SEÑOR OLESKER. Quisiera hacer una reflexión general y plantear algo que está en línea con lo que hemos establecido en otros temas. A nuestro juicio, esta ley tiene cuatro riesgos. Esperaba que hubiese un fundamento de la inclusión financiera o, ahora, de la desinclusión financiera sustentada en la evaluación del régimen en la exposición de motivos o en la intervención del Poder Ejecutivo en la comisión, pero no lo hubo. De hecho, el propio senador Gandini aludió que no tenía conocimiento de una evaluación sobre la formalidad. Sin embargo, el senador Botana me dio la posibilidad de escuchar en su exposición algunas de sus evaluaciones, que no sé si lo hizo representando a la coalición o a título personal. Por lo tanto, entiendo que hay alguna evaluación. Entonces, quiero comenzar haciendo algún comentario sobre esas evaluaciones que hemos escuchado porque, a nuestro juicio, tienen dos errores muy importantes. El primer error tiene que ver con que en la mayor parte de su intervención se refirió a las tarjetas de crédito; lo del 7 % al 4 % que comentó son para las tarjetas de crédito. La Ley de Inclusión Financiera no tiene nada que ver con las tarjetas de crédito, sino con las de débito, que disminuyó el porcentaje de 7 % a 1,15 %. Hay un compromiso ya escrito –que queremos que se termine de cumplir– con respecto a alcanzar en un plazo breve y determinado el 0,85 %. Entonces, efectivamente, el costo de inclusión bajó. Espero que la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas –que vamos a votar hoy– no sustente sus estudios en evidencias empíricas casuísticas –como la que escuchamos antes de la intervención del senador Botana–, porque yo tengo también muchas cartas de comerciantes que están muy contentos con la inclusión financiera. Podría traerlas y leerlas para fundamentar lo bueno que ha sido el sistema de la inclusión financiera, pero las evaluaciones no se hacen así, sino que son de contenido estructural, global y el hecho objetivo es el que estoy ahora mencionando, como el costo del pos. El costo de acceder a débito pasó de 7 % a 1,15 %, y alcanzará el 0,85 %. El segundo error se refiere a que cuando se analiza la formalidad o informalidad en el trabajo –en el caso del objetivo de las tarjetas de débito, fue la informalidad de los asalariados– no importa la ley general. Si ponemos a los cuentapropistas en la cuenta global llegamos a las cifras de veinticuatro o veinticinco –ahora no recuerdo– que nos dio el senador Botana. Sin embargo, en asalariados la informalidad pasó de 25 % a 11 %. O sea que, efectivamente, en asalariados el porcentaje de informales bajó. El último dato es que en Uruguay hay 1:163.072 asalariados y 1:031.199 formales. Es decir que la informalidad es el 11 %. Nosotros no tenemos el tupé de decir que esta baja solo se debió a la inclusión financiera, pues también se debió a la reforma del sistema de salud que, al integrar a toda la familia a la cobertura sanitaria, estimuló que los trabajadores se formalizaran, y se debió a la política activa del Banco de Previsión Social y de la Dirección General Impositiva actuando sobre la evasión. En realidad, se debió a varias cosas, pero está claro que si en este período esto bajó, no se puede decir que no funcionó. También sabemos –no tengo el dato estadístico, pero lo sabemos– que en el caso de los comercios la informalidad cayó. Yo conozco –todos acá debemos conocer– comercios que dicen que no cuentan con tarjeta de débito porque se le lleva la ganancia, pero también conozco muchos comercios que han crecido en sus ventas con las tarjetas de débito. Y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con este análisis que estaba haciendo. Cuando nosotros incorporamos la Tarjeta Uruguay Social, muchísimos comercios que eran potenciales vendedores de quienes tenían esa tarjeta no eran formales y, por lo tanto, no podían vender a la población del Ministerio de Desarrollo Social, pero se formalizaron en cifra creciente. Esos datos están, pues figuran en las estadísticas del ministerio, aunque no los recuerdo ahora, pero lo cierto es que fue muy importante. Así que mi primera reflexión es que, con estos datos, nosotros tenemos una evaluación positiva del funcionamiento del sistema en términos de los objetivos que leyó el senador Botana cuando comenzó su intervención, por lo que me ahorró leerlos. Teniendo en cuenta todos esos objetivos, es decir, los costos de la inclusión, la amplitud de la formalización, los beneficios para las personas integradas al esquema, esto