SEÑORA LAZO. Coincido con las tres senadoras que me precedieron en el uso de la palabra. Estamos frente a un tema sobre el que, en realidad, no se está abordando una solución general, pero las cuatro tenemos la misma sensibilidad. Además, quiero hacer una acotación, señora presidenta. Quienes nos anotamos para hacer puntualizaciones sobre este caso –por lo menos las primeras– somos mujeres, y habría que dar una lectura también a eso. Como es sabido, señora presidenta, la discusión sobre este tema no es nueva. En el Parlamento estuvo en discusión desde 2004 a 2013, cuando finalmente se aprobaron las últimas modificaciones sustanciales del régimen de adopciones. No solo no es nueva la discusión, sino que además ha sido muy amplia. Recuerdo que en aquel momento en el Parlamento comparecieron muchos y diversos actores que dieron su punto de vista sobre esta temática, como por ejemplo el INAU, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay y el Movimiento Familiar Cristiano, entre otros. El proyecto de ley que estamos tratando en este momento propone algunas modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia que, en alguna medida, alteran el régimen de adopciones. La bancada del Frente Amplio no va a votar los dos primeros artículos, pero sí va a acompañar el 401 y el 402. Y la preocupación mayor se centra, justamente, en si es realmente el niño el sujeto de derecho. Aquí se prevé la posibilidad de prescindir de la recomendación del INAU en el proceso de adopción en aquellas situaciones de hecho en las que el niño o adolescente se encuentre «plenamente integrado a un núcleo familiar, habiendo generado lazos de tal envergadura que de ser coartados inevitablemente vulnerarían sus derechos, siempre y cuando esta tenencia haya comenzado en forma lícita, priorizándose el interés superior del niño o adolescente en cuestión». Se entiende que esta disposición apunta, en alguna medida, a solucionar un tema que es real: el tiempo de espera, tanto para los padres adoptantes como para los niños que están en una situación vulnerada. Pero consideramos que no se está abordando el tema desde la centralidad. Si el problema es el tiempo de espera, podría abordarse desde el lugar de la capacidad del INAU para cumplir mejor sus cometidos, otorgando, en todo caso, una partida presupuestal más amplia o aumentando la cantidad de técnicos en el departamento de adopciones, ya que muchas veces se encuentran superados por la situación. Creemos, entonces, que es necesario dar una discusión al respecto. A diciembre de 2019 existían trescientos noventa y cinco niños y adolescentes con condición de adoptabilidad, de los cuales más de trescientos eran mayores de siete años. Eso quiere decir que los niños de menos de siete años, que son los más fáciles de integrar a las familias, eran menos de cien. El INAU ha realizado ciento nueve integraciones en 2018 y noventa y seis en 2019, de las cuales más del noventa y cinco por ciento fueron situaciones de niños menores de siete años. Por tanto, se podría concluir que el problema central está en determinadas edades; en principio, en niños mayores de seis años, sin ingresar, por ejemplo, a situaciones de discapacidad o grupos de hermanos. Creemos que son temas muy serios, que debemos abordar. Esto tiene relación con que las familias adoptantes no están dispuestas a integrar determinados niños. Este es un tema que merece un debate muy amplio y que debe perdurar en la sociedad. Sinceramente, creemos que el problema no se soluciona con las modificaciones propuestas, por lo cual entendemos que lo que se propone será ineficiente si lo que se quiere es lograr más integraciones de las familias adoptivas. Por lo expuesto, vamos a acompañar los artículos 401 y 402 y no así los artículos 399 y 400. Es cuanto queríamos manifestar.