SEÑOR OLESKER. Ya vimos esta discusión en la comisión y están claras las posiciones: por un lado, lo que nos dijo el Comité de Libertad Sindical de la OIT y, por otro, el experto de la OIT –hay que diferenciar entre uno y otro–; está claro lo que nos dijo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ya sabemos todo. Entonces, ahora voy a dar la argumentación de por qué no vamos a votar esto. Pero no lo puedo hacer sin fundamentar los artículos que vamos a citar y el contexto en el que se hace; es imposible, no podemos salirnos del contexto. Ante todo, queda claro –como dijo recién el señor senador Bonomi– que acá hay una gran confusión entre huelga y ocupación. El artículo 57 de la Constitución no habla de la reglamentación del derecho de huelga pacífica, y alguien tiene que preguntarse por qué no le puso el apellido a «huelga», porque sí se lo puso en el artículo 38 al derecho de reunión, cuando dice: «Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas». Por lo tanto, si no se le pone apellido a la huelga, no es porque se quieran huelgas violentas; es porque el concepto pacífico de una huelga es extremadamente complejo de determinar. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es el elemento? ¿Una entrega de volantes? Es muy difícil hacerlo; entonces, no tiene senti do hablar del ejercicio pacífico de la huelga. Sí puede hablarse del ejercicio pacífico de la ocupación, que es otro problema, y esa es la confusión permanente que se ha tenido a lo largo de esta discusión. Entonces, creemos que no hay que ponerle apellido a lo que la Constitución no le pone, ya que tanto hablamos de la Constitución uruguaya, que es por la cual nos regimos. Me pregunto cuál es la razón que tenemos para poner esa palabra, y la razón es porque se está confundiendo la huelga con la ocupación. La segunda pregunta que me hago es: ¿qué va a significar esto en la práctica? ¿Cuáles son los mecanismos con los que se va a desarrollar? Esto tiene un gran grado de incertidumbre, un gran riesgo de utilización de mecanismos y parámetros para fijar esta reglamentación del derecho de huelga, que son complejos y que pueden tener consecuencias. Nuevamente, no decimos que vayan a suceder, pero sí decimos que hay un gran riesgo de que sucedan. ¿Y cuándo una huelga, en el Uruguay, impidió a los demás que ingresaran? La ocupación sí impide, pero la huelga no. Tengo bastante experiencia, hace treinta y cinco años que estoy en el tema. Y estuve en huelgas, incluso con ocupación financiera, como la de la Asociación Española en 1986, y fui el contador que se encargó de la parte financiera de esa ocupación. En ese caso sí se impedía entrar a los no huelguistas. Por lo demás, estuve en decenas de huelgas y nunca está en juego impedir la entrada a los demás, salvo que sea una ocupación. En conclusión, me parece que es absolutamente ilegítimo plantear las cosas en estos términos y está totalmente fuera de lugar. Esta es la segunda vez en la historia moderna del país, posdictadura –después de un intento que hubo en 1993– que se pretende reglamentar el derecho de huelga. Esto va a traer problemas; trae conflictividades, trae situaciones que no son buenas. Me sumo a lo que decía el señor senador Rubio. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se quiere ir por este camino? ¿Qué agrega este artículo? ¿Cuál es el valor agregado que tiene? Si se entiende que la Constitución ya lo garantiza, ¿qué le agregamos? Conflictividad. Le agregamos don de mando, poder. Claramente, ese es el valor agregado que tiene este artículo. En tercer lugar, también hay que tener en cuenta que no hubo diálogo para estos artículos, porque el diálogo no es una llamada telefónica que termina en que se mejora un poquito la redacción del artículo. Eso no es diálogo, por lo menos no lo es en los términos en que la Organización Internacional del Trabajo –es la primera y única vez que la voy a nombrar porque prefiero concentrarme en lo que ha sido nuestro trabajo– define el diálogo. No hubo diálogo para incorporar estos