SEÑOR OLESKER. Tal como fundamentamos como bancada en la comisión, vamos a votar en contra de este capítulo I, «Regla Fiscal», contenido en esta sección, por razones de oportunidad, por razones conceptuales y por razones de coyuntura. Decimos, en primer lugar, que esta propuesta de regla fiscal no está demasiado desarrollada, deja su instrumentación muy sometida al Poder Ejecutivo y contiene enormes vaguedades sobre la conformación de un concepto, como el crecimiento potencial. Además, es innecesaria porque Uruguay ya tiene una regla fiscal –esto ya lo discutimos en la comisión– a partir de la Ley n.º 17947, la de tope de deuda, del 2006. Esa regla fiscal genera un relacionamiento entre el resultado fiscal y la deuda. La señora ministra –consta en la versión taquigráfica–, en oportunidad de su comparecencia dijo que el objetivo central de la regla fiscal era el vínculo entre el resultado fiscal y la deuda neta. Eso es lo que hace el tope de deuda y, por lo tanto, no nos parece necesario incorporar una segunda regla fiscal. En la literatura internacional hay básicamente tres reglas fiscales: una que es tope de deuda; otra que es relación entre déficit y producto –esa es la regla fiscal de la Unión Europea, que topea el resultado fiscal en 3 % sobre el producto–, y la otra es gasto público sobre producto bruto interno. En la medida en que se trata de tres reglas alternativas, nosotros creemos que la regla sobre deuda es la más adecuada, y reitero que existe. Frente al argumento de que efectivamente ese tope de deuda ha sido levantado en varias instancias parlamentarias, también decimos que en este caso el concepto de crecimiento potencial de la economía es mucho más difuso y ni siquiera es avalado por el Poder Legislativo. Si bien es potestad del Poder Ejecutivo, debe ser avalado y modificado por una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, la regla propuesta, además de innecesaria con respecto a la existente, es de menor control parlamentario y es de menor amplitud en su diseño, ya que se encomienda prácticamente al Poder Ejecutivo. En particular, habla del Comité de Expertos; a ese respecto nosotros ya hemos dado nuestra opinión aquí, y la volveremos a dar, aunque positivamente, porque por suerte eso cambió cuando se analizó la reforma de la seguridad social. Creemos que el concepto de expertos no tiene neutralidad; la economía no es una ciencia exacta, tal como decían algunos senadores en el día de ayer. Por lo tanto, definir un concepto de crecimiento potencial sin amplitud de pensamiento, de diseño, de elaboración y sin participación de actores relevantes en la vida productiva, es algo absolutamente discrecional. Por otra parte, además de ser innecesaria, nos parece que esa regla está fuera de contexto o es injustificada. En la comisión planteamos tres preguntas a la ministra. Consultamos si habían tomado en cuenta, para la LUC 2 –porque cuando se redactó la LUC 1 la coyuntura económica no era la que se presentó después–, el cambio que habían provocado en la economía nacional y mundial los impactos de la pandemia. También preguntamos si habían estimado la duración de la crisis, sus impactos y cuántos de ellos serían transitorios y cuántos permanentes. No recibimos una respuesta e imaginamos que esos estudios todavía no están hechos en el ámbito del ministerio. Esta misma pregunta la hicimos como integrantes de una delegación en oportunidad de ser recibidos por el señor presidente de la república para entregarle un documento de propuestas frente a la pandemia. Nos pareció que era relevante tener estos estudios para poder analizar una regla fiscal que, aunque se dijo que no se sabe si se va a aplicar de manera inmediata porque hay que ver la coyuntura y demás, se va a aprobar antes del próximo presupuesto quinquenal y, por lo tanto, legalmente, tendrá influencia en la construcción de ese presupuesto. Luego podrá ser flexibilizada, pero eso no lo sabemos y, como siempre, nosotros nos manejamos con lo que está escrito y alertamos sobre los riesgos de una regla fiscal restrictiva, que mantenga la relación resultadodeuda o, como dijo la ministra, la relación gastoPBI –en el marco de un PBI potencial–, en un contexto en que el gasto necesariamente tendrá que expandirse y dar respuesta a los efectos coyunturales y permanentes derivados de la crisis provocada por la pandemia. En consecuencia, creemos que aprobarla está fuera de la realidad y por eso, como hemos dicho en la comisión, nos parece que perfectamente se podrían generar condiciones para discutir una regla fiscal, o mejorar la existente en el futuro, pero no ahora. Aclaro que esto no solo lo decimos nosotros; los principales organismos