SEÑOR BERGARA. Señora presidenta: como ya adelantó el señor senador Olesker, no vamos a acompañar este bloque referido a la regla fiscal. Me reafirmo en todo lo planteado por mi colega de bancada y quiero enfatizar algunos aspectos. En primer lugar, no estamos contra las reglas fiscales. De hecho, en Uruguay existe una regla fiscal, y eso es así desde el Gobierno del Frente Amplio; voy a explicar por qué. Si bien la Constitución prevé que la Asamblea General es la que aprueba los montos de endeudamiento del Estado, la implementación en la ley de endeudamiento que se daba previa a 2006 implicaba una definición de deuda que no se correspondía con la contracara financiera del déficit fiscal. Se hablaba de deuda bruta y de una cobertura de instituciones que se iban endeudando, que no era la cobertura de la registración del déficit. Por lo tanto, la ley de endeudamiento previa a 2006 no reflejaba un tope al déficit, sino el tope a una variable de endeudamiento bruto que nada tenía que ver con la evolución del déficit. En la ley de endeudamiento que propone el Frente Amplio en 2005, y que empieza a operar en 2006, hay una reformulación de la variable deuda a los efectos de la fijación del tope aprobado por el Poder Legislativo, que ahora sí pasó a ser la deuda neta con la cobertura de las instituciones que registran en el déficit. Por lo tanto, efectivamente pasó a ser la contracara financiera del déficit fiscal. Allí la ley de endeudamiento se transformó en una regla fiscal. No estamos tampoco en contra de evaluar alternativas o complementos de reglas fiscales. Todo lo que ayude a garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas va a contar con nuestro apoyo. Todos sabemos también que no hay nada más político que las cuentas públicas; no hay nada más político que definir cuántos impuestos se cobran, a quién se le cobra, cuánto gasto público hay y cómo se gasta. Además, son definiciones que reflejan las improntas ideológicas de los distintos Gobiernos. Pensar que la definición del déficit es una cuestión estrictamente técnica es desconocer la base misma del sustento democrático: la administración del Estado es esencialmente un hecho político en el que, obviamente, se deben respetar restricciones porque, a la larga, si no se lo hace, tampoco se va a poder llevar adelante ningún tipo de políticas estructurales, sea en la orientación que sea. Y la historia fiscal del Uruguay está plagada de ejemplos de esa naturaleza que, en general, culminan con crisis enormes que imposibilitan la continuidad de las políticas públicas. No estamos contra las reglas; de hecho, ya hay una regla. No estamos tampoco en contra de discutir tranquilamente, evaluar y trabajar sobre reglas alternativas o complementarias, porque la ley de endeudamiento va a seguir existiendo en la medida en que se mantenga la obligación constitucional de que la Asamblea General apruebe el endeudamiento del Estado. Ahora, lo que estamos discutiendo no es eso; lo que estamos discutiendo es lo que está en el proyecto de ley, o en el proyecto con el texto que hoy tenemos sobre la mesa. Y acá no hay una regla fiscal; no está en este articulado la constitución real de una regla fiscal. Creo que de manera ingeniosa el senador preopinante distinguía entre fijar una regla y la posibilidad de implementarla. De hecho, lo que hay aquí es más bien una señal, en el sentido casi que de un saludo a la bandera, en cuanto a que habrá una regla fiscal, pero no la hay en el articulado. No hay regla, en primer lugar, porque lo que está planteado acá es simplemente computar algunas variables, como la del déficit con respecto al producto estructural, o la del gasto público con respecto al crecimiento potencial de la economía, pero no está fijado como una regla, sino como una variable de referencia, porque está planteado como metas indicativas. ¿Cómo puede hablarse de una regla cuando lo que se toma es una variable indicativa, una variable de referencia? Este es el primer punto que deja claro que acá no hay una regla, porque lo que está planteado acá no es una cuestión vinculante. Tampoco es una cuestión que tenga consecuencias en su incumplimiento desde el punto de vista institucional. La regla de hoy, la del tope de deuda, tiene consecuencias. Como bien mencionaba el senador preopinante, cada vez que se estaba por superar o se verificaba que se llegaba al tope –en función del cierre del año y la obtención de las cifras fiscales y de producto del cierre del año, que típicamente