ha funcionado. Hecha esta reflexión, creo que en este proceso todos reconocemos que hubo cambios; quizás el cambio más significativo es el del fraccionamiento y yo creo que, si bien es poco el cambio, algo se modificó. Ahora bien, para nosotros en este contexto se generan cuatro grandes riesgos que quiero mencionar. El primero tiene que ver con el derecho de los trabajadores. En este sentido, hago mía la intervención de la senadora Della Ventura, pues fue muy clara. Si lo que se quisiera es dar libertad al trabajador debería haberse establecido que el que elige es el trabajador. Eso está clarísimo que es así y no hay lugar a dudas. No creo que haya alguien, cualquiera sea la literatura, ni los keynesianos, ni los regulacionistas, ni los marxistas y ni siquiera los neoliberales, que pueda creer que hay una relación igualitaria –como dice el artículo– cuando se inicia una relación laboral. Nadie puede creer eso. Es más, nosotros creemos que no la hay a lo largo de toda la relación laboral. Por eso hemos sido partidarios de un Estado regulacionista e intervencionista en materia de relaciones laborales. Pero ni aun los que son menos intervencionistas pueden creer que cuando alguien solicita un empleo, el empresario le va a decir: «¿Y tú qué quieres?, porque vamos a hacer un acuerdo para ver cómo se paga el salario». Eso no existe. Entonces, si se quisiera dar libertad –que es el título que se pone, como bien dijo la senadora Della Ventura– debería haberse establecido que es el trabajador el que tiene que elegir. A nosotros nos preocupa esto, porque esta formalización de asalariados, de 25 % a 11 %, no fue pareja y fue mucho más importante en sectores que tenían fuertes dosis de informalización. Me refiero al trabajo rural, al doméstico, a la propia construcción –a pesar de que en 2015 había logrado importantes niveles de formalización–, al comercio minorista, especialmente al del interior del país. Es a esos sectores a los que hago referencia. ¿Alguien puede pensar que los bancarios, los trabajadores de la salud privada o los de la industria láctea van a correr el riesgo de que no se les incluya? Es probable que no porque tienen una fuerte organización sindical y una negociación colectiva que los protege. Preocupa más en los sectores más débiles porque entre los trabajadores también hay sectores con más debilidad. Por tanto, creo que hay un riesgo primario de los derechos de los trabajadores. En segundo término, hay riesgo de evasión. Entiendo lo que dice el señor senador Gandini en cuanto a que es posible que suceda ahora. Puede ocurrir que el empleador le diga al empleado que, como está obligado a pagarle por medios electrónicos, va a pagarle $ 30.000 de esa forma y $ 10.000 por afuera. Eso puede pasar, pero no puede pagarle los $ 40.000 por afuera. Eso es muy relevante en la significación del cambio. No puede pagar todo. Si no, no figuraría en la planilla de trabajo. Sin embargo, ahora sí podrá pagar todo por fuera. Entonces, este es un cambio significativo en la evasión. Lo mismo pasa con los honorarios profesionales y en todos los rubros, aunque reconocemos que ahora, en la LUC 2, se puso un límite a los honorarios profesionales. En la versión 1 no los tenía. Digamos que la versión 1 no tenía límites sobre nada. (Interrupciones). –Está bien. Yo le llamé LUC 1 y tengo derecho a llamarla de esa manera. El tercer riesgo refiere a la transparencia pública. No conozco ningún país del mundo donde los proveedores del Estado puedan pagar en efectivo. Esta es una innovación muy relevante. No conozco lugares donde eso ocurra. El Estado está hecho para cobrar por medios electrónicos, para cobrar por determinadas maneras. Aquí hay problemas de trazabilidad y de transparencia que están en juego y en riesgo. En cuarto lugar, me sumo a los fundamentos del señor senador Bergara. De estos cuatro temas es en el que menos he trabajado. Me refiero al riesgo de la seguridad, que pasa de USD 3461 –el equivalente a las unidades indexadas que podían pagarse en efectivo en 2017– a UI 1:000.000, equivalentes a USD 107.933. Creo que allí hay un gran riesgo de seguridad en el uso del dinero, en el lavado de activos y en la vuelta a las listas grises, por lo menos. Resumo, entonces: riesgo del derecho de los trabajadores, riesgo de evasión, riesgo de transparencia pública, riesgo de seguridad. Esos son los cuatro riesgos que creemos que, aun con los pequeños cambios realizados, estarán fuertemente vigentes cuando aprobemos este proyecto de ley. Gracias.