SEÑOR ANDRADE. Gracias, señora presidenta. Es notorio que en las últimas décadas las empresas públicas han estado en el debate y es legítimo que haya opiniones diferentes acerca de la necesidad de contar con empresas públicas y del papel que desempeñan en el desarrollo productivo. En el sistema político hay quienes ven a las empresas públicas como una traba para el desarrollo productivo –no quiero calificar esto desde el punto de vista de la intención, pero lo entienden así–, hay sectores que entienden que las empresas públicas son un factor decisivo, y entremedio de estas dos posturas hay un conjunto de posiciones intermedias; todas son legítimas, no se puede prohibir pensar de una u otra manera. Es cierto que en cuanto al papel de las empresas públicas y su patrimonio, en 1992 el pueblo uruguayo fue convocado. En 2001 y 2002 se hizo una recolección de firmas gigantesca para cambiar algunos artículos que, según la opinión de los que trabajamos en esa instancia, perjudicaban a Antel, y de vuelta fue convocado a las urnas, en diciembre del 2003. Debe haber pocos temas en los que se ha convocado al pueblo uruguayo de manera tan importante y reiterada; otro podría ser la seguridad y capaz que los derechos humanos. La convocatoria del pueblo uruguayo, sobre las empresas públicas, fue contundente. No hubo una mayoría poco significativa, sino contundente. Por lo tanto, la primera inconveniencia que queremos señalar, señora presidenta, es que se trate este asunto en una ley de urgente consideración. ¿Por qué saludamos que se haya modificado el artículo que estuvo presente en el borrador original a fines de enero, en el proyecto de ley que ingresó al Parlamento en abril, y que hasta hace una semana estábamos discutiendo? Una de las primeras consideraciones era la muy mala señal que desde el sistema político se estaba dando –es nuestra valoración, una valoración política– al ir en contra de una decisión que el pueblo uruguayo tomó en un sentido diferente. Otra consideración es parte de la discusión que vamos a tener ahora, en estos meses, mientras se procesan estudios. ¿Quién va a discutir que el trabajo tiene centralidad? Y si el trabajo tiene centralidad, ¿quién va a discutir que la infraestructura es un componente de centralidad para un desarrollo productivo de calidad, que saque al Uruguay del papel subordinado que tiene en términos de una economía primarizada? ¿Quién va a discutir que para impulsar las ventajas comparativas dinámicas, el papel de la infraes tructura y de la energía son dos componentes centrales para cualquier proyecto que incorpore valor agregado? Lo podemos discutir, en todo caso instrumentar cuáles serían las medidas para tener una infraestructura de calidad, un sistema energético de calidad. Creo que cualquiera puede reconocer que difícilmente se encuentre en la historia del país un proceso que haya invertido tanto en la matriz energética como el de los últimos tiempos y, además, en muchos casos, con un amplio consenso político en la decisión de esos cambios. Tanto es así que Uruguay está entre los primeros países de América Latina y del mundo en materia de energías renovables. Nosotros partimos de la base de que este tema no puede ser urgente porque no se puede hacer magia, señora presidenta. Ancap cobra por cada litro de nafta $ 20; cobraba $ 22, y ahora cobra $ 20 porque se aumentó el Imesi –ustedes lo saben bien– hace algunas semanas. Hay una parte importante del costo del litro de nafta que se carga en la estación que tiene que ver con impuestos, que en cualquier escenario posible van a seguir estando. Nadie puede pronosticar, menos en medio de una circunstancia como esta, en una situación económica y social que la pandemia afecta fuertemente, que este es el momento en el que se van a sacar los impuestos del combustible. No está arriba de la mesa esa posibilidad. Pero, además del margen que nos queda fuera de los impuestos sobre Ancap, el costo del petróleo está entre el 70 % y el 80 %. Ya ahí el margen que nos queda para jugar en términos de la diferencia entre importar refinado o refinar acá es del 12 %, 13 % del costo. Es un margen muy pequeño, mínimo. Yo creo que se comete un enorme error cuando