internacionales están proponiendo a los países la expansión del gasto como mecanismo alternativo a la crisis generada por la pandemia, y a los que tienen regla fiscal –como ya lo hizo la Unión Europea– les propone suspender transitoriamente su uso limitante para enfrentar la situación. España acaba de aprobar una renta básica de emergencia y varios países europeos han ido en esa misma dirección. Por su parte, Canadá aprobó un subsidio general y el Reino Unido hizo lo mismo con respecto a las empresas para que mantengan a los trabajadores en actividad y no afecten el nivel de empleo. Podemos dar muchos ejemplos: la Cepal ha hecho –sugiero que se lea– un repertorio o un repositorio –como se dice ahora– de todas las medidas que se han tomado en los países, que más o menos andan, en promedio, en América Latina, en cuatro puntos del producto, y en el mundo en siete. Sin embargo, en Uruguay nos ubicamos entre un 0,7 y un punto del producto bruto interno. En tercer y último lugar, entendemos que la regla fiscal basada, digamos, en una relación entre gasto y producto, puede generar importantes restricciones, ya no solo para enfrentar la coyuntura fruto de la pandemia, ya no solo para enfrentar los impactos permanentes que ella deje hacia el futuro, sino también las heterogeneidades estructurales que la economía aún tiene, a pesar de sus enormes avances en quince años. Ayer, en una de mis intervenciones, leí un cuadro comparativo 20052020, que mostraba que la informalidad bajó de 42 % a 24 %. De todos modos, todavía se necesitan políticas públicas para seguir reduciéndola aún más, especialmente en los cuentapropistas, porque en asalariados la informalidad es apenas del 14 %. Además, la pobreza, que bajó de 39,6 % a 8,5 %, debe seguir disminuyendo, no solo para enfrentar a los que traspasaron la línea de pobreza en esta coyuntura, sino a los que aún quedan de ese 8,5 %. Por lo tanto, es necesario seguir expandiendo la relación gastoproducto. Cuando el Frente Amplio asumió en el 2005, la relación gastoproducto era 29,8 % y la relación de gasto social sobre el producto era de 20,7 %. Hoy, ese 29,8 % pasó a 36,2 % y ese 20,7 % a 27,1 %. Este aumento de casi siete puntos en el gasto social sobre un producto que, además, pasó de USD 13.000:000.000 a USD 60.000:000.000 –es decir, si solo hubiéramos mantenido la relación gastoproducto, el gasto social hubiera aumentado mucho, pero se incrementó más que eso, casi siete puntos más–, significó que se pudieran desbloquear algunas trabas estructurales que existían desde épocas pasadas. El gasto público en educación –como dijo ayer el senador Sabini– pasó de 3,1 % del PBI a 5,1 %. El gasto público en salud pasó de 3 % a 6,4 % del PBI. Hago aquí una digresión: la OMS sugiere un 6 % de gasto en salud sobre el PBI y en América –porque la OPS no es solo en América Latina, sino toda América; incluye a Estados Unidos– solo cinco países han pasado ese límite: Estados Unidos, Canadá, Cuba, Costa Rica y Uruguay. Esto ha permitido construir una red de protección social muy importante, fruto de ese crecimiento que debería mantenerse, repito, por la coyuntura actual y sus impactos estructurales y por los impactos estructurales generales. Entonces, consideramos que una regla fiscal restrictiva, rígida, no sometida a la discusión del Poder Legislativo en cuanto a su cambio y evolución –como sí es la regla del tope de deuda– presenta serios problemas de restricción. Y, claro, cuando uno piensa en la restricción, se pregunta cómo es el gasto público en el Uruguay. En 2005 el 66 % era gasto social; es decir que había un marco de no gasto social importante. Hoy el gasto social es 80 % en el gasto total, una parte de él endógeno, asociado a variables que no se pueden modificar. Por lo tanto, no hay posibilidad de actuar con una regla fiscal restrictiva sin afectar el gasto social que, obviamente, no es endógeno y puede ser modificado por la política pública. Ese riesgo está en el presupuesto quinquenal y, a nuestro juicio, es mayor. Vuelvo a insistir con las palabras «riesgo» y «alerta» porque si bien no decimos que vaya a pasar, como resultado de la aprobación de una regla fiscal, es un riesgo que el presupuesto quinquenal tenga un efecto negativo sobre el gasto público y social. Entonces, señora presidenta, por su carácter innecesario –ya que existe un tope, una regla–, por su carácter de fuera de la coyuntura, fuera de la realidad en el contexto de la pandemia y por el efecto restrictivo importante que puede tener no solo en las consecuencias de la pandemia sino en la estructura económica y social del país, es que votaremos negativamente este capítulo de artículos sobre la regla fiscal.