SEÑORA BIANCHI. De ninguna manera quiero dar el debate ahora; es más, no pensaba intervenir, porque ya han sido claros en este sentido los senadores Camy y Domenech. Sin embargo, hay cosas que quedan registradas en la versión taquigráfica y, sinceramente, me motivan a responder. Reitero que no quiero reiniciar ningún debate, pero sí deseo dejar alguna constancia. En el fondo existe un prejuicio contra la propiedad privada. Vamos a aceptarlo. Son posiciones tan válidas como cualquier otra, siempre que se debatan en democracia, en estos ámbitos, y se tomen decisiones legislativas correctas. Es sano que tengamos concepciones distintas. Ahora bien, los que compraron antes de la ley de colonización son propietarios plenos. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia, seguramente en más del noventa por ciento de las sentencias, ha tomado decisión en ese sentido. En realidad, yo pienso más como abogada que como profesora de Historia, pero lo que más me motivó fue lo que se dijo en cuanto a los malos europeos y peores americanos. Aquí estamos hablando de una decisión de un órgano administrativo, así que, en realidad, cuando un propietario quiere vender y se le niega la posibilidad, tendría que ir por la vía administrativa. Y una sentencia del TCA la puede anular. El derecho de propiedad tiene que ser defendido porque no se puede dar un efecto retroactivo a las normas. Y en el fondo de todo esto –lo digo con todo respeto, pero también forma parte de una concepción ideológica– hay que decir que la justicia social no se puede llevar puesto el Estado de derecho. Esto es algo que yo aprendí con dolor a lo largo de toda mi vida. La justicia social no puede ser pretexto para llevarse puestas las normas jurídicas. En este caso, lo que está en juego es el derecho de propiedad y los derechos adquiridos, de los que tanto se habla cuando nos referimos a otros colectivos. Acá son más que derechos adquiridos; es el derecho de propiedad. Y nadie puede impedir que esto se haga, porque si hay una resolución administrativa que lo impide, perdemos el juicio. Entonces, ese será otro de los tantos juicios que advertimos en otras instancias que nos iban a costar fortunas. Lo que a mí más me duele, señora presidente, es que seguramente estos pequeños colonos no tienen ni siquiera los recursos para iniciar un juicio de reconocimiento, un juicio reparatorio o un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque son caros y no llevan menos de tres o cuatro años. De manera que probablemente la mayoría no puede recurrir a esa vía, hasta por un problema de distancia, porque todo está centralizado en Montevideo, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sin dudas. Entonces, dejamos de rehenes a los más desfavorecidos en nombre de los menos desfavorecidos. No entiendo esa contradicción. ¿Por qué no volvemos a poner el eje? Son propietarios desde antes de la ley de colonización. Punto. Reconozcámosles el derecho y, si van al mercado o no… y bueno, sí, vivimos en una economía de libre mercado. Lo otro que quiero dejar sentado es que Artigas –siempre lo citamos y está bien hacerlo–, que hizo junto a su gente el reglamento de tierras de 1815, era propietarista. El no era socialista, de ninguna manera; era un liberal inspirado en la Revolución francesa. Según las necesidades, les otorgaba una parcela de una legua y media de frente por dos de fondo –lo que actualmente equivale a unas tres mil hectáreas–, que para aquella época era una mediana propiedad. En tres meses debían hacer un rancho y dos corrales. Si no lo hacían en ese plazo, les daba treinta días más y, si no cumplían, les sacaba la tierra. Quiere decir que el concepto de trabajo y de responsabilidad también lo tenía. Pero ¡miren qué cosa increíble! Ahora me estaba acordando. Los adjudicatarios de las tierras que daba Artigas a través de los cabildos –que no tenían ningún costo para el adjudicatario, tenían condiciones como, por ejemplo, no ser traidores a la revolución, que es lo que quiere decir la frase– podían permutarlas. Repito: podían permutarlas. Efectivamente, esta patria se fundó en esos principios, entre ellos, el principio de libertad. Entonces, ¿hacía justicia social? ¡Claro que la hacía! ¿A costa de qué? A costa de las tierras de los enemigos de la revolución. Ahí había un componente político. Acá ese componente no está. Reitero: les permitía permutar. Nosotros los estamos dejando de rehenes, reitero, por dos principios que siempre recuerdo y que siguen siendo la base ideológica –está bien; yo los respeto, pero no los comparto–: que el fin justifica los medios –no es así, el fin no justifica los medios– y que la justicia social tiene que respetar el Estado de derecho. Esto me duele porque me imagino que deben ser personas con muy pocos recursos. En estos días aprendí muchísimo. A algunas de ellas puedo conocerlas, pero a otras, no. Imagino que son personas con muy pocos recursos porque son parcelas pequeñas. Uno sabe lo que cuestan esos juicios y lo que hay que pagarles a los abogados. ¡Y tienen razón! Además, ¿en qué nos cambia reconocer ese derecho adquirido? A su vez, muchos de ellos ya tienen escrituración. Queda una pequeña parte que tiene promesas de compraventa inscriptas en el registro, que es prácticamente lo mismo que tener la escritura porque ya se produjo la adquisición del dominio. ¡Sacamos ese problema, dejamos de discutir eso y miramos para adelante! Además, no los dejamos atados a la tierra. ¡Ni Artigas los dejaba atados a la tierra! Así que, por favor, no «usemos» al héroe si no estudiamos lo que Artigas hizo efectivamente con la tierra. Para terminar, señora presidente, quiero señalar que gran parte del problema del país, hasta hoy –estoy segura de que puedo compartirlo con el señor senador Sánchez–, es que Artigas perdió porque lo que él quería era justamente crear una clase media rural, pero que tuviera el dominio de sus tierras. Al principio se la daba en usufructo. ¿Por qué? Porque quería ver si cumplían con el trabajo. Nada más. No sigamos discutiendo esto que es bizantino. Son propietarios. Punto. Si seguimos con esto, van a terminar haciendo juicio y nos va a pasar lo mismo que con otras cosas en que se advirtió que íbamos a perder los juicios y los perdimos, y hay mucho dinero destinado al pago de sentencias judiciales. Me parece que tenemos –lo digo con todo respeto– cierto capricho, pero en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido personal. Es como que no podemos ceder la bandera de que esto es de la sociedad. No, no es de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad somos todos y cada uno de nosotros. Somos los contribuyentes. ¿Cómo se compran las tierras para adjudicar? Con los impuestos que paga la gente. Nosotros somos los dueños de todo. No hay un criterio de dinero público abstracto: somos los contribuyentes. Así se compraron esas tierras y se decidió hacer una política de tierras ¡y bienvenida fue! La ley del cuarenta y ocho fue lo más parecido a una reforma agraria que se hizo en el Uruguay, porque después, todos los que prometimos realizarla, lo que hicimos fue concentrar la tierra como nunca antes se había hecho, y en manos extranjeras. Muchas gracias.