SEÑOR GANDINI. Señora presidenta: tenemos a consideración un artículo en el capítulo II, «Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la Empresa». No se le puede hacer decir a este artículo lo que no dice. No se puede permitir que en sala haya senadores que quieren que este artículo diga lo que ellos desean que diga para alentar la confrontación y el enfrentamiento. Ese es el deseo que tienen, porque creen los senadores de la oposición que el mundo crece en el enfrentamiento. Estoy hablando de lo que nos acaban de adjudicar; nos acaban de adjudicar malas intenciones y una conspiración secreta para criminalizar la protesta. Eso es lo que se nos acaba de adjudicar, y se dice también afuera. ¡Y no es verdad! El artículo no dice eso, pues lo primero que consagra es el derecho de huelga y dice que el Estado lo garantiza. ¡Garantiza el derecho de huelga! Y si una patronal quisiera impedirla, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de los huelguistas a hacer huelga. ¡Es lo primero que consagra! Consagra tres derechos, dos de ellos fundamentales, y otro de carácter constitucional, que no es fundamental. En el artículo 7.° de la Constitución de la república, el primero de los artículos de la sección II, «Derechos, Deberes y Garantías», se expresa: «Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad». Estos son los seis derechos que consagra la Constitución a texto expreso como fundamentales y entre ellos, entre el derecho a la vida, a la seguridad, están el derecho al trabajo y a la propiedad. Por su parte, el artículo 57 de la Constitución, en su último inciso, dice: «Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad». Es decir que estamos cumpliendo con la Constitución de la república y estableciendo en un artículo de una ley cómo deben aplicarse tres derechos consagrados constitucionalmente cuando entran en conflicto, porque la sociedad democrática siempre vive en conflicto, hasta en lo más sencillo, como cuando mis hijas quieren poner música y el vecino quiere dormir. Lo que hacen la reglamentación, la ley y la Constitución es encontrar caminos de convivencia, garantizando el equilibrio entre los derechos de quienes conviven bajo un contrato social, en una sociedad democrática. Y lo primero que consagra es la huelga, y discutimos en un país en el que los trabajadores pueden hacer huelga. Acá hay gente que discute, se rasga las vestiduras y no habla de países en los que no hay huelga. Hay países en el mundo donde no hay derecho de huelga y los que quieren hacerla, por la razón que sea, a veces para pedir alimento o para defender sus derechos esencialmente humanos, son criminalizados si la ejercen. Nosotros vivimos en un país que desde hace muchísimos años, incluso mucho antes de que se crearan algunos partidos políticos, tiene garantizado el derecho de huelga. Yo estoy muy orgulloso de mi país. Lo que hace esto es decir que el Estado «garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos», es decir, consagra el derecho al trabajo. Y cuando dice «acceder» está presuponiendo la ocupación. Quiere decir que no está contra la ocupación. Si no, no utilizaría el término «acceder», ni mencionaría «el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente». ¿Por qué? Porque reconoce implícitamente que puede haber trabajadores que, en el ejercicio legítimo de su derecho de huelga, están dentro de la empresa. Lo que no va a poder pasar más es que un grupo de trabajadores tranque el portón y le impida el ingreso a los demás. Es por esa razón que este artículo se llama «Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la Empresa», porque consagra el derecho de huelga y la libertad de trabajar; la huelga pacífica. Esto no lo inventamos nosotros. ¡Nos han dado palo con la huelga pacífica! Han tratado de demostrar que nosotros tenemos una intención aviesa al incluir el término «pacífica». Ahora bien, el decreto de 2006, firmado por Tabaré Vázquez, relativo a la regulación del derecho de huelga, libertad sindical y negociación colectiva, en su artículo 4.º, y bajo el nomen iuris «Ocupación en ejercicio del derecho de huelga», establece: «La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá realizarse en forma pacífica». La nuestra es igual de pacífica. ¿Qué quiso decir nuestro artículo al establecer «pacífica»? Lo mismo que quiso decir Tabaré Vázquez. Quiero dejarlo claro porque eso nadie lo protestó. Hay un artículo que lo que consagra es el derecho de huelga para todos. Y la ocupación será una extensión. Nosotros no lo discutimos. Nos alineamos con la Organización Internacional del Trabajo. Aquí se acaba de hablar de la OIT y del comité de no sé qué de esa organización. La OIT acaba de venir a decirnos –lo hemos escuchado y leído– que la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones –que luego se transforma en una sigla compleja– recuerda que, al examinar el caso número 2699, «el Comité estima que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma». Y pidió al Gobierno de Uruguay «que vele por el respeto de estos principios en las normas reglamentarias que se dicten». Más adelante, en el literal E) hace referencia a que esa comisión ha entendido que el ejercicio pacífico de la huelga –debe estar pensando lo mismo que nosotros–, la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de acceder a los locales de la empresa se corresponden plenamente con lo dispuesto por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación n.