SEÑOR RUBIO. Quiero hacer un breve comentario. Sin duda, hay senadores expertos en este tema. Por lo que he podido entender, esta es un área tremendamente compleja y el tema tiene su origen en tierras cuyos primeros beneficiarios fueron subsidiados de una manera muy contundente por decisión de la ley de 1923 que le dio todos los activos a la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. Este, a su vez, desarrolló esa política que tiene antecedentes en otras leyes del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo que he entendido, el origen de este problema radica en haber hecho la distribución con esos beneficios tan importantes. Luego, el Instituto Nacional de Colonización integra todo eso al sistema. Lo dice la propia ley en su artículo 2.o: «Créase el Instituto Nacional de Colonización sobre la base de la actual Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay». Desde el punto de vista del encadenamiento de los sucesos, esto está muy ligado. Me parece inconveniente –no es un problema personal– que un tema de esta envergadura se transe en una ley de urgencia. En todo caso, que el tema vaya a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, o que se cree una comisión integrada con la de Constitución y Legislación y se considere en otro ámbito con otros tiempos. Antes fui profesor de Historia y también he cultivado mucho la historia del artiguismo. Leí todos los tomos habidos y por haber, y los documentos originales sobre el Reglamento Provisorio de Tierras del 10 setiembre de 1815. La historia de los donatarios artiguistas me pareció tristísima; todos perdieron sus tierras en los escritorios montevideanos del patriciado uruguayo –o del patriciado colonial y sus sucesores uruguayos–, que después pasaron a integrar el nomenclátor de gran parte de la Ciudad Vieja y del resto del casco histórico de Montevideo. Y ¿dónde marcharon al espiedo? En los juicios que transaron esos escritorios. Es una historia fantástica desde el punto de vista del origen y de la intención original del artiguismo, pero perdió. Y perdió en la liga, o sea, en los escritorios de los que reivindicaban que se les había expropiado, pero eran contrarios a la revolución. Es una historia muy dolorosa, pero es nuestra historia. No quisiera reeditar, en otra escala, una injusticia histórica. Si aprobamos esto, estaríamos decidiendo transar un tema jurídicamente muy complejo y que, además, ha dividido a la Suprema Corte de Justicia. Los pronunciamientos no se han hecho por unanimidad; según lo que me he enterado, no existe tal unanimidad. Estaríamos transando en el tema. El señor senador Camy –que es un experto en el tema– dice que son más de 70.000 hectáreas y pico; Agazzi –otro experto en el tema– dice que son 150.000 hectáreas. Supongamos que estamos hablando de 100.000 hectáreas; en términos de mercado, representan USD 400:000.000. O sea que, a través de un artículo, estaríamos decidiendo el destino de algo que vale mucho y que afecta a mucha gente. Además, lo haríamos de una manera precipitada, como gran parte de las decisiones que hemos tenido que tomar debido a que este era un paquete inmenso. Por lo tanto, me parece que lo más conveniente es que este tema se desglose y se envíe a la comisión correspondiente para que sea tratado con el tiempo necesario. Muchas gracias, señora presidenta.