SEÑOR CAMY. Gracias, señora presidenta. En este momento llevamos dieciséis horas de sesión y cuando culminemos con estos textos tan importantes que estamos discutiendo solo restarán ocho de los cuatrocientos sesenta y seis artículos de este proyecto de ley. Creo que estamos honrando todo el trabajo con esta discusión de un tema importante que se ha hecho con pasión. Tal vez, fruto de eso y del cansancio, puede que hayamos desvirtuado, en algún pasaje, el tenor que nos debe convocar, pero de todas maneras opino que estamos honrando la democracia. Todos tenemos partidos, historias, convicciones fuertes, y en esto se entiende el trabajo que le hemos dado a la presidenta; destacamos especialmente su conducción y la paciencia que ha tenido para tolerar a quienes podemos habernos zafado en algún momento. Yo respeto mucho los partidos políticos, las ideas y las historias. Acá estamos hablando de leyes sociales, del trabajo, de derechos, y yo vengo de un partido que se honra de Carlos Roxlo, que con Luis Alberto de Herrera, en 1905, legisló sobre la jornada máxima de trabajo, sobre las limitaciones al trabajo de mujeres y niños, o sobre accidentes laborales. Vengo del partido del doctor Evaristo G. Ciganda, maragato como yo; de Lorenzo Carnelli, que legisló también en esta dirección en la ley del descanso semanal, muy cercano al batlllismo, que derivó en que, en 1926, se fuera y conformara el Partido Blanco Radical, que le costara, por el uno por ciento de los votos, la victoria al doctor Herrera. Soy también del pago del partido de don Daniel Fernández Crespo, que incluso legisló en esta casa propulsando la jornada especial en la industria insalubre, la ley de seguro de accidentes de trabajo, etcé tera. He mencionado algunos, nada más y otros no se han nombrado. ¡Vaya si tienen una historia importante! Debo focalizarme –y es lo que quiero– en argumentar, para que quede asentado en la versión taquigráfica, por qué vamos a votar estos artículos. Como se ha señalado, el marco normativo uruguayo, además del artículo 57 de la Constitución de la república sobre este tema, se debe integrar a las convenciones de derecho internacional sobre derechos humanos, a la declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo, al Convenio 87 de la OIT, junto con la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT, es decir, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. El Estado uruguayo ha sido observado por la OIT. El Comité de Libertad Sindical de este organismo, creado en 1951, forma parte del Consejo de Administración que junto con la Conferencia Internacional del Trabajo y la Oficina Internacional del Trabajo forman parte de la estructura de la organización. El Comité de Libertad Sindical ha analizado a esta fecha más de 3300 casos de 60 países. Uruguay ha sido denunciado en 54 oportunidades y la primera fue en 1952; en dos ocasiones fue denunciado por las empresas y en el resto, por los trabajadores. El mencionado Comité de Libertad Sindical analizó y se expidió en el caso 2699 en la siguiente dirección. Entre otras cosas dice: «El Comité de Libertad Sindical estima en relación que el ejercicio del derecho de huelga y ocupación del lugar de trabajo debe respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma». Las Observaciones de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones referidas al Convenio 87 de la OIT dicen: «La Comisión recuerda también que en numerosas ocasiones subrayó que “Los piquetes de huelga y la ocupación de los lugares de trabajo deberían estar permitidos siempre que estas acciones se desarrollen pacíficamente. Sólo pueden imponerse restricciones a este tipo de acciones cuando pierdan su carácter pacífico”». Ante esto, no tenemos dudas de por qué vamos a votar esos artículos. En lo personal, respeto expresamente las opiniones que ponen el acento para definir el voto en el derecho de huelga, en los derechos sindicales y hasta en la legítima acción o pretensión sindical que los representa en sus ideas. Yo fui sindicalista; fui presidente de AMEL, la Asociación Maragata de Estudiantes Liceales del Liceo n.º 1 Doctor Alfonso Espínola, de San José, en 1988. Juntamos 1500 estudiantes y 42.000 votamos en todo el interior, en la FEI. Ese año integré el Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Interior; era el único no frentista en el consejo y hasta el día de hoy tengo gran amistad con esos compañeros que, así como yo profesaba mi fe nacionalista, ellos hacían lo propio en partidos de izquierda. Voy a poner el acento en el derecho humano de determinados ciudadanos a la libre circulación y quiero fundamentar en esa dirección. Entiendo que en el artículo 388 son tres los derechos que se están enunciando y se respetan. Allí dice: «El Estado garantiza el derecho pacífico del derecho de huelga» Sí, ¡el derecho de huelga! Continúa; «el derecho de los no huelguistas a acceder y a trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones libremente». Eso no es ni más ni menos que lo que dicen la OIT y el marco jurídico al cual nos debemos, y del que hacía una lectura. A su vez, en el capítulo I de la sección XI, «Otras disposiciones», en sus artículos 466 y 467, creo que queda meridianamente claro que los piquetes ilegítimos son los que impiden la libre circulación de las personas. Quiero decir que soy de San José, vivo allí y esta es la quinta semana