora bien, cuando plantea la suposición de que están en pie de igualdad, dice que la armonización de estos dos derechos vendría dada por el carácter esencialmente provisional de la huelga y no permanente. Ninguna huelga le va a prohibir el derecho al trabajo para siempre a alguien, como tampoco limita el derecho a la propiedad. En esta misma dirección, desde el punto de vista jurídico, el Instituto de Derecho Laboral de la Udelar reafirma de manera contundente esta mirada acerca del derecho de huelga. Se refería también el señor senador Gandini a los decretos. El decreto de las ocupaciones, que define la ocupación pacífica, fue un avance indiscutible. ¿Qué teníamos antes? ¿Cuál era la normativa sobre la que el señor senador Gandini no nos informó? Teníamos el Decreto n.º 512/966. Esa norma decía que el empresario podía desalojar cuando quisiera. Ahora bien, como lo reconocí acá, los Gobiernos de 1985 al 2005 no aplicaron este decreto. Nunca ocurrió que el empresario llamara y los trabajadores fueran desalojados. Había negociación, se convocaba a las partes, se discutía. Como está redactado actualmente, esos derechos se ven fuertemente limitados. Hubo después un decreto de la dictadura, el Decreto n.° 622/973, del mes de agosto de 1973, que fue derogado. Después tuvimos la ley de Bolentini, sobre la cual tuvimos una polémica. La tengo acá para que revisen las coincidencias con el proyecto que está presentado en la Cámara de Diputados, que nada tiene que ver con el otro proyecto de negociación colectiva que se presentó en el 2019.