llegan a fines de marzo del año siguiente–, el Poder Ejecutivo estaba obligado a venir al Parlamento y, eventualmente, explicar la situación y solicitar que autorizara, en todo caso, un mayor endeudamiento. Pero ahí hay una consecuencia clara: hasta que no se viene a esta casa y el Poder Legislativo lo analiza, lo entiende y lo autoriza, el Poder Ejecutivo no puede endeudarse, no puede salir a los mercados internacionales a colocar deuda. Hay una consecuencia clara sobre eso. En el proceso se podrá discutir si el Parlamento debió autorizar estos aumentos o no, pero esa es otra discusión. Lo que está claro es que, como mecanismo de regla fiscal, la regla actual no es indicativa, es vinculante, y tiene consecuencias: no podemos, como Poder Ejecutivo, generar más endeudamiento hasta que el Poder Legislativo lo autorice. Lo que está planteado en este proyecto de ley no tiene nada de eso. No tiene una definición de una variable vinculante; es indicativa y no tiene consecuencias. No está mal tener como referencia estas variables, pero no la llamemos regla fiscal, porque no lo es; no tiene la institucionalidad de una regla fiscal. Otro aspecto tiene que ver con que no se consolide la idea ilusoria –sobre esto debo decir que la ministra fue clara en la comisión especial y compartimos su planteamiento– de que, porque tengamos otra regla fiscal, se van a resolver las cuestiones de las cuentas públicas. En buena medida, como decía hace un rato, las cuentas públicas nunca van a dejar de ser un proceso esencialmente político; además, tal como expresaba el senador Olesker, hasta por razones constitucionales, tenemos un componente en el gasto público de enorme rigidez y, por más que instalemos en una ley otra regla fiscal, las determinaciones constitucionales priman por sobre cualquier cosa que escribamos en una ley. Por lo tanto, hay que dejar claro que la regla, eventualmente, es una herramienta que, como bien decía el senador preopinante, tiene que darse en el marco de elementos de compromiso fiscal que van mucho más allá de un ministerio de economía, que van mucho más allá de un gobierno, que van mucho más allá de una legislatura y que incluso tienen que ver con el sentido cultural del sistema político y de la sociedad con respecto a la necesidad de tener cuentas públicas sustentables. Y yo quiero decir que, a base de sufrimiento –porque las crisis son sufrimiento para los uruguayos y, en particular, para los más desfavorecidos–, las crisis nos han ido enseñando y las hemos ido internalizando en la historia del Uruguay. Cuando uno mira la historia de los últimos sesenta o setenta años ve que la disciplina fiscal no fue tal, porque a veces se plantea que parecía que antes todo estaba disciplinado y después vinieron unos gobiernos desordenados que indisciplinaron las cuentas públicas. Para nada ese es un relato objetivo de la historia. Creo que toda esta discusión es buena porque nos ayuda a consolidar una noción de disciplina y compromiso fiscal que debe ser de todo el sistema político. Bajar el déficit es una necesidad, ¡por supuesto que sí! Lo planteamos hace años en el Gobierno. No será tan fácil de hacer; eso se los puedo garantizar desde ya. Si alguien piensa que con fijar una regla fiscal automáticamente va a resolver el déficit, se va a dar contra la pared, lamentablemente. Pero también entendamos que la situación financiera de un país no se mide solamente por la evolución del déficit. En 2005 teníamos un déficit que era más bajo que el actual. ¡Claro! Estábamos recién empezando a salir de un marco de crisis muy profunda que tuvo el país, con dificultades para el acceso al financiamiento –es difícil incrementar el déficit si uno no lo puede financiar; por más que se consiguió algún financiamiento, era muy de emergencia para la crisis– y con otras variables de carácter financiero que pautaban un panorama de total debilitamiento como, por ejemplo, los altos niveles de deuda. La forma de medir la deuda es tal cual lo dijo la ministra en comisión: la que importa es la deuda neta con respecto al producto. Todos los otros juegos que uno escucha por ahí sobre cómo evoluciona la deuda no tienen un contenido de análisis relevante; lo relevante es cuánto debemos en términos netos en función de cuál es nuestra capacidad de pago. Se mide eso para el Estado como se mide en una familia, en el endeudamiento de una persona o de una empresa. La situación de deuda en el año 2005 era absolutamente agobiante. La deuda neta estaba en el orden