SEÑOR BONOMI. Gracias, señora presidenta. Se desglosaron cuatro artículos. Nosotros votamos en contra del artículo 11, que tiene que ver con el agravio a la autoridad policial y del artículo 214, vinculado al pago en efectivo. También vamos a votar en contra del artículo 388, relativo al derecho de huelga y de los artículos 466, 467 y 468, sobre los piquetes, ocupaciones y movilidad. Si bien estos artículos están separados, a nuestro entender, forman parte de un conjunto que tiene su que ver. Los derechos del trabajo en general tienen tres pilares: la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de huelga. La libertad sindical, a su vez, contiene a los derechos asociativos, que son formar un sindicato, afiliarse a un sindicato, poder ser elegido; y los derechos de acción gremial, que son marchas y protestas. En los tres pilares de los derechos del trabajo, la libertad sindical y la huelga son fundamentales. Este conjunto de artículos va directamente contra dos de los tres derechos fundamentales: el de huelga y el de movilización. Como dije hoy, no voy a hacer el agravio de decir que no entendieron esto, que no se dieron cuenta. Creo que lo entendieron y se dieron cuenta, y además está escrito antes del 13 de marzo, antes del coronavirus en Uruguay. Para mí esto tiene que ver con otras definiciones anteriores, que son importantes. Por un lado, la necesidad de ahorrar USD 900:000.000, que de algún lado van a salir y eso va a significar un apriete. Por otro, el ministro de Trabajo y Seguridad Social acaba de afirmar que va a cambiar lo que es la recuperación salarial y evidentemente los trabajadores van a perder salario, porque van a tener de aumento en junio lo que está previsto para enero, que es el 3 %, y este porcentaje está bastante por debajo de lo que va a ser la inflación, así que claramente van a perder poder adquisitivo. Cuando pasan esas cosas y la inflación se dispara, se puede decir que es por la pandemia, pero esto está escrito de antes, fue pensado antes y no es por la pandemia. Lo que acabo de decir está complementado con otra cosa, porque no votamos el artículo 11, que es el que da a la policía la capacidad de intervenir cuando se le grita y son más de tres personas. Dijimos que para nosotros está claro que eso criminaliza la protesta. Hay transformaciones para la policía. Se dice que el enemigo fundamental es el crimen organizado y el narcotráfico, pero no se da ningún instrumento para pelear contra el crimen organizado y el narcotráfico, salvo algunos aumentos de pena. No se brindan instrumentos para la acción policial en ese caso y sí se le da potestades para intervenir en otras cosas. Así que es claro para nosotros que va a haber una situación más conflictiva y que esto prepara a la policía para intervenir. Por otra parte, según estos artículos que estamos considerando ahora –lo dijimos ayer, pero lo voy a reiterar– el que tiene la potestad de interpretar lo violento o no violento de los piquetes y si es necesario intervenir es el Ministerio del Interior; no es la Justicia y no es un juez. Insisto en que esto fue pensado antes. Es un conjunto de situaciones que llevan a eso. El ministro en su comparecencia dijo que el Frente Amplio considera a la ocupación como una parte de la huelga y que la coalición de gobierno no, por lo que no iban a tratar de contener la ocupación reglamentando la ocupación, sino reglamentando la huelga. Lo dijo así, con estas palabras, así que no es que esté haciendo una interpretación, sino que estoy reiterando lo que señaló el ministro de Trabajo y Seguridad Social: no reglamentar la ocupación, reglamentar la huelga. Para nosotros es exactamente al revés: lo que hay que reglamentar es el piquete y la ocupación. Según lo que nos dijo el integrante del Comité de Expertos de la OIT no se puede calificar a priori el hecho de si el piquete, la ocupación o la huelga son violentos. Pierde su licitud cuando pasa a serlo, pero antes es lícita. Entonces, ¿quién lo interpreta? Creo que ayer una senadora señaló que lo interpreta un juez. Pues bien, el juez siempre después de los hechos. Si se establece que están prohibidos los piquetes porque pueden ser violentos, es el Ministerio del Interior el que intervendrá y no un juez. Acá afecta claramente el derecho de huelga, de asociación y de acción gremial que, en conjunto, hacen a lo que es la libertad sindical. Por eso no vamos a votar esto, porque es una cuestión grave e, insisto, no es un error, se estableció porque están convencidos que es necesario –además se dijo– para una situación que se prevé que se puede complicar desde el punto de vista de los trabajadores u otros colectivos que reclamen por la pérdida de derechos y beneficios que tenían y que venían acumulándose. Esto lo consideramos así y por eso no vamos a votar estos artículos.