SEÑORA BIANCHI. Gracias, señora presidente. Si me permite mi colega Gandini –su alocución me pareció impecable–, quiero manifestar algo que él desarrolló y hace tiempo que tengo ganas de decirlo. Lo que nosotros queremos al modificar la ley de inclusión financiera es que la gente tenga la opción de decidir qué medios de pagos va a utilizar, como pasa en los países desarrollados. A los alemanes, por ejemplo, no les imponen estas cosas. En consecuencia, eso tiene que quedar claro. Ahora bien, si lo que queremos es controlar la evasión –como muy bien dijo el señor senador Gandini–, no tenemos pruebas de que la ley lo haya hecho, pero además hay otros mecanismos. Voy a dedicarme, señora presidente, especialmente a los artículos que refieren al control del lavado. En primer lugar, quiero decir –esto también lo expresó el señor senador Gandini– que hemos trabajado en equipo con per sonas que son de nuestra fuerza política y con otras que no pertenecen a ella. Por suerte, ahora escribimos todo en WhatsApp y están las pruebas. He mantenido –digo «he» porque me dediqué especialmente a este tema– varias reuniones. Aquí tengo el informe del miércoles 20 de diciembre de 2017; en ese momento fui miembro informante de la minoría en la discusión de la ley antilavado. Entre otras cosas, de ahí recogimos un muy buen relacionamiento con el contador Espinosa –que en aquel momento era el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo–; con el economista Martín Vallcorba, a quien hicimos consultas hasta último momento y con el tres veces presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. Incluso, antenoche el doctor Leonardo Costa tuvo la gentileza de enviar a mi celular el último informe que hizo luego de que las modificaciones quedaran redactadas. O sea que aquí no hay improvisación ni intentos de desarticular ningún mecanismo de control. Lo que queremos es racionalizar algo y entiendo que es un problema ideológico, porque nosotros somos amantes de la libertad, con un Estado que controle, que regule y que sea la apoyatura de una sociedad que tuvo, tiene y tendrá dificultades porque somos un país dependiente. En ese mismo sentido, consideramos que hay responsabilidades que son de seguridad nacional, como el tema del lavado de activos –porque es un tema de seguridad nacional–, pero seguramente también de inteligencia del Estado ahora que votamos la organización de la secretaría. Esto no puede basarse fundamentalmente en los agentes no financieros. No voy a reiterarlo porque ya lo dijimos en comisión, pero hay cosas que me gustaría aclarar. El monto de hasta USD 100.000 o UI 1.000.000 es sumamente razonable. Pensemos que hay autos de alta gama –en general, son los que compran no solamente los que lavan dinero, sino también los que consiguen ingresos por la corrupción– que valen más de USD 1:000.000, pero también están incluidos todos los inmuebles. Quiero hacer una aclaración con respecto a los agentes no financieros y, en especial, a los profesionales, contadores, abogados y escribanos. En el caso de los escribanos somos los que tenemos la mayor responsabilidad; tanto es así que en la anterior ley de lavado de activos estuvimos solamente nosotros, no estaban los contadores ni los abogados ni los demás agentes no financieros que se incluyeron en la última ley integral. Ya hace mucho tiempo que no aceptamos dinero en efectivo por distintas razones, según las épocas. Primero no lo aceptábamos cuando había muchos dólares falsos. En consecuencia, exigíamos que se trajera una letra de cambio y recuerdo que costaba carísima; había bancos que la cobraban USD 40 o USD 45, pero eso se fue flexibilizando y reconocemos que se facilitó. La verdad es que no permitíamos que nos pagaran en efectivo porque, si había dólares falsos, después teníamos que pagarlos nosotros. Posteriormente surgió el problema de la inseguridad ciudadana. A nadie se le ocurre andar con USD 50.000 o USD 100.000 en una valija para ir a hacer un negocio en un estudio jurídico, excepto que sean de los grandes; podemos dar nombres, pero no nos interesa y todos los conocemos. El Gobierno muchas veces recurre a informes de estos estudios jurídicos contables de gran envergadura, así que los conocemos todos. Esos probablemente puedan hacer un poco más que un pobre profesional que, en este momento, ni siquiera tiene trabajo a no ser que desempeñe una actividad remunerada fija. En consecuencia, queda claro que, en este aspecto, no nos interesa el control de la evasión, sino el cuidado que debemos tener para que no ingrese dinero lavado de la corrupción. Al respecto, lamento mucho que no hayamos podido poner como delito precedente el enriquecimiento ilícito. La oposición lo hizo saber y lo impulsó hasta último momento, pero no se pudo. Lo que hicimos fue racionalizar las medidas de control. En primer lugar, se da a los bancos el peso que les corresponde. Si los documentos son emitidos por los bancos –llámense letra de cambio, cheque común o cheque certificado–, uno supone que el Banco Central hizo los controles adecuados porque es su responsabilidad fundamental controlarlos en este tema. En consecuencia, si yo recibo una letra de cambio, debería confiar en que el Banco Central controló adecuadamente y estar tranquila de que el banco me emite un documento confiable sobre el origen del dinero, porque los bancos tienen oficinas dedicadas al control del lavado, tienen oficiales de cumplimiento que controlan y hacen un trabajo de investigación exhaustivo; eso se supone que lo están haciendo porque, además, el Banco Central los está controlando. De cualquier manera, como hubo algunas dudas, señora presidente, nosotros dejamos las medidas simplificadas para los montos inferiores a USD 100.000 por una razón muy sencilla, que es la sospecha del crecimiento vertiginoso de los ingresos. Los escribanos