SEÑOR CAMY. Saludo este debate que involucra un tema de tremenda trascendencia e importancia. Espero que, en estos cinco años, quienes ocupamos este lugar y tenemos esta oportunidad histórica estemos a la altura de las circunstancias para resolverlo en la dirección que, no me cabe duda, la inmensa mayoría de la población comparte. Seguramente a quienes más afecte esta discusión sea a los que tenemos una posición formada. Algunos nos encontramos en uno de los extremos –es lo que se puede deducir luego de escuchar las ponencias, todas muy interesantes y muy fundadas– y otros, en el otro extremo; algunos, tal vez, con una posición difusa o permeable a una definición que pueda surgir como consecuencia de una discusión profunda del tema. Saludo esto porque creo que así es como han encarado el tema todos los que han hablado, aun teniendo posiciones contrarias. Acá advierto posiciones filosóficas definidas, con un concepto muy afirmado y muy argumentado, algunas de ellas extremas. Hay quienes sostienen y defienden el monopolio estatal de Ancap, estribado, incluso, en cuestiones de soberanía; al parecer, esta se vería afectada en un grado importante si no existiera el pleno monopolio de Ancap. Otros se encuentran en el otro extremo y, legítimamente, apoyan una liberación absoluta, una libertad de importación –en realidad, hoy hay importación porque Ancap importa–, sosteniendo poco menos que, si no se consagra, se estaría afectando no solo los precios, sino también, filosóficamente, la propia libertad. Las dos posiciones me parecen interesantes. Por mi parte, creo en la inteligente solución que hoy se va a votar. Me convencí de ello asistiendo al proceso que tuvo este tema, aunque sin haber participado, y eso que tengo una condición que, por lo menos, me da una particularidad: durante treinta y un meses fui director de Ancap; por lo tanto, tengo conocimiento de la ley, del funcionamiento de la empresa y me jacto de haber estado en un directorio con el cual, notoriamente, tuve diferencias –que son conocidas–; de hecho, voté en contra muchísimas cosas y otras las acompañé. Ancap es una empresa muy importante del país; es la única empresa uruguaya que se encuentra dentro de las quinientas más grandes de América. Abarca muchísimos intereses vinculados al desarrollo nacional, como bien se estableció. Esta inteligente solución a mí me parece un poco tímida –el adjetivo corre por mi cuenta– en el sentido de que no se enmarca en ninguna de las posiciones que se han tomado sobre este tema. Los ciudadanos que tienen una opinión definida seguramente esperaban celebrar –en el buen sentido– un cambio profundo, bien distinto a lo que hoy rige o tal vez la consolidación inamovible de lo que hoy rige. Sin embargo, lo que el Senado va a aprobar es una definición de cosas que ya existen y esto, sin ninguna duda, es cierto. Reconozco especialmente el trabajo de la Ursea, sobre todo el último en cuanto a la transparencia, los aportes, la generación de mayor poder y la independencia, cosa que también le estamos consagrando a este organismo en la ley. Pero creo que hay algo más que se está logrando y es transparentar en serio este tema. Ingresamos en el desafío –que considero que todos asumimos con convicción– de efectivamente someternos no solo a los tiempos que se establecen para la comunicación a la ciudadanía –hoy la comunicación con la ciudadanía, por lo menos, la responsable, es fácil; no creo que requiera que desde acá le aportemos normas–, sino de someternos a nosotros mismos, en ese proceso y ese compromiso de transparencia, a tener respuestas concretas. Creo que hay un objetivo común, que es bajar el precio de los combustibles en lo posible y mantener algo muy nuestro, que es mérito de Ancap y no es menor –fue señalado por algún señor senador y lo comparto–; me refiero a la seguridad del suministro, que es central. Esto Ancap lo ha hecho muy bien en el marco de la región. Comparémonos con la región, no más que eso, y recorriendo en el tiempo todos los signos de gobierno que han tenido todos los países, por supuesto, para que la comparación sea válida. Ha habido seguridad en el suministro, aun con todo lo reglada que es la cadena de distribución de combustibles. Seguramente este es el negocio más reglado que tiene el país; al menos, eso es lo que creo. Ahora bien, en esa lógica nos vamos a encontrar con aspectos en los que todos deberemos tener –y descuento que así será– la valentía, el coraje y la honestidad intelectual para asumir la discusión pensando en el interés nacional, como señalaba el señor senador Domenech. Creo que el interés nacional prevalece en todos, aunque haya posiciones o enfoques filosóficos distintos. En eso no nos desencontramos, y tampoco en algunas cuestiones prácticas como bajar el precio todo lo posible sin afectar la calidad y la seguridad del suministro. Me parece que el desafío es no caer en temas panfletarios –si se me permite– que creo que pueden abarcarnos a todos –y me pongo en primer término–, en el sentido de que a veces, al defender algo desde la convicción, también «compramos» algunas cosas que, por lo menos, deberíamos estar abiertos a discutir. Creo que tenemos que ir a un debate sin cortapisas, a un debate sin riesgo de que vayamos a comprometernos en temas que, en realidad, debemos descubrir juntos. No hay verdades reveladas y absolutas. Con humildad, y también porque creo tener el mismo derecho que todos, permítanme decirles que he traído cincuenta actas del Directorio de Ancap para mostrarles, de alguna manera, cómo actué en determinadas oportunidades cuando fui director de Ancap y tuve la responsabilidad de levantar o no la mano. Con respecto a algunos de los planteos que estamos haciendo acá, lo que me preocupa –fui protagonista en alguna decisión con la que algunos