SEÑOR DOMENECH. Esta disposición del artículo 353 lo que hace es corregir dos leyes que le antecedieron –la n.º 18187 y la n.º 18756–, repetidamente declaradas inconstitucionales. Estoy totalmente de acuerdo con defender la propiedad de la tierra para la gente comprometida con el destino del país; por eso, quizás, de este proyecto de ley se eliminó una disposición que a nuestro juicio permitía que las sociedades anónimas con acciones al portador –y nosotros sabemos qué sociedades anónimas son– pudieran ser propietarias de tierras. Estamos en contra de que las multinacionales –hacia las cuales se va trasladando, por lo que observamos, el eje del poder político– puedan ser propietarias de tierras en nuestro país. Lamentablemente –y con gran sorpresa para nosotros– se nos dijo, en primera instancia, que había unos 5:000.000 de hectáreas en manos de estas empresas. Tengo aquí un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que dice que la superficie respecto a la cual se han aprobado excepciones es de 6:899.543 hectáreas. Yo diría que se ha permitido que prácticamente un tercio del territorio nacional con aptitud agrícolaganadera cayera en manos de las multinacionales. Nosotros somos partidarios del derecho de propiedad, pero lo queremos para nuestros nacionales, que son los que están dispuestos a vivir en el país, a correr la suerte de las empresas agropecuarias –pequeñas, grandes o medianas– y que dan la cara, y no para estas entidades que son una creación del derecho y que cuando las papas queman sus representantes desaparecen y no se sabe quién es el responsable de las acciones llevadas a cabo por estas ficciones jurídicas que son las sociedades anónimas. Ahora bien, ¿aceptaríamos las sociedades anónimas con acciones nominativas? Cuando nos pusimos a estudiar el tema, a pesar de que algunos somos escribanos y abogados, nos encontramos con la sorpresa de que ahora hay una multiplicidad de tipos sociales que permiten el anonimato de los propietarios. Creemos que el derecho de propiedad es importante, pero quien es titular debe dar la cara frente al resto de la sociedad por la forma en que lo ejerce. No creemos en el uso y abuso de los derechos, sino en el uso de los derechos. Tampoco queremos crear siervos de la gleba; por eso entendemos que el propietario de la tierra la puede enajenar a quienes estén en su misma situación. Como ya dije, hubo reiteradas sentencias de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de estas normas. Hay una sentencia expresa, por ejemplo, respecto a la Ley n.° 18756 que dice: «La referida norma vulnera el principio de seguridad jurídica, al incluir dentro del requisito “autorización previa” para enajenar, prevista en el inc. 2 del art. 70 de la Ley N° 11.029, inmuebles adquiridos con anterioridad a su entrada en vigencia». Luego se extiende en consideraciones y termina diciendo: «En suma, y como analizara la Corte en oportunidad de estudiar la constitucionalidad de la Ley N° 18.187, en S. Nº 128/2010, con argumentos trasladables “mutatis mutandi” a subexamine: “… la ley hace retroactivo el régimen a los bienes por ella comprendidos desde el año 1948 y, en verdad 1919, en tanto refiere al BHU (División de Fomento Rural). Por lo tanto, esta ley, al pretender modificar efectos jurídicos en contratos celebrados, conforme con la normativa vigente al momento de su celebración, e incluso a situaciones que superan el plazo de treinta años (hipótesis en que todo vicio se subsana por prescripción) es violatoria del principio constitucional de seguridad jurídica”». Estas tierras eran propiedad del Banco Hipotecario del Uruguay, no del Instituto Nacional de Colonización. Quienes adquirían estas tierras podían enajenarlas. Las adquirieron legítimamente con ese derecho. Por lo tanto, la pretensión de imponerles el régimen de colonización en forma retroactiva violenta el principio de seguridad jurídica. Me parece que no viene al caso extendernos. Hay pronunciamientos de la Asociación de Escribanos del Uruguay que expresan que terminó tratándose de un gravamen oculto, ya que quienes adquirían estos campos lo hacían pensando que estaban en libre disponibilidad, porque se estudian los últimos treinta años, y luego se encontraron con que, como habían sido del Banco Hipotecario del Uruguay, se les aplicaba retroactivamente la ley de colonización. Se generó una serie de perjuicios realmente importantes, y encontramos contradictorio que se les haya permitido a las multinacionales comprar casi siete millones de hectáreas y, ahora, a estos pequeños propietarios se les endilgue un gravamen como este, de tener que solicitar la autorización al Instituto Nacional de Colonización. Con respecto al segundo artículo, el 354, considero que simplemente confirma que debe trabajarse en el predio, supervisar el trabajo y habitar el predio. Sin embargo, crea una válvula de escape. Tengo entendido que hoy en día el Instituto Nacional de Colonización habilita a que, cumplidos determinados requisitos –haber trabajado ni más ni menos que diez años, haber cumplido con un plan de inversiones e invocar razones fundadas de salud, de educación o de trabajo del colono o integrante del núcleo familiar–, se autorice la desvinculación. Decimos esto porque, realmente –como señalé al principio–, no pretendemos establecer una especie de servidumbre de la gleba, como en la Edad Media. Sabemos lo duro que es el trabajo rural y entendemos que hay situaciones que justifican que las personas puedan desvincularse –cumpliendo requisitos que son realmente importantes– de la fracción que se les adjudicó. Así pues, por esas razones vamos a acompañar lo que se propone.