SEÑORA COSSE. Gracias, señora presidenta. Corresponde reconocer que lo que originalmente se había presentado era un artículo que planteaba la desmonopolización del mercado de combustibles; luego se sustituyó por tres artículos, dos de los cuales –a los que me referiré a continuación– vamos a acompañar. Reconocemos el cambio en las dos disposiciones que acabo de mencionar y, sobre todo, la acción del señor senador Peña como articulador para lograr esa mejora; sinceramente, me parece importante expresarlo. De todas formas, me gustaría dejar constancia de algunos temas que me parecen significativos, en el marco de la buena discusión que debemos tener en el Parlamento sobre los temas estratégicos. El primer artículo presentado planteaba una desmonopolización, lo que nosotros evaluamos como altamente inconveniente para el Uruguay por entender que no se pueden tomar medidas de corte estratégico sin fundamento ni decisiones basadas en circunstancias. Acá quisiera hacer una doble consideración. Siempre es importante considerar los contextos desde el punto de vista histórico para centrarse en la discusión de las definiciones y no para construir un relato en un solo sentido. Por eso me voy a centrar en estos dos artículos y en sus consecuencias o en las previsiones que podemos hacer al respecto. Me parece importante dejar constancia de lo que significa Ancap en términos de agregar valor para el Uruguay, que podemos medir, por ejemplo, con respecto a lo que representa esta empresa en el PBI del país. En el 2019 representó el 0,95 % del producto bruto interno del Uruguay. Asimismo, es importante reconocer la configuración de los precios de Ancap. En productos como la nafta, solo el 42 % responde al costo de la empresa, y el resto a diversas tasas, impuestos o márgenes de la cadena de valor; y en el caso del gasoil, solo el 57 % se debe al costo de Ancap. Estas cuestiones son importantes, también, para entender cuáles son los márgenes de maniobra de la empresa. Si hablamos de aspectos numéricos, tenemos una gran cantidad de fundamentos y de números para argumentar que, a nuestro criterio, si calculamos bien y de manera fundada cuál es el equivalente del precio de importación, Ancap va a salir bien parada de esto. Reitero, tenemos números y son públicos, pues ha habido demostraciones consecutivas en los últimos años al respecto. Todo esto es público, está en la página web de Ancap; buscando allí «refinar agrega valor», encontrarán que al cierre del año 2019 la empresa había agregado valor, o sea, había ahorrado USD 126:000.000 por refinar en vez de importar. Más allá de los datos numéricos –que son públicos, reitero, y fundamentan estos aspectos–, están las consideraciones estratégicas, que son muy importantes. Acá se ha hablado –y coincido– sobre la importancia de proteger la soberanía del Uruguay. Ahora bien, la soberanía de un país está asentada en muchas cuestiones, como una democracia sana, un régimen republicano sano y, también, sus capacidades. Las empresas públicas representan un enorme activo en lo que tiene que ver con el patrimonio de las capacidades de un país, en nuestro caso, con la autonomía energética. Uruguay ha desarrollado, desde 2008, una política de soberanía energética sistemática y exitosa. Hoy, temprano, se hacía referencia –creo que fue el senador Rubio– a una situación energética muy grave que tuvimos que enfrentar en 2007 y 2008. En ese sentido, quiero traer a colación la importancia de la planificación. Esa crisis energética la enfrentamos en un marco en el que la última inversión importante en energía eléctrica había sido Salto Grande. No había habido más inversiones importantes en política energética y se había desestimulado la planificación; se decía que el mercado iba a resolver todo. A partir de 2005 se retomó el criterio de planificación, el criterio estratégico, y entonces empezaron a aparecer inversiones como el parque eólico Sierra de los Caracoles y la primera turbina de la central Punta del Tigre. ¿Por qué traigo esto a colación? Para resaltar la importancia estratégica de proteger las capacidades. Cuando en toda América Latina –diría más, en toda América– hay déficit de refinación, Uruguay tiene capacidad de refinación. Pero, además, hay aspectos de la soberanía con los que hemos rodeado –por decirlo así– la gestión de Ancap, como por ejemplo con la ley referida a los agrocombustibles. ¿Por qué? Porque en ese litro de combustible que estamos consumiendo, sea nafta o gasoil, hay un pequeño porcentaje, un 5 % o un 8 %, que es nuestro, que es autóctono, que es producido acá. Y eso también aporta soberanía. Y no solo es porque sea una buena refinería, porque sea eficiente, porque agregue valor –como lo han demostrado todos los balances y los informes publicados por Ancap cada seis meses desde 2016–, sino también por su capacidad de producir. Voy a agregar otros elementos que exceden los fundamentos numéricos que tenemos, insisto, y están vinculados con las capacidades, la soberanía y el futuro. Por ejemplo, la Organización de Aviación Civil Internacional estima que si toda la aviación civil del mundo fuera un país, estaría aportando un dos por ciento de gases de carbono a la contaminación mundial. Lo traigo a colación porque en este Parlamento se ha expresado la importancia que se le da al medioambiente y, además, hoy estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Ya hay pruebas en el mundo –se han hecho experimentos– que nos muestran que hay aviones que están circulando con combustible cuyo litro entero es agrocombustible. Esto quiere decir que tener esa capacidad instalada en el Uruguay, de alguna