SEÑOR ANDRADE. Señora presidenta: saludo que haya interpretaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero nosotros recibimos opinión concreta sobre estos artículos de parte del relator de la convención y del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fueron categóricos, contundentes. No dieron lugar a dudas en el sentido de que la redacción de estos textos sea una redacción que limita, que restringe. En la misma dirección se pronunció la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, del Uruguay. Sé que hay quienes entienden que los organismos y las convenciones internacionales –¡vaya a saber por qué fundamentación!– no debieran ser tenidos en cuenta. Nosotros estamos en medio de una ley de urgente consideración en este contexto. ¡Vaya si vale para el tema de las relaciones laborales! Precisamente, hoy salió el dato de desempleo de marzo: según el INE, 115.000 uruguayos dejaron de buscar trabajo en marzo y 93.000 lo perdieron. En medio de este contexto de derrumbe, de caída, en medio de una circunstancia de un anuncio radical de rebaja salarial, el ajuste salarial de junio va a ser cero. O sea que culminan los convenios colectivos con el correctivo ya negociado del convenio anterior, y el ajuste va a ser cero. ¡Y no va a haber aumento de salario en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre! La política salarial de la coalición de gobierno sostiene que puede haberlo en enero o en abril. Esta es una decisión contundente, radical y categórica de sobre quiénes se van a descargar los efectos de la crisis económica. ¡Sin duda! Cuando votamos la creación del fondo coronavirus, advertimos que era evidente que la decisión más gruesa y dura no era esa, sino la que viniera después, es decir, esta. Cualquiera que haya negociado un salario alguna vez en la vida sabe que firmar un convenio que tenga un correctivo al final de cinco, seis o siete puntos, es firmar el suicidio; ¡el suicidio! O sea que dentro de un año deberá renegociar otra vez un aumento de cero y, cuando mucho, una parte del correctivo. Supongo que en la cámara debe haber gente con experiencia en transitar la negociación colectiva y los riesgos. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy? ¿En qué momento discutimos el tema de restringir el derecho de huelga, tal como nos lo manifestó en forma unánime el Instituto de Derecho Laboral? Aclaro que me refiero al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Universidad de la República del Uruguay, no a un organismo internacional. ¡Se restringe el derecho de huelga en medio de una medida de recorte salarial brutal, muy dura, que ni siquiera toma en cuenta los salarios más bajos! No están diciendo que no van a recortar los salarios más sumergidos, sino que el recorte es radical. ¿Y cuál es el resultado de un recorte de estas características? Que ningún dirigente sindical puede firmar el convenio colectivo. Se derrumba la negociación colectiva. La decisión de la coalición de gobierno, desde el momento en que restringe el derecho de huelga, condena la negociación colectiva. Habrá decretos que firmarán el Poder Ejecutivo y las patronales, pero la negociación colectiva –que fue un elemento que de manera sistemática estuvo en debate en la campaña electoral– se derrumba. Lo que se hace es ofrecer pautas salariales innegociables para que el resultado final sea que no haya negociación colectiva. Como dice la cátedra de derecho laboral de América Latina y del mundo, el derecho laboral se apoya en tres pilares: sindicato, huelga y negociación colectiva. Funcionan juntos o no funcionan. En dictadura no funcionaba o se intentó que no funcionara ninguno. ¡Vaya si habrá decenas de militantes sindicales desaparecidos! En los años noventa alcanzó con que no funcionara la negociación colectiva, para que cayera brutalmente la tasa de sindicalización y el conflicto. Si no hay sindicato, no hay conflicto. Pero eso no es noticia, no perturba. Acá preocupa cuando hay un conflicto débil, mal organizado, cuando fueron pocos trabajadores. En esos casos algunos señores senadores se golpean el pecho. Hace un mes votamos por unanimidad el fondo citrícola. Empezó la zafra, ingresaron muchos a trabajar, pero ¿quiénes no lo hicieron? Los tres delegados sindicales. Por ahora no hay huelga ni conflicto porque no tienen fuerza. ¿Está mal que haya conflicto cuando toman esa decisión? ¿A algún señor senador le preocupó, se golpeó el pecho, fue a ponerse a disposición o se enojó, cuando en la zafra, que requiere de un gran esfuerzo, se violentaron derechos sindicales? Si mañana hay un conflicto, ¿están mal los trabajadores? Si trancan, ¿les vamos a mandar a la policía? Esta no es la primera vez que sucede esto. Debe hacer diez años que