º 87, de 1948. Y agrega que, en conclusión, el texto del artículo 398 –que ahora es el 388– del proyecto de ley parecería estar en línea con lo anterior en lo que hace particularmente a la exigencia del derecho pacífico de huelga en la garantía del respeto a la libertad de los trabajadores no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a entrar a locales de la empresa. ¿Por qué se nos acusa de «querer recortar un derecho fundamental»? Lo digo entre comillas porque se dijo aquí. ¿Por qué se nos dice que vamos por la línea de la represión si esto es lo que consagra la OIT? Es la misma Organización Internacional del Trabajo a la que apelan muchos senadores que hoy están en sala, integrantes de la oposición, o el propio movimiento sindical. No lo entiendo. Además, ¿por qué hay un doble discurso? En 2006 se emitió un decreto estableciendo libertad sindical y negociación colectiva. Es el texto que acabé de leer. Comienza diciendo: «VISTO: La necesidad de mantener como uno de los objetivos primordiales del gobierno el fortalecimiento del diálogo social» y decreta varias cosas, entre las que aparece, en cuarto lugar, el derecho de huelga de forma pacífica. Aquí se reguló. Pero en 2010, el presidente de la república, José Mujica; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, promulgado el 2 de diciembre de 2010, firman un decreto que dice: «VISTO: Las recientes ocupaciones de edificios de la Administración Central, Intendencias Municipales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Judicial, etc. CONSIDERANDO: I) Que los artículos 5° a 7° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 165/2006, de 30 de mayo de 2006, –el que acabo de leer– al manejar el mecanismo de desocupación de inmuebles por parte de huelguistas…». Se refiere a la actividad privada, dejando de lado al sector público en la totalidad de su expresión. Y continúa: «DECRETA: Artículo 1. Ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta (Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, etc.), se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de dicha dependencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Artículo 2. Si dicha conciliación resultara inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública». ¡Represión! ¡Lo que hace la fuerza pública es eso y al juez no lo veo por ningún lado! Y continúa: «Cumplidas estas etapas, y de persistir la situación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores». Es cuando viene la fuerza pública con los escudos, los cascos y los palos a desalojar. ¡Y pasó –Antel, 11 de abril de 2011–, en aplicación de este decreto! Aquí tengo varios recortes. El 27 de junio de 2017, con respecto a los juzgados, un periódico publica: «El Ministerio del Interior dio un plazo de dos horas a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay…». Y luego habla el dirigente sindical. El 28 de junio de 2017, otro periódico publica: «En la tarde de ayer martes los funcionarios judiciales acataron la orden de desalojo que emitió…». Después tenemos el caso más conocido, del 23 de setiembre de 2015: «Codicén: heridos, destrozos y varios detenidos en desalojo. Sobre las 21 horas de ayer la Guardia Republicana –que está muy bien armada– desalojó la sede del Consejo Directivo Central (Codicén) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que quedó destrozada tras los incidentes entre los efectivos policiales y grupos radicales pertenecientes en su gran mayoría a la agrupación Plenaria Memoria y Justicia». Es decir que cuando la patronal es el Estado, se puede reprimir, desalojar y el derecho a la ocupación no forma parte del derecho de huelga. Y no vi ningún artículo que vinieran a proponer acá como un aditivo para derogarlo, ni en los años en que se aplicó, ni ahora que son oposición. ¡Ahí se la bancan todos! ¡Ahí no hay problema! ¡Ahí la ocupación ya no es una extensión del derecho de huelga porque el patrón es el Estado! Entonces, no puede permitir que ocupen la Torre de Antel ni las oficinas del Codicén. No estoy hablando de que ocupen un hospital ni el Ministerio de Economía y Finanzas. ¡No! Estoy hablando de las oficinas del Codicén, de las oficinas de Antel y de las oficinas del Poder Judicial. Los servicios esenciales igual iban a funcionar. De todos modos, se aplicó un decreto, firmado por el Poder Ejecutivo del momento, para desalojar. Me parece que queremos discutir sobre algo que se desea que suceda. Y tan bien como hemos conducido la pandemia, vamos a conducir las relaciones humanas y la convivencia. Va a haber mucho diálogo; vamos a tener mucha paciencia; vamos a dejar que la gente mire lo que está pasando, que juzgue, y luego vamos a apostar a la solución de los conflictos. Acá no estamos diciendo que vamos a intervenir con la fuerza pública. (Murmullos). –¡Y sí! Hablo con pasión, como alguna pasión que se presenció acá. El tiempo que me resta me alcanza para hablar del artículo 466 que, si bien pertenece a otra sección, lo discutimos aquí por una cuestión de procedimiento y para ahorrar tiempo. Pero nada tiene que ver con el derecho de huelga y el derecho de los trabajadores. El artículo 466 está en la sección XI, «Otras disposiciones», capítulo I, «De la protección a la libre circulación». En algún momento dije que la libertad atravesaba el proyecto de ley con carácter de urgente consideración como un concepto fundamental. El artículo que mencioné anteriormente tiene mucho que ver con la libertad de los trabajadores, de los huelguistas a hacer huelga y de los propietarios o administradores a entrar a la empresa. Este último artículo tiene que ver con la libertad de todos aquellos que quieran circular. Lo que establece es eso. No dice que son ilícitos los piquetes; no dice que son un delito los piquetes; no dice que están penalizados, ni se reprime la protesta. Dice que hay un tipo de piquetes que es ilegítimo. Dice: «Decláranse ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios». Me acuerdo bien: sujeto, verbo y predicado. Se podrá seguir protestando en la puerta de la fábrica, a la orilla del barrio. ¿No son, normalmente, los trabajadores los que hacen piquetes? ¿No son ellos? De repente hay algún grupo de vecinos indignados por alguna situación social que queman unas cubiertas y no pasan más ómnibus por Camino Maldonado o por una ruta. Y lo que estamos diciendo aquí es que vamos a proteger a todos los que vienen en el ómnibus, en la bicicleta, a los que van a trabajar, a los que van a su casa, a los que van a estudiar. No vamos a permitir que unos avasallen los derechos de otros. Pero podrán entregar volantes en el semáforo; podrán desplegar pancartas; podrán poner pasacalles. Lo que no podrán hacer es impedir el paso. ¡Podrán ocupar la plaza! Pero no podrán impedir la circulación; es el ejercicio de la libertad plena de los ciudadanos. Y por eso nosotros vamos a darlo todo, y vamos a dar la discusión, aquí, y pública. ¡Háganse cargo quienes están en contra de la libertad de ir contra estos artículos! Esa es la discusión: libertad o no. Nosotros estamos a favor de la libertad. Muchas gracias.