estarán de acuerdo y otros, no– es que son, por lo menos, del año 2011, y no se les ha dado respuesta. Seguimos entreverados con algunos temas a los que debemos dar respuesta. Percibo que algunos creen que el camino es sin desandar la institucionalidad o algún marco normativo vigente. Es muy válido y tal vez pueda ser así. En ese caso, tenemos que revisar la gestión. En lo personal, no soy revisionista sin sentido; es más, este tema se revisó en ese aspecto. A mí me parece que tenemos que hablar de algunos temas. Aquí se planteaba, por ejemplo, cuáles son los elementos que componen el precio de los combustibles, y está bien, es bueno que la ciudadanía se entere. Esos elementos son: el coste del petróleo, el de los derivados, el del almacenaje, el de la logística, el de la distribución, los subsidios –que son varios– y la definición –si existe el concepto–, por ejemplo, por soberanía o por decisión política y estratégica, que los países deben tener y que todos tienen. Reitero, creo que todos la tienen. Alguien lo señaló y concuerdo. Voy a saltear algunas actas que había pensado leer porque no tiene sentido hacerlo. En todo caso, pienso que podría ser propicio, en este marco, tener alguna instancia legislativa parlamentaria con los senadores que más trabajaron en el tema para discutirlo en forma paralela a las medidas que se están definiendo. Hablo de la posibilidad de entablar debates importantes, de fondo, para avanzar en esto. (Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez). –La Ley n.o 18195, relativa a los agrocombustibles, constituyó una definición estratégica del país. La votamos todos los partidos políticos y fue aprobada por unanimi dad. ¿Somos conscientes de lo que hoy pesa la definición que se tomó no solo para Ancap, sino como parte de una definición política? Una vez le comenté al expresidente Sendic que la política de los biocombustibles y de ALUR se explicaba desde la lógica de la política de frontera, de quienes creemos que el desarrollo nacional es la suma de los desarrollos locales y regionales. He defendido la ley de los biocombustibles por lo que dice en su conjunto, no por lo que le aporta o le cuesta a Ancap. El artículo 1.o dice: «La participación de pequeñas y medianas empresas de origen agrícola o industrial…». Con respecto al alcohol y al biodiésel nos mandata la ley. El artículo 5.o dice: «Serán producidos en el territorio nacional a partir de materia prima de la producción agropecuaria nacional…»; o sea que prevé y privilegia el desarrollo regional y del interior. El único que produce para Ancap es Ancap mismo en ALUR. En Uruguay nadie ha podido hacerlo, ni las sociedades de fomento rurales que lo intentaron, ni las industrias frigoríficas o de otro orden privadas –de mayor, menor y mediano porte– que lo han querido hacer, ni los Gobiernos departamentales que se comprometieron y, desde lo local y siguiendo el espíritu de la ley, tuvieron precisamente intenciones de respaldar esto; Ancap terminó siempre creyendo solo en la calidad de ALUR. Cuando hice este planteo di pelea en Ancap por esto. Es más, soy testigo de que empresas nacionales muy importantes, sociedades de fomento rurales y Gobiernos departamentales pretendieron impulsar emprendimientos de desarrollo regional y local, amparados en lo que mandataba y pedía la ley, pero los técnicos de Ancap señalaron siempre que no eran viables las pequeñas plantas de biodiésel, en la medida en que es muy difícil que puedan llegar a la calidad UNIT que exige la ley. Hay un problema de costos y de economía de escala para llegar a la pureza. Si esto es así, la ley no se puede cumplir; entonces, revisémosla desde esa perspectiva y, si no es así, será por el legítimo corporativismo de Ancap, que está bien que lo tenga como empresa, pero me importa analizar la ley desde la perspectiva del país. Tengo aquí –de esa época en que se discutió la ley– los cálculos acerca de la materia prima que se iba a necesitar en el país, que se fundamentaban en los granos para producir aceite y transformarlo en biodiésel. Como se sabe –digo esto para quienes no conocen tanto el tema de la campaña– el girasol y la soja son cultivos de verano que se mueven de octubre a mayo. Se habló también de incorporar a la canola o colza como cultivo de invierno y de las grasas animales, que acá se producen mucho, pero se sostiene que aparentemente no es tan fácil lograrlo, teniendo la industria frigorífica. También se veían los rendimientos que se tomaban de la media de estos cultivos y los quilos que se requerían para la producción, y así se determinaba la superficie que íbamos a plantar. Estoy hablando de 43.000 hectáreas solo de girasol –que para el año 2012 se proyectaban en 121.000– y de 135.000 hectáreas de soja, y así siguió. Voy a mencionar, si me permiten, algunos datos de una sola acta de Ancap; me interesa particularmente la n.º 7569, que fue una sesión del directorio del 24 de marzo de 2011. En esa oportunidad quedé en solitario votando en contra; en cuatro votos perdí tres a uno. Allí se expresa que Ancap definía tomar «a su cargo el 100 % de los costos de energía, el 35 % de los costos de la materia prima y el 40 % de los costos de mano de obra» durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, teniendo presente que para el primero de los ejercicios dichos costos ascenderían a la suma de $ 41:200.000, etcétera, y figura la estimación para cada uno de los siguientes ejercicios. Entonces, hicimos la ley –que, si la cumplimos, la voto de vuelta con las dos manos– para que participaran pequeñas y medianas empresas de origen agrícola e industrial en la generación de insumos que serían producidos en el territorio nacional a partir de materia prima nacional. Sin embargo, ALUR termina haciendo eso subsidiado por la propia Ancap.