en la que por primera vez, desde mayo de 2001, me quedo de lunes a sábado acá en Montevideo porque viajo todos los días de mi vida, como hacen miles de habitantes de mi pueblo. Quienes somos del interior, en el sur tenemos el beneficio –que no tienen los del norte y, por el contrario, lo padecen– de que Montevideo nos es cercano; en mi caso, está a cien kilómetros. Eso permite que muchos trabajadores y estudiantes que viajan para estudiar en la facultad –les es más barato– puedan hacerlo todos los días en ómnibus. Salen siete, ocho o diez ómnibus diarios, desde las seis de la mañana, cada dos horas. El 14 de julio de 2016 el diario La República publicó una noticia sobre un piquete sindical en la Terminal Tres Cruces; no se pudieron cumplir los servicios de emergencia previstos para ese jueves porque la terminal había sido bloqueada por trabajadores. El 9 de noviembre de 2018 se produjeron demoras en Tres Cruces por un piquete de trabajadores del sector interdepartamental. El 30 de noviembre de 2018 las empresas de transporte cuestionaron el piquete en Tres Cruces; los líos fueron entre la Anetra y la Unott con alguna de las empresas. El 31 de enero de 2020 un paro y piquete de veinticuatro horas en Tres Cruces por el despido de un sindicalista afectó a miles de pasajeros. No sé por qué lo despidieron ni si tenía razón el sindicalista o el empresario –no lo sé–, pero se debería haber saldado de la manera que corresponde: en el marco de la ley, en el marco del diálogo. Ahora, ¿por qué miles de pasajeros, trabajadores o estudiantes que vienen a Montevideo todos los días, deben esperar dos horas y media, tres horas o cuatro horas? ¿Qué tienen que ver ellos? ¿Por qué el derecho de huelga –que debemos cuidar y que respeto– de quien se siente afectado puede afectar el derecho humano de la libre circulación? Desde la concepción de la defensa de esos miles de ciudadanos que deciden no ejercer su derecho –igual al que tienen los que adoptan estas medidas– es que nosotros vamos a acompañar estos artículos; no lo hacemos para afectar el derecho de huelga y la realización del piquete, que es legítimo siempre y cuando no afecte el derecho y la libertad de caminar, de estar, de ocupar un espacio público o un espacio privado de uso público. Esa es la razón –queremos dejarla sentada– por la que votaremos, con mucha tranquilidad, estos artículos. Las consecuencias que esto pueda ocasionar en el marco de la aplicación de las normas no me preocupan –por eso digo que voto con tranquilidad–, porque estarán dentro de la ley; aquí no dice otra cosa más que eso. Si ocurre lo que preocupa a algunos señores senadores, sepan que a mí también me va a preocupar porque es algo que no debería suceder; no vamos a tratar situaciones legítimas como ilegítimas. Sí vamos a cuestionar lo que consideramos que no es legítimo: que algunas acciones legales, amparadas en las normas, dejen de ser legítimas porque limitan el derecho del otro, porque afectan los derechos de los demás. Voy a poner este ejemplo, y compruébenlo –seguramente también alcanza a Canelones, Florida, al área metropolitana en general–: son cientos, miles de trabajadores –no exagero– los que se ven afectados por estas medidas en una jornada laboral. Esto sucede muy a menudo, seguramente porque se afectaron derechos, y esta es una herramienta que tiene el trabajador para reclamar –no la discuto, la defiendo; provengo de un partido que es defensor de estas cosas–, pero déjenme defender al ciudadano que no tiene absolutamente nada que ver, que está trabajando o estudiando y que seguramente padece las mismas penas. ¿Por qué ese derecho puede afectarle la libertad de circular libremente? Esa es la razón por la cual nosotros, señora presidenta, vamos a votar esto con mucha tranquilidad y con mucha convicción. Y lo hacemos desde el respeto a todo lo que se ha manifestado, incluso a lo dicho por quienes se expresaron con tanta pasión que pudo haberse interpretado que hacían referencia a otros temas. En definitiva, hemos aportado a una muy buena discusión. Sin duda, es un tema importante; no se discute con pasión por temas que no lo son, por temas que no alcanzan el interés de la mayoría, por temas que no son para preocuparse en serio. Así que me parece que terminamos una jornada con un debate muy interesante y apasionado. Tendremos el compromiso, también desde el Senado de la república, de ser nosotros los treinta y un miembros de este Cuerpo que tenemos facultades, responsabilidades y obligaciones para hacerlo, garantes de que estas interpretaciones a veces desencontradas no inhiban el diálogo. Siempre tiene que haber diálogo; siempre tiene que haber un observatorio desde el Senado de la república y el Parlamento para custodiar estas situaciones que a algunos preocupan. Y si se dan desde esa óptica, nos van a preocupar a todos. Pero esto es otra cosa; son tres artículos que acompañamos desde la convicción de que no persiguen algunas cosas que han manifestado, fundamentando con preocupación. Acá se trata de custodiar derechos humanos y libertades de ciudadanos que pueden verse afectados por esta situación. En ningún momento hablamos de que alguien defiende la democracia o la libertad más que otro en esta casa porque son todos partidos, algunos con larga historia y todos con la legitimidad de haber sido ungidos por las urnas y el voto ciudadano. Muchas gracias.