SEÑOR CAMY. Señora presidenta: sin duda, este es un tema tremendamente importante y apasionante. Somos defensores convencidos de lo que significa el proceso de colonización en la definición de la Ley n.º 11029, del 12 de enero de 1948, y en el proceso anterior, tanto de colonización estatal a principios del siglo XX como de colonización privada, cuyos antecedentes se ubican en la segunda mitad del siglo XIX. Hablo de colonización como un proceso productivo, económico y social de enorme trascendencia y como una definición de país. Creo en la vigencia de la Ley n.º 11029 y también creo y defiendo la vigencia plena del Instituto Nacional de Colonización. Considero, además, que hay que modernizar a este instituto, hay que aggiornarlo y no todo requiere, necesariamente, modificación legal. Son muy importantes los dos aspectos concretos que aquí estamos tratando. Me refiero tanto al artículo 353, que declara fuera de la afectación de la Ley n.º 11029 a las parcelas anteriores en el tiempo –digamos– a la aprobación de esa norma, como a una novedad que incorpora este proyecto de ley de urgente consideración, que es el planteo y la visualización, casi setenta años después de que el legislador creara el Instituto Nacional de Colonización, del concepto de radicación. Me parece que esto es algo muy importante y oportuno. Hablamos de ley de colonización, pero tenemos que saber que hay bastantes normas previas a la Ley n.º 11029. Esto arranca con la ley del 23 de noviembre de 1880 y continúa con el decreto del 28 de noviembre de 1882; después, con la ley del 4 de octubre de 1889; más adelante, con la ley del 16 de diciembre de 1905 y, luego, con la ley 4301 del 13 de enero de 1913. Ese año se registra una corriente migratoria rusa emblemática y, hasta el día de hoy, sobre orillas del río Uruguay, se encuentra la colonia Ofir, digna de ver ya que, por motivos religiosos y culturales, continúa conviviendo –creo– prácticamente en la misma lógica del año 1913. También está la colonia San Javier, prácticamente en la puerta del pueblo de San Javier, en Río Negro. Después, siguió la Ley n.º 7377, sobre préstamos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay para que los agricultores puedan adquirir tierras y, luego, la más conocida, previa a la 11029, que es la Ley n.º 7615, de 15 de setiembre de 1923, por la que se crea la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. Esos son los antecedentes de la Ley n.º 11029, de 12 de enero de 1948, por la que se creó el Instituto Nacional de Colonización. Y hay una referencia muy importante que evocamos recientemente, cuando la Comisión Nacional de Fomento Rural asistió a la comisión especial que estudió el proyecto de ley que estamos considerando, y también en la legislatura pasada, en este mismo ámbito, cuando se cumplieron y conmemoraron los cien años de esa comisión. Me refiero a aquella importantísima convocatoria, aquel cabildo, que tuvo lugar en el teatro Florencio Sánchez, de Paysandú, en 1945, luego de otra importante reunión celebrada en la ciudad de Minas, Lavalleja. Como consecuencia de esto, se designó una comisión especial del Senado de la república para tratar la reforma agraria, lo que luego derivó en la Ley n.º 11029, que creó el Instituto Nacional de Colonización. Entonces, la herramienta está vigente y plena. Tenemos que modernizarla. Soy un defensor acérrimo de la ley de colonización. Ahora bien, no voy a referirme al fondo de lo que establece el artículo 353 porque es un tema eminentemente jurídico; nada tiene que ver con los diferentes matices de opiniones que podamos tener –como se decía– respecto a la colonización, aunque creo que no los tenemos. Sí podemos tener una diferencia filosófica –debemos ser honestos y señalarlo–, por ejemplo, en lo que refiere a cuál es la situación ideal de tenencia de la tierra. Por mi parte, considero que la situación ideal de tenencia de la tierra es el régimen de propiedad, y creo que se puede transitar hacia allí sin necesidad de modificación legal. ¿Por qué? Porque eso está expresamente establecido desde el mismo 12 de enero de 1948 en la Ley n.º 11029. El Instituto Nacional de Colonización puede transformarse en una suerte de mera inmobiliaria estatal para que la gente acceda a la tierra como arrendataria –no lo es, pero puede terminar en eso si no se moderniza– o, tomando como base la misma definición de colono contenida en la ley desde 1948, puede propiciar, en régimen de titularidad, la tenencia de la tierra por parte de quien tenga las condiciones de ser aspirante a colono y no pueda adquirir tierras por el mercado. La ley nunca ha sido utilizada a cabalidad en todos sus términos; nunca. Habla de cuarenta y cinco años para acceder a la tierra. Por eso se puede modernizar. En ese sentido, tenemos algunas ideas concretas que vinculan la asistencia financierabancaria, fundamentalmente, del Banco República, y también hay una propuesta complementaria del propio instituto, a partir de la capitalización de recursos que ha tenido en estos últimos Gobiernos. De eso también vamos a hablar. Hoy hay recursos, el instituto está fortalecido, tiene más tierras y más colonos. Eso no tiene nada que ver con el planteamiento del artículo 353. Pese a la tentación que tengo, no quiero profundizar. La convicción me lleva a eso, pero no voy a ser tan claro como lo fue el señor senador Domenech, quien supo expresarse con precisión, seguramente –más allá del estudio y del conocimiento– por su condición de notario. ¡Es tal como dijo el señor senador! Tengo aquí un informe de la Asociación de Escribanos del Uruguay dirigido al presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, don Carlos Enciso Christiansen –que acaba de ser designado embajador de nuestro país ante la República Argentina– y lo que resumió el senador Domenech está expresado en forma contundente por la Asociación de Escribanos del Uruguay: el análisis del artículo 70 de la Ley n.