recorro el sector citrícola y sé de las barbaridades que se cometen desde el punto de vista patronal, algunas de ellas tremendas. ¿Qué mensaje estamos dando si se equipara el derecho del dueño o del director de la empresa al derecho colectivo de huelga, que supo ser delito? Aclaro que el director de la empresa puede no ser el dueño, ni siquiera hablamos del derecho de propiedad; conozco directores de empresas que no son dueños. El texto de los Mártires de Chicago, que incluía la lucha por las ocho horas supo ser delito en todo el mundo. La huelga supo ser crimen, luego pasó a ser derecho individual y en 1934 fue reconocida y declarada un derecho fundamental de carácter constitucional. Y lo que dice la Constitución actualmente es que se reglamentará sobre la base de que su efectividad es un derecho gremial. Eso es lo que tenemos que garantizar: la efectividad de la huelga. La huelga tiene un componente funcional, es indiscutible. Sindicato, negociación colectiva y derecho de huelga. Donde no están estas tres cosas, lo que se va a encontrar es trabajo precario, informalidad, alta siniestralidad y mayor desigualdad de género. Cualquiera que reflexione sobre las condiciones laborales del Uruguay, sector de actividad por sector de actividad, para ver en qué lugares se encuentran las mayores barbaridades, se dará cuenta de que es donde funciona el libre mercado. Ahí es donde el trabajador no puede protestar, hacer piquete, huelga o asamblea. He dedicado unos cuantos años de mi vida a recorrer la forestación, por lo que puedo contar anécdotas durante horas de trabajadores amputados, que los dejan tirados en una esquina, con sindicatos prohibidos. En este contexto, es decir, en medio de una pandemia, con doscientos mil trabajadores en seguro de paro, estamos dando como mensaje una política de rebaja salarial y de recorte, que además ubica la condición de una negociación colectiva que se va a recortar de manera brutal. Ya nos pasó y no estábamos en medio de una pandemia. En 1993, cuando recién empezaba a trabajar en la construcción –en un momento de auge y de crecimiento económico de la industria de la construcción– me tocó conocer una política salarial, en la que nos sentamos a una mesa y nos dijeron que la inflación iba a ser del 81 % para los próximos dieciocho meses y el salario sería del veintisiete. Fue así que ocupamos los centros de trabajo, ejerciendo nuestro derecho de huelga durante ochenta y tres días. Gracias a eso no bajó el salario y construimos el fondo social. O sea que tiene un componente funcional. Muchos de los derechos laborales que existen hoy, antes estuvieron en las plataformas de los trabajadores. Y sin derecho de huelga, que conquistaron los trabajadores en la calle, no hubiera habido ocho horas. Además, cuando se discutían las ocho horas todavía no se había reglamentado el trabajo infantil; entonces, en los debates parlamentarios respecto a ese tema se decía: «Fíjense en los niños». Lo mismo podemos decir con respecto a la ley de siniestralidad, n.° 5032, de 1914. Además, ¿cómo se hace esto sin negociación alguna? En definitiva, no hubo diálogo social para recortar un derecho humano fundamental, repito, no equiparable; lo dije en la discusión general del proyecto de ley. Uno hace lo que quiere con la propiedad, pero cuando pone una empresa ya no puede hacer lo que quiere porque debe tener un vestuario, según la cantidad de trabajadores, también iluminación; entonces, ya no puede hacer lo que quiere con la propiedad. ¡Se empieza a limitar la propiedad! ¿Alguien discute esas limitaciones de la propiedad? ¡No, no las discute! Además, tiene que cumplir con determinados tributos. ¡Cuando se decide tener una propiedad para una actividad económica y se contrata a un trabajador, resulta que viene con el derecho de huelga incluido! ¡Lo tiene! ¡No se puede contratar a un trabajador sin derecho de huelga! ¡Lo puede ejercer! ¡¿Puede haber una huelga mal organizada?! ¡Sí! ¡Por cada huelga mal organizada que mencionen acá puedo traer cientos de incumplimientos patronales en los que nadie se perturba! ¡¿O acaso atrás de los trabajadores que hoy no tienen aporte a la seguridad social no hay un empresario que viola los aportes?! ¡Y son miles y decenas de miles! ¡Y supieron ser un 40 % de los trabajadores del Uruguay! ¡¿O no?! ¿La subdeclaración? ¿La siniestralidad? Cualquiera que haya estudiado la siniestralidad laboral –y estuve veinticinco años estudiando– habrá visto que de cada tres accidentes graves, dos son en lugares donde se incumplen las normas laborales. Entonces, sería homicidio culposo. ¿Hay fiscalía especializada en la materia? ¿Alguien los investiga? Aquí se habla de algunas muertes y se golpean el pecho. ¿Alguien hace seguimiento a esa gente