se lanza una campaña de propaganda que dice que se puede bajar el 30 %, el 40 % el precio de los combustibles. Esto lo he escuchado por dirigentes, por organizaciones, como que mágicamente se puede generar un viraje de ese tamaño con la importación de los precios del combustible. Que los precios de paridad de importación tienen dificultades, no hay duda. No colocan todos los productos de la canasta de combustibles que salen. Además, es un ejercicio abstracto y tiene la dificultad de que no incorpora la ganancia del importador. En cualquier escenario, en un mundo capitalista, quien importe el combustible va a incorporar la ganancia. Y esas diferencias se deberían incorporar a cualquier reflexión. Otras de las cuestiones es que este proyecto de ley tampoco contempla el cumplimiento de la normativa nacional con respecto a los biocombustibles. Entonces, no estoy diciendo que se hacía con mala intención, sino que el proceso metodológico para producir la comparación tenía diferencias. Por lo tanto, sacar conclusiones políticas con un proceso que tiene esas diferencias es un error. En nuestra opinión, hay que hacer un conjunto de consideraciones políticas. Todos decimos que hay que incorporar valor. Uno de los desafíos del Uruguay es que tiene una estructura económica –si uno mira las exportaciones del país– muy primarizada. Este es el papel en la división internacional del trabajo que tiene América Latina, y también el Uruguay desde que somos Estado o nación, y que tiene un sentido de época intentar cambiar. En ese escenario, la refinación de petróleo aporta un 10 % del PBI industrial en Uruguay, como externalidad, porque eso también hay que medirlo, no solamente de los trabajadores de Ancap. Huelga decir que los trabajadores de las empresas públicas, mirados en su conjunto, en el último período, han descendido en un 7 %. No estamos en un momento en el que la contratación de funcionarios en las empresas públicas es un desborde generalizado. Eso no es así y cualquier comparación de la cantidad de trabajadores de las empresas públicas actuales con relación a veinte años atrás nos dará como resultado que son muchos menos. Por otro lado, siempre hay que atender la cuestión de las tarifas, conociendo las cosas que se hacen con respecto a todas ellas. Creo que el senador Sánchez decía que los hogares que gastan menos de doscientos kilovatios hoy pagan $ 500 de UTE; eso no fue siempre así. Digo esto para que se reconozca porque parece que hay realidades que se nos escapan. Lo cierto es que en los últimos quince años las tarifas evolucionaron por debajo de la inflación y del índice medio de salarios. Se podrá hacer mejor; siempre se puede hacer mejor, y cuando eso suceda lo vamos a saludar, pero no estamos en un momento en el que el peso de las tarifas en términos relativos sea un problema de una emergencia tal que amerite un articulado como el que vino del Poder Ejecutivo. Saludo que durante la discusión en la comisión y gracias al acuerdo entre los partidos políticos se haya cambiado. En breve, vamos a hablar de que el conjunto de las consideraciones no lo resuelve un informe técnico; la ciudadanía uruguaya fue convocada y votó con respecto a este tema y eso no lo resuelve ningún informe. Destaco la necesidad de actualizar, articular, mejorar y contar con información técnica suficiente y, además, con el diálogo social y político suficiente, porque supongo que medidas que puedan poner en riesgo miles de puestos de trabajo que hoy dependen de la refinación de combustible se toman teniendo en cuenta un conjunto de medidas alternativas que atemperen la pérdida de esos puestos de trabajo y no se deja que el mercado resuelva. Esa es una discusión que creo está bien que se dé en el proceso político, y que seguirá estando porque, es legítimo, al respecto tenemos valoraciones diferentes, pero saludo que se dé fuera del marco del proyecto de ley de urgente consideración, con tiempos de análisis tan breves y con las pocas horas que nos quedan antes de que se cumpla el plazo. Por lo tanto, vamos a acompañar el cambio que se realizó, sobre todo en los dos primeros artículos, respecto al tema de la desmonopolización de los combustibles. Gracias.