conocemos a los clientes y, si son desconocidos, vamos a aplicar las medidas no simplificadas, es decir, las totales. No sacamos todas las sanciones –y eso lo conversé con el economista Martín Vallcorba hasta último momento–; dejamos la más grave. En los documentos en los que se registren automotores e inmuebles –recordemos que también se lava con obras de arte y con muchas otras cosas, pero ahí no tenemos posibilidades, al menos nosotros, los agentes no financieros–, si el escribano no registra en la escritura la forma de pago, no solamente si hay una parte en efectivo y otra de más de UI 1:000.000 en documentos bancarios, tiene que hacer el reporte de operación sospechosa. El escribano no solamente pone en juego su integridad, que es lo más importante, sino también su título, su prestigio y su modo de trabajo. Hacer un reporte de operación sospechosa no es tan complicado; hay que reconocer que en los últimos años se ha simplificado. Al principio, cuando estábamos con la primera ley, era muy difícil. De manera que las medidas simplificadas se aplican siempre. Las más profundas –es decir, las que ya no son simplificadas, sino que ameritan un estudio especial porque hay sospechas– se siguen aplicando igual. La sanción de que no se inscriban los documentos públicos de compraventa, de promesas de enajenación de inmuebles a plazo, de compraventa de automotores en los registros públicos es lo peor que le puede pasar no solamente al que compra –que es el que teóricamente puede usar dinero sucio–, sino al propio escribano. Estamos hablando de que no se inscribe el documento, cae la inscripción y, si bien existe el negocio entre las partes, no tiene la protección legal que da el registro público. Es decir que es una sanción muy fuerte, porque puede haber profesionales que estén dispuestos a pagar multas económicas y quizás a hacer alguna cosa que no está bien con la ley si le pagan lo suficiente –aclaro que son excepciones–, pero si no se inscribe el documento, el cliente –que es el que trae la plata– no tiene protección de ningún tipo. Quiero ser lo más breve posible, pero se han dicho muchas cosas estos días. Sé muy bien lo que piensa el contador Espinosa sobre cómo quedaron redactadas las normas. Sigue sosteniendo que hay algunas cosas que todavía le preocupan. No voy a aburrirlos leyendo su informe, pero es muy ponderado. Simplemente voy a señalar que él dice que la flexibilización propuesta no obligaría a realizar una evaluación completa de las características de riesgo. Dice «no obligaría», es decir, usa el condicional porque la evaluación de las características de riesgo tenemos que hacerla siempre, ya sea simplificada o completa, si queremos actuar con sensatez. Que hay profesionales que son penalmente responsables de delito, es verdad, pero se castiga a esos, no a todos los demás. No digo esto por los escribanos, sino por todos los agentes no financieros. Lo que ocurre es que el control de los documentos con los que se acredita el pago pasa por los escribanos, no por otro lado. Me quedé gratamente sorprendida con el informe que me envió antenoche el doctor Leonardo Costa, que fue el más duro en la comisión, y eso a nosotros también nos preocupó. Creo que dijo que íbamos derecho a la lista negra o, por lo menos, a la gris. Después introdujimos cambios; reitero que trabajamos mucho y ya expliqué con quiénes. El doctor Leonardo Costa dice: «Dicho artículo tuvo importantes modificaciones respecto de su versión anterior […], fruto del consenso arribado en la Comisión Especial que se encargó de darle tratamiento». El que quiera leer el informe puede hacerlo. Descarta totalmente el riesgo en el sentido en que lo había advertido sinceramente, porque además es un muy buen técnico y es evaluador del GAFI. Luego de las modificaciones que realizamos, señala: «Como criterio general, cabe mencionar que la nueva redacción resulta ser un gran avance…». He leído la evaluación del GAFI de diciembre y es cierto que una de las observaciones que se nos hace es que hay pocos reportes de operación sospechosa. Pero eso no cambiaba con la ley vigente. Es un problema de racionalizar, como dice el actual secretario antilavado, que además ejerció durante décadas la superintendencia de los escribanos porque nosotros estamos controlados doblemente por la corte. Me interesa que quede claro que las observaciones que nos hicieron en la última inspección se refieren fundamentalmente a faltas de control que parten del Banco Central y especialmente a la Unidad de Investigación Financiera. Dice que no son graves, pero que tienen que ser corregidas. Ahora bien, hay algo que no dice el informe o lo dice de una manera muy técnica, y es difícil que lo entiendan quienes no están en el tema. Yo estoy en el tema, pero prefiero, como decía el señor senador Gandini, que se hable «a lo criollo». Me refiero a que hay agentes financieros que no están controlados por el Banco Central del Uruguay, como son las cadenas de cambios y las empresas de cajas fuertes, no solo privadas, sino también de bancos de plaza. Ahí hay una fuga fundamental, que es muchísimo más grave que cualquier otra, ante la posibilidad del ingreso de capitales o de dineros que son pasibles de ser considerados de origen ilegal. Para finalizar, quiero señalar que ratificamos lo que dijimos en el informe y que también fue expresado por toda la oposición: el peso del control tiene que recaer sobre el Estado y nosotros podemos colaborar. Eso es lo que hacen Gran Bretaña, Canadá, Israel y muchos otros países. Entonces, ajustemos todos los controles, especialmente del Banco Central del Uruguay y hagamos que la Unidad de Investigación Financiera sea un ente autónomo, como lo piden las recomendaciones del GAFI, y no dependiente del Banco Central, porque en ese caso la ampara el secreto bancario. Muchas gracias, señora presidente.