º 11029, de las consideraciones modificativas, de la afectación al principio del derecho de la seguridad jurídica, a los derechos adquiridos, a la usucapión –como aprendimos en primer año de facultad–, la prescripción treintenaria que aprendimos con el doctor Arezzo Piriz. Vaya nuestro homenaje a él en esa terminología. También se encuentran el derecho de propiedad, los supuestos de nulidad con efecto retroactivo, la consagración del instituto de la expropiación ipso iure sin previa indemnización, la violación del principio del derecho a la igualdad y la teoría del acto propio, por lo que es contundente la expresión de la Asociación de Escribanos del Uruguay. ¡Contundente! Es un tema jurídico y no tiene absolutamente nada que ver con la visión que tengamos de la ley y del instituto, por el que tenemos un respeto especial y el aprecio que señaló el senador preopinante. Por otra parte, reitero, creo que no tenemos tantas diferencias sobre el fondo del tema; sí tenemos algunas que me parece oportuno plantear para abonar la discusión. Yo soy partidario de tratar de hacer propietarios a los colonos. Quiero que al colono, al más chico, al que más dificultades tiene para el acceso a la tierra, al que más precisa de colonización esa herramienta le dé el campo y lo haga propietario de la tierra. Aclaro que eso no es descapitalizar al instituto, porque hay mecanismos para seguir creciendo. Quiero hacer un reconocimiento, porque la historia es que llegamos a la Ley n.º 11029 que crea el Instituto Nacional de Colonización. Humildemente quiero decir que en octubre de 2006, en una pasantía en este Senado –como primer suplente del entonces senador Abreu–, presenté el proyecto de ley de repoblamiento de la campaña, que vinculaba el pasaje de tierras del Estado al Instituto Nacional de Colonización y alguna definición orientada a potenciar a este organismo de raíz y ADN artiguistas. En ese debut en el Senado, muy jóvenes y con muchos bríos, nos atrevimos a introducir un factor fundamental; se precisaban recursos y propusimos que el ITP –impuesto a las trasmisiones patrimoniales–, vinculado a las transacciones de bienes inmuebles rurales, fuera de rentas generales al Instituto Nacional de Colonización. No advertimos –y eso surgió en la discusión– que requería iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por esa razón se sacó de esa ley y, en otra inmediata, la Ley n.º 18187, se planteó el pasaje del importe equivalente a lo que en ese año se recaudaba por el impuesto a un aporte permanente que ha hecho el Instituto Nacional de Colonización. Eso fue en el Gobierno del presidente Mujica y ahí el Instituto Nacional de Colonización empezó a tener más recursos. Más tarde, la Ley n.º 18187 tuvo la primera modificación y originó este problema. La Ley n.º 18756 lo quiso enmendar, pero tampoco lo pudo solucionar, y es la que hoy nos ocupa en la afectación que tiene la Ley n.º 11029. Insisto, es un tema jurídico, es un tema de derechos adquiridos, es un tema vinculado a tierras que nunca fueron del Instituto Nacional de Colonización porque fueron adquiridas antes de su existencia y, por tanto, no corresponde. Es un régimen de colonización anterior a la Ley n.º 11029, por la que se crea el instituto. La Ley n.º 7615, de 15 de setiembre de 1923, crea la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay; la Ley n.º 8402 aumentó el capital de esa sección y la Ley n.º 8829 establece en su artículo 7.º que el colono no podrá gravar ni vender su propiedad sin consentimiento de la sección Fomento Rural y Colonización. Por su parte, el artículo 8.º dice que el cumplimiento por parte de los propietarios de cualquiera de las obligaciones o condiciones impuestas por esta ley dará lugar a que la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario pueda reducir el préstamo en total al cincuenta por ciento de las amortizaciones extraordinarias correspondientes. Ninguna de estas normas establece la obligación de pedir autorización para enajenar o gravar el inmueble, salvo las Leyes n.º 7377 y n.º 8829 citadas, pero siempre con la condición determinante de que el préstamo que le había sido otorgado por el banco estuviere vigente. Se señala expresamente que, pagado el préstamo, el dueño del predio o de la parcela era libre de enajenar sin limitación alguna. Es decir que una vez que se cancela el préstamo, el colono dispone libremente de conformidad con el derecho común. Esto es contundente y lo digo muy humildemente, porque no estoy hablando de la opinión que se puede tener sobre el rol del Instituto Nacional de Colonización, sino del alcance de esta norma que hay que corregir. No en vano hay fallos contundentes –todos los presentados– de inconstitucionalidad. Los que somos del interior del país sabemos que son colonias muy viejas, parajes definidos por el nombre de la colonia –algunas privadas y otras estatales– creadas desde antes de 1948. Esto afecta más allá de la discusión de las hectáreas, que no viene al caso porque diez hectáreas o diez millones valen lo mismo en cuanto a la afectación del derecho; se tiene o no se tiene derecho. Sin embargo, en la discusión sí les pongo nombre propio; estamos hablando, por ejemplo, de las colonias: Ceres en Cerro Largo; 19 de Abril, en Paysandú; Francia y Gallinal, en Florida; Italia, en San José; Inglaterra, en Río Negro; Pintos Viana, en Paysandú; Carlos Reyles, en Durazno; San Javier –que también la mencionamos y tiene origen ruso–, en Río Ne gro; Larrañaga, en Soriano; Las Delicias, en Paysandú; Tomás Gomensoro, en Artigas; Harriague, en Salto, y de varios inmuebles sin denominación en Canelones. Es algo contundente, señores senadores; la cuestión es cumplir con el derecho, con la ley. Se deben respetar las normas y actuar en concordancia con lo que es una obligación para los legisladores: corregir esta situación. Brevemente, porque no voy a incurrir en cuestiones que puedan generar discordia, quiero repasar lo que nos une…