artículos en el proyecto de ley. Claramente fue así. ¿Por qué no hubo diálogo? Porque, obviamente, la posición del movimiento obrero –la que tuvo históricamente– habría dicho que no se puede reglamentar el derecho de huelga. Todos los ejemplos que puso el señor senador Gandini –me ahorró, el señor senador Bonomi, contestarle–, todos ellos, eran sucesos de ocupación, no sucesos de huelga. Entonces, no nos confundamos y no queramos poner una cosa por otra. En cuarto término, quiero ver el contexto. Me voy a sumar a lo que dijo el señor senador Andrade. Si pudiera incluir estas imágenes en el acta, podría verse que en enero aumentaron los salarios por seis meses y en marzo la inflación ya se los comió. A partir del 1.º de abril los trabajadores tienen que sacar plata adicional de su bolsillo para pagar las cosas, porque el aumento de enero se lo comieron los primeros tres meses. Y a los jubilados que les dieron un 8,57 % por el año, en julio –o capaz que en junio–, con suerte, se los va a comer también, y a partir de agosto los jubilados van a tener que poner de su bolsillo para mantener su poder de compra, con el agravante de que no tienen correctivo, mientras que los trabajadores, por lo menos en junio, van a tenerlo. Se hace en ese contexto de una caída salarial muy importante, que no tuvo ningún nivel de protección. Esto también se hizo sin diálogo, sin ningún tipo de negociación. El Gobierno seguramente estará rezando para que la inflación anual no pase del 12 %, porque si eso ocurre los convenios se tienen que renegociar. Algunos son automáticos, otros no, pero lo tienen que hacer, así que les viene bien que hasta el 30 de junio siga subiendo, pero sin pasar el 12 %. (Ocupa la presidencia la señora senadora Asiaín). –¿Se llamó a los trabajadores para decirles que en marzo ya habían perdido todo el poder de compra? Entonces, en abril vamos a discutir algo. ¿Se llamó a los jubilados para decirles que estaban perdiendo jubilación y que iban a hacer un ajuste a cuenta en medio de este año o los vamos a hacer llegar hasta diciembre con un aumento jubilatorio que al séptimo mes ya va a estar todo perdido? Ese contexto de falta de diálogo tiene que ver con esta medida que se está tomando aquí. Pero no solo los trabajadores y los jubilados ya perdieron su salario –algunos ya lo perdieron y otros lo están por perder–, sino que hoy se los convoca –quien pueda decir que hoy hubo diálogo en el Consejo Superior de Salarios no está diciendo la verdad– y se les dice: «Miren señores, hasta enero no van a tener aumento salarial los que no perdieron demasiado empleo y hasta abril el resto; y, después, en junio, van a tener ese pequeñísimo aumento del 3 %. Además, en junio les vamos a dar un correctivo, pero les vamos a descontar lo que cayó de PBI, porque si el PBI cayó los trabajadores también tienen que perder salario, además del que perdieron de julio a diciembre». Entonces, como dijo el señor senador Andrade, cómo va a haber diálogo, cómo no va a haber necesidad de reglamentar algunos de estos derechos si lo que está pasando es que vamos a tener una enorme caída salarial que va a generar una enorme redistribución regresiva de los ingresos, y eso necesita tener un sostén en la reglamentación sobre algunos derechos fundamentales del trabajo. También quiero decir algo que señalé ayer de mañana cuando discutimos el tema de la seguridad. Nosotros no podemos dejar de mirar el mix de los artículos 11, 45, 388, 466, 467 y 468. Son seis artículos. Ojalá fuera en el estadio el problema, pero es obvio que esa es la mejor hipótesis, y está claro que no está pensado para el estadio. El artículo 45 que refiere a las manifestaciones y los cuatro artículos que estamos discutiendo ahora son un mix que forma parte de una mirada integral sobre cómo dar respuesta a esta cuestión que se avecina con una brutal regresiva redistribución del ingreso que va a haber a partir de una decisión que se toma hoy, pues durante un año los que tienen que pagar los costos de la pandemia son los trabajadores asalariados.