SEÑOR ANDRADE. Defiendo fervientemente el derecho de huelga porque creo en el diálogo y entiendo que las posibilidades de diálogo social se ensanchan cuando se construye interlocución. Pero es muy difícil construir interlocución, negociación colectiva, si este derecho se limita o se afecta. No digo esto para la retórica en el Parlamento; provengo de un sector de actividad que tiene la tripartita de seguridad más vieja de América Latina o la segunda, que construyó la primera evaluación de tareas del sector, que construyó un fondo de vivienda en la década de los sesenta, que amplió áreas enteras de diálogo, que creó la cultura de diálogo. El problema es que la cultura de diálogo no logra desarrollarse cuando la lógica es la de restringir derechos, que es lo que hace el artículo que estamos discutiendo. Yo no podría borrar lo de «ejercicio del derecho de huelga» porque nadie puede sostener que estemos declarando el derecho de huelga, que existe y está en la Constitución. Lo que reafirma la ley, de manera contundente –si fuera redactada así–, es que el Estado garantiza el derecho de los no huelguistas. Eso es lo que garantiza el Estado; en eso está preocupado el Estado y supongo que el Ministerio del Interior. Eso es lo que el Estado garantiza, equipara y lo que coloca por encima del derecho de huelga en su manifestación de ocupación, que es excepcional en el Uruguay. El movimiento sindical uruguayo –aparte de ser un movimiento sindical unitario, solidario; un movimiento en el que los trabajadores y sus dirigentes terminan viviendo de un salario– no utiliza la ocupación como medida frecuente, sino que es excepcional. El problema acá es el antecedente que se crea al limitar un derecho fundamental en medio de una pandemia vía ley de urgente consideración. Hay algunos aspectos jurídicos que, para contestarlos, me voy a basar en un trabajo de Oscar Ermida Uriarte. El señor senador Gandini se manifestó acerca de la libertad de trabajo, establecida en el artículo 7.º. Sobre este tema, Ermida decía: «En cuanto a la libertad de trabajo, se refie re a la proscripción del trabajo forzoso y a la posibilidad teórica de escoger dónde trabajar o, en todo caso, a la facultad de negarse a aceptar determinado trabajo. Nada de esto puede verse afectado por el derecho de huelga ni por su modalidad de ocupación que, en todo caso, si algo parecido afectara, sería el presunto derecho efectivo del trabajador que ya tiene un empleo a continuar desempeñando». Más adelante, en el mismo trabajo –refiriéndose, ahora sí, al artículo 53– decía: «La colectividad procurará ofrecer…».