que queda huérfana? ¿Discute? De donde sea el trabajador, ¡eh! Yo estuve meses trabajando en la casa del buzo de la Armada que murió en Montes del Plata, en la carbonera, para el gurí que quedó huérfano y la compañera que quedó viuda. No importa de dónde sea el trabajador y las condiciones en las que le toca. Pero bueno, en el transcurso de una emergencia sanitaria, con doscientos mil trabajadores en el seguro de paro y con una política de recorte salarial, decidieron dar un mensaje indiscutible de limitación de un derecho laboral reconocido constitucionalmente. Esto fue sin diálogo social, sin conversar, sin acuerdo y sin pasar una sola vez por lo que por ley tendría que pasar, porque existen leyes y está el Consejo Superior de Salarios, donde tendrían que ser tratadas este tipo de normas, pero no pasó ni por el canto. ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Cuando el Frente Amplio era el Gobierno hubo normas que no pasaron. ¡¿Y?! Entonces, puedo incumplir la norma para reglamentar el derecho de huelga, ¡nada menos! Eso es lo que estamos discutiendo en medio de este contexto social, no otra cosa. El derecho al trabajo no se está vulnerando con el derecho de huelga cuando se manifiesta como ocupación. ¡No! No es cierto. Pero supongamos que se equipare el derecho colectivo a la huelga al derecho al trabajo individual cuando hay una ocupación; ¡es muy difícil, ¿no?! Esa armonía es muy difícil porque apenas la huelga toma el carácter de ocupación –que son las manifestaciones más excepcionales–, el que fundamenta esto desde la urgencia lo hace por desconocimiento absoluto de lo que pasa en las relaciones laborales. ¡Absoluto! Es muy excepcional que una huelga derive en una ocupación. Cuando se ocupa un centro de trabajo lo primero que pasa es que el empresario llama a un escribano y hace responsable al sindicato de todo lo que hay adentro. ¿Cómo hacemos con el trabajador que no adhiere a la huelga a partir de ese momento? Esto no es de ahora; siempre fue así, ¡eh! No es a partir de los Gobiernos del Frente Amplio que esto es así. ¡No! Fue así en el Gobierno de Batlle, en el primer Gobierno de Sanguinetti y en el Gobierno de Lacalle. ¡Cada vez que el trabajador hace uso de su derecho, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, no hay dudas! La OIT a través de su Comité de Libertades Sindicales no tiene dudas con respecto a que la ocupación es una de las formas del ejercicio del derecho de huelga. Es esa señal que se quiere dar sobre la ocupación, pero no se pone ocupación porque la coalición que nos gobierna no comparte la mirada de la Organización Internacional del Trabajo, por más que le viene bien esta decisión medio de humo blanco. Entonces, dice que sí, que la empresa puede entrar. ¡Es muy complejo! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace cuando hay una huelga de brazos caídos? ¿Cómo se hace cuando el tipo de huelga que hace el trabajador es entrar al guinche y decir «No trabajo»? Se manifiesta de esa forma. A mí me tocó organizar una fábrica de cerámica donde trabajaban mujeres y cuya forma de manifestación sindical contra el acoso –porque el problema principal que tenían era el acoso– era pararse en el lugar de trabajo, no trabajar y aplaudir. Sé que el dueño es conocido de alguna gente de acá. Y lo mismo sucedía con las trabajadoras del vivero de Guichón: el problema principal que tenían las compañeras era el acoso de los mandos medios. Lo que decidieron fue presentarse en el lugar de trabajo, pararse en la línea de trabajo y aplaudir. Por lo tanto, la línea de trabajo no funcionaba con ellas ahí aplaudiendo. Y si alguno de la línea tenía que trabajar ahí, ¿cómo hacíamos? ¿La desalojábamos? Con este texto, ¿la policía viene y las desaloja? La respuesta es del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De 1990 a 2005 no tuvimos convenio colectivo, pero no mandaban el Ministerio del Interior cuando había una ocupación. No era así. Si dijera eso, estaría mintiendo. Los ochenta y tres días de huelga que en 1993 tuvimos en la construcción los pasamos ocupando adentro de las obras, y gobernaba Lacalle Herrera. No se desalojó una sola, porque siempre se fue muy cuidadoso en que para desalojar tenían que estar agotadas todas las instancias de negociación laboral. ¡Todas! El recorrido era larguísimo y siempre se fue muy cuidadoso del día después porque, en general, se reconocía que la mayoría de los conflictos nacían en incumplimientos patronales grotescos y groseros, que a veces le costaba la salud a compañeros, o falta de pagos. Me acotan que se me acaba el tiempo de que dispongo, y estaba en la introducción. Pero bueno, ya va a haber otro compañero que se anote y me tenga piedad. Gracias, señora presidenta.