SEÑOR BERGARA. Señora presidenta: yo no voy a gritar. Me han escuchado todos estos días; hace un mes que me escuchan hablar y nunca me habrán escuchado gritar porque siempre fui un convencido de que levantar los decibeles, el volumen de la voz, no hace que a uno le asista más la razón. A mí también me gustaría ubicar el caso que estamos tratando en un contexto más amplio porque tenemos fresca la campaña electoral y las genuinas discrepancias y discusiones que se dan en ella. En la campaña electoral, referentes del tema de relaciones laborales del actual Gobierno fueron muy claros en decir que, para ellos, los consejos de salarios solo tenían que remitirse a negociar salarios mínimos desconociendo, de alguna manera, el proceso de maduración que ha tenido la negociación colectiva desde la década del cuarenta hasta el 2020. Hoy, en la negociación colectiva, se discuten salarios –no solo mínimos–, escalas y también otras condiciones laborales. Se discuten, por ejemplo, programas de capacitación, por esa preocupación compartida sobre la evolución tecnológica y el futuro del trabajo. Además, en el marco de la campaña, discutíamos acerca de lo imprescindible que es la negociación colectiva para explicar el resultado de que el aumento de la torta vino con derrames positivos en materia social, de que la negociación colectiva fue un factor fundamental para que los trabajadores se apropiaran de su cuota parte del crecimiento económico. En los Gobiernos del Frente Amplio la economía creció y también el salario real, en una proporción similar e incluso mayor, al igual que las pasividades y, además, lo hizo en el marco de un mayor volumen de empleo y de formalización. La importancia de la negociación colectiva fue un tema de campaña y, en ese ir y venir de la discusión, escuchamos compromisos de campaña del actual Gobierno que nos gratificaron como, por ejemplo: «Quédense tranquilos, el poder de compra de los trabajadores no va a caer» y «Quédense tranquilos, se va a mantener la negociación colectiva». Hoy que estamos en esta dinámica de hacerse cargo y asumir los compromisos de campaña, no hay nada que pretenda, que desee con más ahínco –y lo digo así porque hoy estuvimos en un día bastante poético– que ver que esos compromisos de campaña se cumplen, que no se producen caídas del poder de compra de los trabajadores ni de los pasivos y que hay una negociación colectiva potente porque eso les hace bien a todos: les hace bien a los trabajadores, les hace bien a los empresarios, le hace bien al Estado, le hace bien al país y le hace bien a la institucionalidad. Teniendo ese marco como contexto, es imposible no instalar lo que se ha planteado por parte de nuestros compañeros. Hoy tenemos un aumento de la tasa de inflación que sabemos que significa erosión del poder de compra de salarios y pasividades. Hoy tenemos la tasa de inflación anual más alta desde el 2003. Recibimos la noticia de la formulación salarial del Gobierno en la que se plantea una pérdida del salario con todas las letras. En ese contexto se discuten estos cuatro artículos, más otros dos que mencionaba el senador Olesker. La Constitución de la república, en su artículo 57 –como bien leyó el señor senador Gandini–, hace referencia al derecho de huelga como derecho gremial y establece que la reglamentación regulará y promoverá no solo su ejercicio, sino también su efectividad. Eso significa que, por supuesto, hay que armonizar derechos. Quizás, si no hubiera necesidad de armonizar derechos, no sería necesario el Estado. Pero armonizar derechos no significa que todos estén ubicados siempre en el mismo lugar –no estoy asignando intencionalidad; solo hago una interpretación posible, que es la nuestra– porque a veces la armonización tiene variantes para cumplir el mandato constitucional de garantizar la efectividad del derecho de huelga. En la formulación de estos artículos, que no nos gustan y que vamos a votar en contra –repito lo que dijeron mis compañeros–, vemos una confusión en la resolución de la armonización del derecho de huelga, en general, y del derecho a las ocupaciones. Son aspectos diferentes y cuestiones que deben abordarse en el marco de la armonización de derechos, en nuestra opinión, de manera distinta. Está claro que en todos estos días se han planteado muchos artículos que, incluso, dijimos que eran innecesarios desde el punto de vista legal. Con lógica y con derecho se nos respondió que lo que se estaba haciendo era dar señales. Nosotros también interpretamos señales en este conjunto de planteamientos; señales que no nos gustan; señales que nos preocupan; señales de dureza y una gestualidad que no ayuda. No nos gustan estos artículos porque los interpretamos en esos contextos y, además, llevan a una relación de rispidez innecesaria. Si por tener visiones discrepantes en este tema, el corte es entre quienes defienden la libertad y quienes no la defienden, flaco favor le hacemos al debate parlamentario democrático que esta casa merece. Por la libertad en el Uruguay, miles y miles de frenteamplistas –y no frenteamplistas– dieron la vida, dieron sangre, dieron exilio, dieron clandestinidad; aceptaron la tortura, tuvieron a sus hijos o a sus nietos desaparecidos o desaparecieron ellos mismos. Por lo tanto, antes de plantear las cosas en esos términos, tenemos que ponerlas en perspectiva. Ningún frenteamplista fue ministro ni miembro del Consejo de Estado de la dictadura. No somos más que nadie ni pretendemos tener más medallas porque hubo luchadores por la libertad en todos los partidos políticos. Pero, con más razón, antes de plantear las cosas en esos términos debemos tener esa imagen y ese recuerdo. Si estamos en esta casa es porque mucha gente –de todos los partidos– luchó por la libertad. Por más que haya una discrepancia en un tema específico, como el derecho de huelga, e interpretaciones diferentes sobre el impacto que pueden tener estos artículos, llevar la discusión al terreno de quienes defienden la libertad y de quienes no lo hacen, nos parece extremadamente inconveniente, inapropiado, injusto y no le hace ningún favor al debate democrático en el país.