manera, es adelantarse a un posible futuro que no podemos descartar. El otro tema que quiero resaltar está vinculado con tener empresas públicas en áreas tan importantes como las telecomunicaciones y la energía, y con que es trascendente reconocer los trabajos sinérgicos que se venían realizando, para continuarlos en el marco de la energía del futuro. A este respecto, quiero informar en este Parlamento que desde el 2018 se estaba trabajando en un proyecto conjunto entre Ancap y UTE para hacer un plan piloto de producción de hidrógeno en Uruguay. Se trabajó con mucha seriedad y el BID acompañó la financiación del estudio para la realización de ese plan piloto. ¿Por qué esto es importante? Porque el ochenta por ciento del costo de la producción de hidrógeno es energía eléctrica y por eso la sinergia entre UTE y Ancap. Realmente espero que ese proyecto se continúe realizando. Por lo tanto, Ancap es la refinería –por supuesto–, es la producción, es el saber producir combustible, es aportar a la autonomía, pero también es un fuerte aporte a la soberanía en términos de actualidad y de prospectiva de futuro. También quiero remarcar que cuando recibimos el artículo 232 por parte del señor senador Peña, vimos que en una primera versión se fijaba el precio, aprobado por el Poder Ejecutivo, hasta la planta de distribución de Ancap. Tal como estaba redactado –aunque no fueran esas las intenciones; como venimos diciendo desde ayer acá no se trata solo de intenciones, sino de lo que va a quedar escrito–, iba a permitir liberar la distribución secundaria, que quedaba a discreción. Con muy buenos ojos vimos que se incorporó un concepto muy importante para todos nosotros, que es el de mantener la aprobación de un precio máximo a nivel nacional a fin de asegurarnos una realidad como la que hoy tenemos. Me refiero a que aunque quede más lejos, aunque sea más difícil, aunque se tenga menos población y aunque sean mercados diferentes, el combustible tiene un precio máximo a nivel nacional que es el mismo en Artigas, en Paysandú o en Montevideo. Es importante que el tema se haya recogido en esta consideración. Otro aspecto importante es que en la versión inicial no figuraba la opinión de Ancap y en función de esta nueva versión se debe tener un informe preceptivo de la Ursea –lo que nos parece bien–, pero también de Ancap. Soy una fuerte defensora de la autonomía de las empresas públicas –que no son independientes, pero sí autónomas–, porque creo que debido a ello generan y tienen conocimiento respecto al rubro en el que actúan; por lo tanto, esa es una contribución esencial a la hora de generar políticas. Por ello, parece más que razonable que el Poder Ejecutivo tenga en cuenta la opinión y los consejos de Ancap a la hora de aprobar los correspondientes precios. Asimismo, estamos de acuerdo con que en el artículo 233 se revea la metodología del cálculo del precio de paridad de importación, porque debo decir que la metodología actual ha conducido a varios errores de apreciación. En este sentido, le propongo al Parlamento y a la opinión pública en general que consulten otra vez los documentos que Ancap ha hecho públicos en los últimos años, donde toma la metodología de cálculo del precio de paridad de importación, pero la aplica a la realidad del Uruguay. Eso no está considerado en este artículo y por eso estoy haciendo esta contribución. Acá se dice que se va a hacer una revisión integral de la metodología, lo cual nos parece bien, pero nos hubiera gustado que de alguna manera se direccionara el rumbo de esa metodología desde el punto de vista político. A nuestro juicio, es necesario encontrar una herramienta para que Ancap se vuelva más eficiente, en lugar de arrinconarla. Si la metodología va a ser calcular con precios, costos y subsidios de otros lugares, ¿cuál podría ser el costo para importar un único combustible por vez? Eso no tiene nada que ver con la realidad del Uruguay. ¿Por qué? Porque cuando Ancap refina barriles de crudo de petróleo no se puede proponer obtener solo nafta o gasoil; necesariamente obtiene una combinación de combustibles. Así es la química. Por lo tanto, si comparamos el esfuerzo o el rendimiento de una infraestructura de refinería para producir una combinación de combustibles, con el esfuerzo de un importador para traer solo uno de ellos, el rendimiento es incomparable. Por lo tanto, creemos que también habría sido bueno agregar que a la hora de cambiar esa metodología se tuviera en cuenta la existencia de una combinación ponderada de todos los combustibles. Una de las preguntas que hicimos en comisión, de acuerdo con la versión original, fue si a los importadores se les iba a permitir traer un solo combustible. De concretarse, esto iba a generar un círculo vicioso a la refinería de Ancap porque tendría que producir más para vender menos, con la misma infraestructura y por lo tanto los costos iban a aumentar y los precios no iban a bajar. Nos hubiera gustado que eso se hubiera considerado en este artículo. También es bueno que en el artículo 233 se haya decidido considerar como un costo algo que hoy tenemos y es que Ancap asegura el suministro a todo el territorio nacional; eso no se contaba a favor en el cálculo del PPI, pero acá se ha establecido que se tenga en cuenta. Hay algo que no nos termina de convencer y, aunque lo vamos a votar, quiero dejar constancia de ello. Nos preocupa que se diga: «La URSEA tendrá especial consideración sobre las regulaciones acerca de los agrocombustibles incluidos en la Ley Nº 18.195». A nuestro juicio, la Ursea, como todos los organismos nacionales, no debe tener especial consideración de una ley…