de los setenta y pico u ochenta y pico puntos del producto. La deuda bruta sí superaba el cien por ciento. Eso se bajó sustancialmente. Es cierto que en los últimos años ha subido, y eso es lo que mostraba focalizadamente la señora ministra en la comisión especial, pero olvidaba mencionar la enorme caída de esa ratio de deuda neta en los años previos. Y si bien la situación de hoy ha empeorado con respecto a los últimos cuatro o cinco años, es sustancialmente mejor que la que teníamos hace quince años. Además, para evaluar la situación financiera también debemos tener en cuenta nuestras capacidades activas en el terreno financiero, nuestras reservas internacionales. En la crisis de los años 2002 y 2003, las reservas internacionales tendían a cero. Todos estábamos mirando al cielo esperando el avioncito con la plata del FMI, porque si no llegaba en un determinado fin de semana no iba a haber dinero para devolver depósitos. Hoy el país tiene niveles récord de reservas internacionales que le dan fortaleza. A su vez, cambiaron las características de la deuda. Antes se debía mucho y en el muy corto plazo, todo en dólares, con condicionamientos, con tasas variables; eran préstamos caros de emergencia. La situación actual para nada es esa. La deuda pesa mucho menos en el producto, tiene un perfil de largo plazo, tiene una adecuada ponderación de monedas –lo cual baja mucho su riesgo–, no tiene condicionamientos y está esencialmente en tasas fijas. Podemos expresar, claramente, que el Poder Ejecutivo puede hacer todo lo que está planteado en la iniciativa sin necesidad de que haya una ley. Perfectamente puede generar variables indicativas; perfectamente puede crear el Comité de Expertos para evaluar el tema y también, perfectamente, puede tener asesores en esta materia. De hecho, me pregunto para qué está la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas; entre otras cosas, está para asesorar en este sentido. Es razonable que esto después se discuta en el marco del proyecto ley de presupuesto; una ley se cambia por otra, ¿verdad? Podemos fijar esto hoy pero después, en el marco de una ley de presupuesto en la que se presente una regla fiscal específica, se podrá redefinir. Lo que está claro es que esto sigue siendo un saludo a la bandera porque hoy es absolutamente imposible definir los parámetros y las responsabilidades institucionales, así como las formas de cómputo de una regla fiscal, ya que en el mundo actual es imposible –repito: imposible– evaluar cuál va a ser el crecimiento estructural de la economía, de las cuentas públicas y del producto potencial, cosas que son básicas para la propuesta que el Gobierno plantea. La propia señora ministra expresó que por un tiempo esto no lo iban a poder computar. Si la propia ministra nos dijo eso, nos preguntamos cuál era la urgencia de incluir esto en el proyecto de ley, porque acá no hay una regla y lo que se plantea ni siquiera podrá empezar a evaluarse por un largo rato. Desde el punto de vista técnico, nadie puede plantearse un cómputo del crecimiento potencial de la economía uruguaya por un largo rato mientras exista la incertidumbre en la economía global, en la regional y en la nacional. Por supuesto que siempre estamos tentados a entrar en la discusión concreta, justamente sobre coberturas, metodologías e institucionalidad, pero lo que acá se plantea no especifica una regla. Por eso, preferimos dejarlo para cuando realmente conversemos con seriedad, con tiempo y con capacidad institucional de implementar una verdadera regla fiscal. Solo quisiera hacer un comentario de cierre en respuesta a algunas opiniones vertidas anteriormente. Podemos discutir sobre presión fiscal, pero esta no es una variable que ande sola en el éter, sino que se asocia a las capacidades del Estado. A veces se pone como referencia un país en donde la presión fiscal es muy baja, pero es un lugar donde no hay infraestructuras, donde el ochenta por ciento de los trabajadores no tiene sistema de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay, claramente, una definición políticoideológica. No se pueden tener políticas públicas que favorezcan las infraestructuras y el aparato productivo y que tengan coberturas de equidad y de justicia social sin un Estado con recursos. Por lo tanto, esa evaluación de la presión fiscal siempre debe ir acompañada de las efectivas capacidades y la eficiencia del Estado que, a su vez, obviamente, siempre debemos impulsar. Muchas gracias, señora presidenta.